Al bajar los homicidios, la ministra Patricia Bullrich aseguró que los jefes de los clanes narco “se quedaron sin poder”

ROSARIO.-A seis meses de que se iniciara el llamado operativo Bandera en esta ciudad, el gobierno destacó un descenso de la violencia narco, con una baja en los asesinatos durante abril del 78 por ciento con respecto al mismo mes del año pasado.

Para la pacificación de Rosario, según la visión de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, fueron claves los patrullajes de las fuerzas federales, pero sobre todo los mayores controles en las cárceles federales, donde están presos los principales líderes narco. Esa estrategia aplicó desde diciembre pasado el gobierno santafesino en los penales provinciales, donde se encuentran los cuadros medios de las organizaciones criminales. Esa combinación de restricciones a las diferentes estructuras de las bandas narco en las prisiones logró romper por ahora los vínculos entre la cárcel y la calle.

“Los Alvarado, los Cantero y los Mansilla (jefes narco de Rosario) se quedaron sin poder”, aseguró Bullrich en un acto junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, que se realizó en Escuadrón Móvil II de la Gendarmería de Rosario. El acto sirvió para que los funcionarios políticos hicieran una evaluación del operativo Bandera, que se inició con el cambio de gestión en diciembre pasado.

Este plan de seguridad tomó una dimensión más profunda a partir de mediados de marzo, cuando arribaron 450 efectivos de fuerzas federales, luego de la crisis que se desató a partir de los cuatro asesinatos de trabajadores que cometieron soldaditos menores de edad, que provocaron una fuerte conmoción en Rosario, una ciudad que quedó paralizada por decisión del crimen organizado.

El gobierno definió esas acciones como “terroristas”, y creó un comité de crisis liderado por Bullrich y Pullaro, que mantienen una sintonía fina con respecto al problema, a pesar de que durante la campaña electoral del año pasado estaban enfrentados en la interna de Juntos por el Cambio.

A partir del mojón que provocaron los ataques narco de marzo se agudizaron los controles en las cárceles federales, que era una demanda de las autoridades santafesinas, que ya habían implementado desde mediados de diciembre una reestructuración en los pabellones de alto perfil. El impacto que provocaron los cuatro homicidios elegidos al azar logró que los controles del Servicio Penitenciario Federal se profundizaran sobre todo con los presos de relevancia, como Esteban Alvarado, Ariel “Guille” Cantero, jefe de Los Monos, y varios narcos más. En la investigación que se realizó en la Justicia se determinó que las órdenes a los sicarios salieron del penal de Piñero y de la cárcel federal de Ezeiza, donde está preso Alvarado, condenado a perpetua.

La capacidad de los narcos por penetrar en la seguridad de las cárceles se había convertido en algo cotidiano. En una requisa que se realizó el martes pasado en la cárcel de mujeres de 27 de Febrero al 7800, se incautó un celular a Macarena Muñoz, imputada por participar en los crímenes “narcoterroristas” de los taxistas Héctor Raúl Figueroa y Diego Alejandro Celentano. Se trata de una interna allegada a Brenda Pared, pareja del presunto jefe narco Alejandro Isaías Núñez, alias Chucky Monedita, acusado de ser uno de los instigadores de los ataques, junto con Alvarado.

“Implementamos el sistema de internos de alto riesgo, que es uno de los puntales de la razón por la que estamos logrando estos resultados, porque los señores de las bandas eran los dueños de las cárceles, le daban órdenes a presos y penitenciarios”, aseguró Bullrich.

“Los Alvarado, los Cantero, los Mansilla se quedaron sin poder. No hablan más por teléfono, no tienen más visitas, están adentro de sus celdas y no tienen ninguna posibilidad de transmitir órdenes desde las cárceles y no pueden usar el dinero sucio de sus homicidios, de sus balaceras y de su tráfico de armas”, afirmó Bullrich.

“Estamos cansados que en la Argentina nos digan que los delincuentes, los violentos, los homicidas y los sicarios, son víctimas de un sistema injusto. El preso que se quiera resocializar tiene todas las posibilidades de hacerlo: nosotros le brindamos la posibilidad de estudiar. Pero también le decimos que si creen que desde la cárcel van a seguir llevando adelante acciones violentas están muy equivocados, porque para nosotros ninguno de ellos es víctima de un sistema injusto sostuvo el gobernador Pullaro.

Violencia contenida

Según el informe que difundió el gobierno santafesino, hasta el 8 de junio pasado se cometieron 52 homicidios este año, casi una tercera parte de los 139 registrados en igual período de 2023. En todo el territorio santafesino, en tanto, este año se produjeron 94 asesinatos, menos de la mitad de los 199 que se habían cometido en ese período del año pasado.

Bullrich consideró que las claves para la baja de la violencia en Rosario fueron “el refuerzo de la presencia policial en las zonas más afectadas por el narco con un fin concreto, que fue la disuasión del delito y la búsqueda de aquellas colas de las organizaciones que estaban encarceladas”.

Además, destacó “los operativos conjuntos que se realizan entre fuerzas provinciales y federales, que apuntaron a desarticular estas bandas criminales y a reducir algo fundamental que es la circulación de armas ilegales”. En esa línea, la ministra valoró “la mejora de la inteligencia criminal, algo que hemos trabajado en conjunto con el MPA y con la Justicia y la prevención social del delito en compañía del intendente de Rosario”.

La ministra de Seguridad indicó que la baja de la violencia “no es producto de la nada, sino de un conjunto de acciones determinadas, decididas y llevadas adelante a pesar de haber tenido en medio de la operación que comenzamos hace seis una crisis que nos puso en jaque, es decir los cuatro asesinos a mansalva”. Y remarcó: “Hoy podemos decir que los números nos favorecen enormemente”.

Aunque Pullaro estuvo en el acto y habló, en el gobierno de Santa Fe prefieren ser cautos con las estadísticas que por ahora son favorables, a diferencia de Bullrich. En la gestión de Pullaro creen que no hay todavía un escenario sólido para afirmar que Rosario está pacificada, y ponen como ejemplo los episodios de marzo pasado, cuando la ciudad quedó enmudecida por el miedo de la violencia narco. En torno al gobernador creen que estas acciones, calificadas como “terroristas”, se van a repetir, porque aún no hay una solución de fondo al problema.

Hay otras fuentes, por fuera del gobierno, ligadas a las fuerzas de seguridad y a la Justicia, que advierten que la baja en la cantidad de los asesinatos es fruto de un pacto entre las bandas, y que esa paz es momentánea y frágil. Los que sostienen esta hipótesis señalan que el incremento de patrullajes no es determinante en el descenso de las peleas territoriales por el mercado de narcomenudeo, un delito que pasó a ser perseguido por la policía de Santa Fe, luego de que el gobierno de Pullaro adhiriera, con acuerdo de la Legislatura, a la ley de desfederalización de microtráfico.

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