Allanan clínicas de fertilidad e investigan un negocio internacional con mujeres explotadas para la subrogación de vientres

En las últimas horas, la Justicia federal realizó una serie de allanamientos y procedimientos en centros médicos, escribanías y estudios jurídicos del centro porteño, Buenos Aires y Santa Fe en el marco de una causa en la que se investiga un posible negocio ilícito trasnacional que involucra la explotación de mujeres gestantes, a través de lo que se denomina “subrogación de vientres”, y la posterior comercialización de los niños que nacen a partir de ese método.

Los operativos fueron ordenados por la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 5, la magistrada María Eugenia Capuchetti, y se llevaron a cabo en forma simultánea con personal de las Divisiones Trata de Personas y Ciberdelito de la Policía Federal (PFA).

La investigación tuvo origen en enero de este año y tiene como sospechosos a personas y empresas constituidas en el extranjero, pero con actividades en Argentina, a través de lo cual los implicados obtienen ganancias. “Difundían sus servicios a través de distintas vías de comunicación en el extranjero, tomando de ese modo contacto con parejas que deseaban tener hijos, pero que no podían llevar adelante un embarazo. A estos les ofrecían un ‘servicio’ - que en algún caso, por ejemplo, era denominado ‘Programa Argentina’— con un valor aproximado de U$S 50.000”, señaló la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 12, a cargo de Alejandra Mángano, en el dictamen donde solicitó los allanamientos.

La funcionaria judicial explicó que ese servicio “incluía la selección de la persona gestante, la adquisición los embriones a implantar, el tratamiento en sí mismo, los controles regulares del embarazo y el posterior parto”.

A su vez, Mángano, que además es titular junto a Marcelo Colombo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), indicó que “otra cara de este ‘negocio’ es el sistema de reclutamiento de las gestantes, que consiste en que las empresas contactaban a mujeres a través de redes sociales y aprovechando sus necesidades socioeconómicas les ofrecían U$S 10.000 por llevar adelante la gestación”. A ese monto se le sumaba un ‘plus’ de entre U$S 1000 y 2000 si el parto era por cesárea.

Las fuentes judiciales informaron que si por cualquier circunstancia el embarazo se viera interrumpido, las empresas involucradas se negaban a devengar pagos, excepto los montos que se hubieran abonado por gastos mínimos mensuales. “De este modo, los actores involucrados se aprovechaban de la situación de vulnerabilidad de las mujeres ofreciéndoles dinero a cambio de realizar los intentos que fueren necesarios para provocar un embarazo, transitarlo con todos los correspondientes controles y entregar al niño nacido por esta práctica, todo esto sin contar las posibles consecuencias físicas y emocionales que puede tener este tipo de prácticas en las mujeres gestantes”, se explicó de manera oficial.

“Todo este sofisticado esquema de negocios se encuentra articulado con el único fin de lograr el nacimiento de un niño o niña para entregarlo a una pareja que en muchos casos era de origen extranjero sin residencia en el país, con quien no tiene ningún vínculo genético, cultural ni social, como se verificó en el caso que dio origen a la presente investigación”, subrayó la fiscal Mángano en el dictamen.

El caso que catapultó la investigación

El 25 de enero de este año se inició la pesquisa a raíz de la presentación efectuada por la titular de la Dirección de Contencioso del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, ante la sala de sorteos de la Cámara Federal.

El Consulado de la República Argentina en la ciudad de Bonn, en Alemania, fue entonces contactado por personal de la Dirección Provincial de Menores del Estado Federado de Sarre luego de que una mujer alemana de 58 años se presentara en el hospital de la localidad donde reside para solicitar atención médica para una beba de tres meses. La menor había nacido en Argentina, de acuerdo a la documentación que presentó la mujer en la que se acreditaba la filiación de la niña con una partida de nacimiento emitida por el Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires y un pasaporte argentino.

Cuando la mujer llegó al centro de salud, los médicos advirtieron que la niña se encontraba en pésimas condiciones de salud y que quien la llevó a la guardia no se encontraba en condiciones de brindarle la atención necesaria, circunstancia por la cual dio aviso a la Policía local y la Justicia le quitó la custodia de la beba en forma provisoria. La investigación permitió determinar, por un lado, que el nacimiento de la menor había sido inscripto en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de Ciudad Autónoma de Buenos Aires al amparo de la Disposición 122/DGRC/20.

También se estableció que el proceso de fertilización fue realizado en una institución médica privada ubicada en la Capital Federal, donde se llevó a cabo el tratamiento de gestación por sustitución y se identificó a la gestante. “El suceso por el que se inició la causa no resulta ser aislado; por el contrario, quedó al descubierto que se trataría de una mecánica empresarial, desarrollada a nivel nacional e internacional, específicamente dedicada a llevar a cabo tratamientos de ‘gestación por sustitución’”, remarcó Mángano en su dictamen.

El Ministerio Público Fiscal consideró que el caso encuadra dentro del figura penal contemplada en el artículo 145 bis del Código Penal (CP) para el delito de trata en tanto que las personas investigadas habrían desplegado con habitualidad “un negocio criminal dedicado a la captación de mujeres, muchas de ellas vulnerables y en condiciones de carencia económica, con la finalidad de ser sometidas a una explotación equiparable a la reducción a la servidumbre”, delito previsto en el artículo 140 del CP y en el inciso “a” del artículo 2 de la Ley 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, mediante la práctica de gestación por sustitución, a cambio de una contraprestación económica y en algunos casos poniendo en riesgo su salud, todo ello con el propósito de obtener cuantiosas ganancias económicas.

Para la Justicia argentina también entra en juego esa figura penal en lo que respecta a la comercialización de los niños y las niñas. En el dictamen se señaló que la compra venta de seres humanos constituye un delito constitucional: “Todo contrato de compra venta de personas es un crimen del que serán responsables los que lo celebrasen, y el escribano o funcionario que lo autorice”.

Con esta hipótesis, la comisión de delitos contra la fe pública por hacer insertar en instrumentos públicos declaraciones falsas (artículo 293 del CP) se materializaría en los supuestos acuerdos entre la persona gestante y los comitentes presentados por los escribanos públicos ante el Registro Civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Avance de la causa

Se realizaron una serie de medidas para establecer la cantidad de nacimientos que se llevaron a cabo, una vez que entraron en vigencia las disposiciones internas 93/DGRC/17, 103/DGRC/17 y 122/DGRC/2022, que habilitaron este tipo de inscripciones en la Ciudad de Buenos Aires en términos preventivos. Fue entonces que la Justicia argentina tomó conocimiento que había 147 legajos correspondientes a casos de gestación por sustitución llevados a cabo entre 2018 y abril de este año y se advirtió que al menos en 49 de ellos los comitentes presentan características comunes a las del caso que desencadenó el inicio de la investigación.

Se trata de personas extranjeras de distintas nacionalidades; en su mayoría con domicilios de residencia fuera de Argentina; en algunos casos incluso se verificó que no habían realizado aportes genéticos; y la mayoría no acreditó el vínculo afectivo con las mujeres gestantes de modo que permitieran inferir que los procedimientos médicos de Técnicas de Reproducción Humana Asistida (THRA) se realizaban de manera directa, con conocimiento previo de las personas sometidas a esta práctica y sin la intermediación de personas que obtienen un beneficio económico de estas prácticas, se informó de manera oficial.

“De acuerdo a lo relevado, en ninguno de estos casos intervinieron jueces civiles para autorizar el procedimiento ni tampoco para establecer la filiación, sino exclusivamente escribanos o notarios que recabaron supuestos consentimientos contractuales con base en afirmaciones que se pudo establecer que son en todo o en parte falsas”, se agregó.

Los sitios allanados hace menos de una semana fueron cuatro centros de fertilidad ubicados en el centro porteño y dos de la ciudad santafesina de Rosario. Allí, las gestantes se hacían los tratamientos de fertilidad y también in vitro. En los procedimientos se fueron a buscar las historias clínicas y los legajos administrativos de pagos.

También se hicieron procedimientos en siete escribanías donde se hacían las firmas del consentimiento por parte de las gestantes antes del procedimiento y al momento de producirse el parto. Se ordenó el secuestro de actuaciones notariales, protocolos y certificaciones de firmas respecto de los casos investigados. También hubo allanamientos en tres estudios jurídicos que aparecen representando a las gestantes o a los comitentes en estos procedimientos.

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