Amplio abanico de voces en contra de bajar a 15 años la edad de punibilidad

Organismos públicos de niñez y adolescencia, colegios de magistrados, académicos, docentes; organizaciones sociales, la Iglesia, Unicef y representantes del Comité de los Derechos del Niño de la ONU cuestionaron, desde distintas perspectivas, pero con similares argumentos, el proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional que prevé bajar de 16 a 15 años la edad de imputabilidad. El oficialismo espera tratar el proyecto en el recinto el 9 de mayo

Ese es el balance, hasta ahora, al cabo de las cuatro audiencias que se realizaron en la Cámara de Diputados para debatir el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil a nivel nacional. Por el momento, las expresiones a favor de bajar la edad de punibilidad, como propone el Gobierno, fueron minoría.

Quienes se oponen a la baja afirman que esta decisión viola el principio de "no regresividad" en materia de derechos humanos -lo que colocaría a la Argentina en una posición de incumplimiento de estándares internacionales-, que la delincuencia juvenil es consecuencia del fracaso del Estado en garantizar salud, educación y una vida digna a niños y adolescentes, que no hay estadísticas que justifiquen la medida y que experiencias en el mundo demuestran que no reduce la inseguridad.

Al presentar el proyecto de ley, el subsecretario de Justicia y Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Juan José Benítez, sostuvo que es necesario bajar la edad de imputabilidad para dar una respuesta a las víctimas y para que haya un proceso de responsabilización de los menores que delinquen. Las sanciones propuestas van desde medidas socioeducativas hasta la privación de la libertad en centros especializados. Agregó Benítez: "Hoy hay menores de 16 años privados de la libertad en nuestro país y hay que darles respuesta desde el sistema penal".

El Gobierno propone fijar el límite punitivo en 15 años para quienes cometan delitos con penas de 15 o más años de prisión (homicidios, robos violentos, extorsión, entre otros). Esa sería la pena máxima para un chico de 15. Para los de 16 y 17 no hay límite de pena; solo no podrá ser de prisión perpetua.

Críticas

El Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (Cofenaf), integrado por las áreas de Niñez de los gobiernos provinciales y de la Ciudad, es uno de los organismos públicos que se oponen con firmeza a bajar la edad. Su vicepresidente, José Piñero, manifestó que en el organismo la propuesta causó malestar.

También la cuestionó la Defensoría General de la Nación. En la última audiencia, el defensor público Damián Muñoz sostuvo: "Bajar la edad de imputabilidad comprometería internacionalmente al Estado". Se refiere al impacto sobre los tratados de derechos humanos y la Convención de los Derechos del Niño, que en la Argentina tienen jerarquía constitucional.

El uruguayo Luis Pedernera, comisionado del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, recordó que ese órgano hizo recomendaciones específicas a la Argentina. "No reducir la edad de imputabilidad, no aumentar penas, utilizar la privación de libertad como pena excepcional y por el menor tiempo posible [...] están en las observaciones que formuláramos al Estado argentino en junio de 2018", señaló.

Representantes de Unicef advirtieron que el sistema penal juvenil no puede utilizarse como respuesta tardía a las fallas en la protección de los derechos de niños y jóvenes. Recordaron que el 42% de los chicos está bajo la línea de pobreza (5,5 millones) y un 8,6% vive en hogares que no cubren la canasta básica.

La Iglesia Católica también apuntó a la ausencia del Estado para garantizar derechos y prevenir el consumo de drogas. En las audiencias, el obispo auxiliar de Buenos Aires, Gustavo Carrara, remarcó la situación de vulnerabilidad y riesgo social en la que viven miles de jóvenes.

"Es una posición regresiva que no se basa en datos fácticos concretos", sostuvo, en nombre del Colegio de Magistrados bonaerense, la jueza Ana Bajlec, representante de la Comisión Provincial del Fuero Penal Juvenil. En la provincia solo el 3% de las causas iniciadas en 2017 tuvo menores de 18 involucrados. La mayor parte fue por daños, robos y hurtos. El 0,3% fue por homicidios.

Silvia Guemureman, socióloga, investigadora del Conicet y coordinadora del Observatorio de Adolescentes y Jóvenes del Instituto Gino Germani/UBA, afirmó: "El debate sobre la edad debiera estar saldado; hubo un consenso unánime en los encuentros organizados por el Ministerio de Justicia sobre no bajar la edad".

Surgió de ellos, el año pasado: "Con amplia mayoría, los participantes se pronunciaron por mantener la edad de imputabilidad en 16 años, por entender que una baja afecta el principio de mínima intervención y de última ratio, y viola el principio de progresividad y no regresividad en materia de derechos humanos".

En las audiencias declararon también varios chicos. "El problema es que hay papás y mamás que no tienen trabajo. Hay mucho maltrato a los niños. Villa Fiorito es un lugar donde hay venta de drogas. Los 'transas' les venden a los pibes", señaló Camila, de 10 años. Nerón, de la misma edad e integrante, como ella, de la Fundación Che Pibe, de Lomas de Zamora, pidió "un lugar para vivir bien, escuchar a los que necesitan, más comedores: los chicos tienen que ir al colegio; seguridad en el barrio: más luces; menos violencia, y que actúe la Justicia para que los narcos dejen de vender".

Julián Hollmann, de 16 años, integra el Consejo de la Niñez y Adolescencia de La Pampa. Concluyó: "La niñez y la adolescencia no son un problema de seguridad o inseguridad; es una cuestión de derechos y, por lo tanto, de recursos. Esto es lo que deberían discutir, señoras y señores legisladores: cómo lograr que no se sigan recortando los presupuestos destinados a niñez y adolescencia".

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