Amenaza narco. Estas son las siete zonas calientes desde donde se gestó el terror en Rosario

LA NACIONJosé María Costa

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La escalada de violencia narco en Rosario no es un fenómeno de los últimos meses, ni siquiera de los últimos cinco años. La escalada se puede rastrear, al menos, hasta hace dos décadas, cuando aparecieron las primeras señales de alerta que llevaron a la ciudad más importante de la provincia de Santa Fe a ser el “epicentro de la violencia homicida” de la Argentina, según un informe elaborado por la Fundación de Investigación en Inteligencia Financiera (Finint) titulado: “Bandas criminales, drogas ilícitas y violencia homicida”.

LA NACION accedió en exclusiva al pormenorizado trabajo que traza una radiografía del crecimiento del narcotráfico en Rosario y cómo la violencia se focalizó en siete zonas de la ciudad que representan solo el 12 por ciento del territorio, pero que acumulan el mayor número de homicidios.

Solo en los últimos dos años, en Rosario hubo cerca de 500 homicidios. En 2022 se produjeron 250 homicidios y 221 en el 2023. Estos valores explican una tasa de 20.8 homicidios cada 100 mil habitantes para el 2022 y de 18.4 para el 2023, convirtiendo a esta ciudad en el centro urbano más violento de toda la Argentina.

Pero, ¿todos los crímenes fueron narcos? No. Para el análisis se delimitaron en tres categorías: conflictos interpersonales, en ocasión de robo y bandas criminales y se llevó a la conclusión que de los 250, 183 fueron perpetrados por bandas criminales, es decir, más del 70 por ciento de las muertes tuvieron el sello de las organizaciones narcocriminales.

En estas siete zonas, donde se concentra la furia y la disputa narco, durante 2022 se produjeron 112 homicidios, es decir, el 61% del total de los crímenes cometidos por las bandas. La suma de las siete zonas completa una superficie de 21,31 km². Si tomamos en cuenta el dato de que la ciudad de Rosario tiene una superficie de 178,7 km², entonces se puede concluir que estas zonas ocupan el 12% del territorio de la ciudad. En síntesis, durante 2022, en el 12% del territorio se produjeron más del 60% de los homicidios cometidos por narcos.

“Finint geolocalizó digitalmente los homicidios ocurridos en los últimos 10 años en la provincia de Santa Fe y cruzó esos datos duros con información cualitativa de la prensa que explicaba los hechos de violencia. Allí se puede ver una altísima concentración de la violencia tanto en el Departamento de Rosario. A partir de allí se identificaron las áreas más violentas, comúnmente denominadas zonas calientes. La delimitación de estos espacios permite un mejor conocimiento de la dinámica de los actores criminales y favorece las políticas de prevención situacional. Es llamativo el fracaso de la actividad policial en la intervención de estos lugares tan acotados”, dijo a LA NACION, Juan Felix Marteau, presidente de la fundación que lleva 15 años investigando el fenómeno en la provincia de Santa Fe y uno de los autores del documento, junto a Sebastián Martinenco y Guido Brunetti.

En el norte, el sur y el oeste, donde están distribuidas estas siete zonas, los crímenes con sello narco fueron aumentando mientras también aparecían más bandas y el negocio se comenzaba a diversificar con la aparición de las “franquicias”.

El encarcelamiento de los líderes de estas principales bandas criminales, llevó a que el negocio mutara y proliferaran los “emprendedores” del narcomenudeo que “compraron” una especie de “franquicias”, que hicieron que la venta de estupefacientes sigua en ascenso.

Este esquema, que es el que rige hasta la fecha, permite que los líderes de las grandes bandas cedan la comercialización de las drogas a los franquiciados a cambio del pago de un canon por parte de estos. Este esquema les permite a los jefes seguir controlando el mercado desde las cárceles provinciales o federales donde se encuentran detenidos, asegurándose de que nadie no autorizado intervenga en los territorios previamente demarcados.

Uno de los casos emblemáticos de este sistema de franquicias es el que montó Guille Cantero, preso y condenado a 113 años de prisión, quien lidera uno de los brazos de Los Monos. La metodología de las franquicias de Cantero funciona de la siguiente manera: 1) Se establece el pago de un canon semanal que deberá abonar el “franquiciado” para poder operar en un determinado territorio previamente delimitado. 2) La droga la suministra el que hace uso de la franquicia. 3) El “franquiciante” (Guille Cantero) aporta la “marca”. De esta forma, el franquiciado opera en nombre del líder de la banda criminal que le provee la protección, ya que debe garantizar que el territorio esté liberado de competidores y de la policía.

Aquí aparece en juego la disputa entre bandas que, con la llegada al gobierno de Maximiliano Pullaro, parece haber entrado en una tregua. La eliminación de la competencia, de quienes ejercían el comercio del narcomenudeo con anterioridad en la zona, es clave para que se desarrolle el sistema de franquicias.

Esto derivaba en conflictos, muchas veces sostenidos a lo largo del tiempo, que fueron regando las calles de sangre de víctimas -muchas de ellas inocentes-, como ocurrió durante 2022 y casi todo 2023 en la zona oeste de Rosario, en los barrios Empalme Graneros y Ludueña, donde en ese lapso se produjeron más de 60 homicidios. Una situación similar ocurrió en los barrios Godoy y Triángulo Moderno. En ambas zonas la competencia que enfrentó Guille Cantero fue mayor, porque eran territorios que se disputaba con su principal rival, Esteban Alvarado.

Los mensajes mafiosos, la última incorporación

A la par de la diversificación del negocio, durante el último período, se volvieron cada vez más frecuentes la aparición de mensajes intimidatorios en Rosario. Se trata de escritos amenazantes que suelen tener como antesala acciones violentas que buscan demostrar el poder de los grupos criminales. Tal fue el caso de los últimos cuatro asesinatos de la semana pasada que comenzaron con los de los taxistas Héctor Raúl Figueroa, de 43 años y Diego Alejandro Celentano, de 32 años; a lo que le siguieron el del colectivero, Marcos Daloia, de 39 y que finalizó con el crimen del playero, Bruno Bussanich, de 25 años.

Los mensajes narcos puede ser pintadas, grafitis o incluso mensajes escritos en papel, que contienen amenazas o advertencias dirigidas a otros grupos criminales, a empresarios, funcionarios políticos, periodistas o incluso a la población en general.

Estos mensajes también pueden estar acompañados de actos de vandalismo, como la quema de unidades móviles, la realización de balaceras a edificios públicos o privados. Una característica diferencial de esta modalidad es que la distribución geográfica difiere de las zonas calientes y suelen llevarse a cabo en lugares que no necesariamente tienen una alta concentración criminal. La finalidad es que ese ataque genere mayor visibilidad del hecho.

“Las 7 zonas identificadas como áreas de mayor concentración de la violencia exigen una urgente reorganización de las estrategias de ‘policiamiento inteligente’: obviamente saturación del territorio con actores policiales a pie y motorizados e importante soporte de la tecnología aplicada a la seguridad (centro de monitoreo con cámaras y drones de patrullamiento durante todo el día). Se deben seleccionar los actores policiales no comprometidos con las bandas criminales, a los que se les debe otorgar el debido reconocimiento en la debilitación de esta amenaza. El control de las arterias de ingreso / egreso es posible dada la concentración de las zonas violentas”, resumió Marteau ante la consulta de cómo comenzar a desarmar lo que ocurre en Rosario.

El abogado remarcó: “Sin embargo, ninguna medida de prevención situacional puede ser exitosa en el largo plazo si el sistema de seguridad no logra resultados en las otras dimensiones que presentan las amenazas: el aislamiento y control de los líderes detenidos en las prisiones de la provincia es clave para romper la disciplina de las bandas criminales en la ejecución de homicidios”.

“Más sofisticada es la intervención del sistema en materia de disrupción económica y financiera de las bandas criminales: el Estado provincial cuenta con significativa información sobre el patrimonio de las personas. Resulta imprescindible designar a los actores criminales violentos, a sus entornos de cobertura legal y así advertir a todos que no se pueden realizar transacciones comerciales con estas personas enlistadas”, propuso Marteau y cerró: “Existen más medidas, pero esos son algunas que se deben tomar de manera sistémica”.

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