Andrés Núñez. Se cumplen 30 años del “primer desaparecido en democracia”

La familia del albañil Andrés Núñez, torturado hasta morir por policías bonaerenses en 1990, en La Plata, reclamó, al cumplirse 30 años del crimen, que se reactive la búsqueda del principal sospechoso prófugo y que sean sometidos a juicio otros cuatro efectivos, acusados de encubrir el caso, considerada la primera desaparición forzada de persona desde el retorno de la democracia.

"Todavía me acuerdo de que el juez Amílcar Vara me dijo: ‘Señora, su marido debe estar viajando a Brasil con una chica’, y él ya sabía que a Andrés lo habían torturado e incinerado, porque él era amigo de todos los comisarios de La Plata", relató a la agencia Télam Mirna Gómez, la viuda del albañil.

Según la mujer, aquel magistrado –que también intervino en el caso de Miguel Bru, en 1992, fue separado de su cargo en 1998 y murió en 2014– "comía asados" con esos jefes policiales "y se repartían la recaudación ilegal".

Con respecto a lo ocurrido con su esposo la madrugada del 28 de septiembre de 1990, la mujer recordó: "Con la excusa del robo de una bicicleta Andrés fue llevado a la Brigada de Investigaciones de La Plata y torturado hasta la muerte; le colocaron una bolsa en la cabeza mientras le pegaban en el estómago y esto lo vieron otros detenidos. Los policías llevaron el cadáver de Andrés a un campo en la localidad de General Belgrano que cuidaba un primo del policía que dirigió las torturas, Pablo Martín Gerez, que hace 27 años está prófugo", explicó.

Según Mirna, ese predio "estaba al lado del campo de uno de los comisarios de esa ‘maldita policía, Mario ‘Chorizo’ Rodríguez". Dijo que, allí, a su marido "lo incineraron sobre una chapa, adentro de un tanque australiano en desuso", y que recién en 1995 pudieron "encontrar su cuerpo ahí e identificarlo a pesar del estado" en el que quedó.

El hallazgo fue posible porque el policía José Daniel Ramos colaboró en la causa para mejorar su situación procesal e indicó el lugar dónde estaba el cadáver.

"Vara, ese juez corrupto, sabía todo lo que había pasado y recién en 1998 se lo pudo destituir por encubrir a policías en unas 27 causas, entre ellas, la de Andrés y la de Bru", precisó la viuda, que remarcó: "A treinta años, seguimos buscando verdad y castigo para todos los responsables."

La mujer recordó que "en 2010 fueron condenados a prisión perpetua Víctor Dos Santos y Alfredo González, y tras estar prófugo 22 años, en 2012 capturaron a Luis Raúl Ponce en la ciudad neuquina de Junín de los Andes y en 2017 fue sentenciado a reclusión perpetua".

El año pasado, la Suprema Corte bonaerense confirmó esa condena y sostuvo que "en el grupo que conformaba la denominada ‘patota de la Brigada’ [...] Luis Ponce desempeñaba el cargo y el rol de jefe."

"Si bien no se podía tener por acreditado que con sus propias manos Ponce [hubiera] ejecutado los actos de tortura sobre Núñez, sí se podía llegar a la conclusión de que se encontraba en el establecimiento policial cuando los tormentos acaecían", reza el fallo.

"El caso de Andrés Núñez fue calificado como una grave violación de los derechos humanos por parte del Estado argentino, que está obligado a investigar a los responsables, y esta acción no caduca con el paso del tiempo", afirmó Ernesto Ferreyra, abogado de la viuda, que calificó lo ocurrido con Núñez como "un símbolo de la práctica represiva de la dictadura que siguió con la ‘maldita policía’".

Ferreyra señaló que no ven "avances en el incidente de búsqueda" de Gerez y consideró que si "no hay eficacia en el hallazgo" él puede "conjeturar" varias cosas como, por ejemplo, "que no se lo busca bien o que tiene protección".

"También estamos pidiendo juicio para otros cuatro policías que encubrieron el hecho", precisó el letrado. Se trata de los efectivos Pedro Costilla, Ernesto Zabala, César Carrizo y Gustavo Veiga.

"Hace 30 años luchamos por justicia plena para que encuentren a Gerez, para que no le otorguen salidas a Dos Santos, González y Ponce y para que sean juzgados Costilla, Zavala, Veiga y Carrizo, porque ellos sabían lo que había pasado en la Brigada y no lo denunciaron", aseguró Mirna Gómez.

"Más tardan en encontrar a este policía prófugo y se genera más impunidad; él y los otros cuatro tienen que pagar por lo que le hicieron a Andrés", sostuvo la viuda, quien padece problemas de salud y las secuelas de un accidente cerebrovascular, a pesar de lo cual siempre participa de las marchas contra el "gatillo fácil".

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