Al acusado de balear al turista sueco le suspendieron un juicio a cambio de la donación cada dos meses de un pack de leche
Roberto Gramajo, alias Chicho, tiene 24 años y antecedentes penales. El sábado pasado fue detenido acusado de ser el autor del disparo que hirió de gravedad al turista sueco Christoffer Persson, a quien debieron amputarle una pierna. En junio de 2015 Chicho logró la suspensión de juicio a prueba en un caso de robo. Esa vez, entre las condiciones que le fijó un juzgado de Garantías de Avellaneda figuró la donación de un pack de leche cada dos meses, durante un año.
Así lo informaron a LA NACIÓN fuentes judiciales. Aquel hecho delictivo había sucedido en febrero de 2015, en Avellaneda. El robo, según el expediente judicial, había sido protagonizado por Gramajo y un cómplice.
Gramajo fue indagado hoy por el juez criminal y correccional porteño Alfredo Godoy.Según fuentes judiciales, admitió haber sido el autor del disparo que hirió gravemente a Persson, aunque sostuvo que "se le escapó" el tiro y que luego arrojó la pistola al Riachuelo "porque se asustó".
Como consecuencia de ese ataque, la embajada de Suecia en la Argentina emitió una serie de recomendaciones para sus ciudadanos interesados en visitar la ciudad de Buenos Aires.
La audiencia donde se resolvió la suspensión del juicio a prueba se celebró el 9 de junio de 2015 y estuvieron presentes el juez de Garantías de Avellaneda Luis Carzoglio (actualmente suspendido, con un proceso de jury en su contra abierto), el fiscal Javier Martínez, el defensor oficial Daniel Wilk y los imputados Gramajo y Oscar González.
Según se desprende del expediente judicial, "el fiscal Martínez relató el hecho, valoró la prueba reunida mediante la cual acreditó lo sucedido, lo calificó como robo simple y les asignó la coautoría a los imputados". El representante del Ministerio Público, con un acuerdo previo con la defensa, sostuvo que estaban dadas las condiciones para aplicar el instituto de la suspensión del juicio a prueba durante un año y solicitó que cada uno de los acusados le pagara a la víctima 100 pesos como medida de reparación del daño.
El fiscal Martínez también solicitó que los imputados se abstuviera de usar estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas, y que durante un año debía realizar donaciones bimestrales de un pack de leche a una institución de bien público.
Al tomar la palabra, el defensor oficial adhirió a la suspensión del juicio a prueba, la reparación del daño y las reglas impuestas.
Para finalizar, el juez Carzoglio, según se desprende del expediente judicial, declaró admisible la solicitud de la suspensión del juicio a prueba y el ofrecimiento de la reparación del daño. El magistrado les impuso a los dos acusados la obligación de fijar domicilio, someterse al cuidado de un "patronato" en forma bimestral, abstenerse de usar estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas y realizar donaciones durante un año en forma bimestral de un pack de leche a una entidad de bien público cercana a su domicilio.
En 2016, Chicho Gramajo fue procesado por el delito de encubrimiento agravado por receptación dolosa y con ánimo de lucro por un hecho ocurrido en 2014.
El 8 de abril de 2016 fue procesado con prisión preventiva en una causa que se tramitó en el Juzgado Criminal y Correcional porteño N°42, a cargo de María Gabriela Lanz, por robo simple.
En septiembre de 2016, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) porteño N°10 lo declaró en rebeldía y ordenó su captura.
El 22 de mayo pasado el TOC N°10 le concedió la excarcelación bajo caución juratoria. Una semana después fue condenado a la pena de tres meses de prisión en suspenso por robo simple.
En noviembre de 2018, la jueza de Garantías Estela del Carmen Mollo sobreseyó a Gramajo por extinción de la acción penal en la causa por la que se le había suspendido el juicio a prueba en Avellaneda.
El 17 de diciembre pasado, 13 días antes del ataque al turista sueco, Gramajo recibió una buena noticia desde los tribunales de Comodoro Py: el juez federal Julián Ercolini lo sobreseyó en una causa por infracción a la ley de drogas porque el hecho investigado "no se encuadraba en una figura legal".
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