ADN del crimen: una red de extorsiones era manejada desde un sindicato
La Justicia condenó esta semana a un grupo de integrantes de la Uocra por sus oscuros negocios en Bahía Blanca
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LA NACIONGustavo Carabajal
Son sindicalistas, pero aprovecharon su estatus gremial para cometer delitos. En Bahía Blanca trece miembros de la Uocra local fueron condenados a penas de entre 4 y 15 años de prisión por formar parte de una asociación ilícita dedicada a extorsionar y amenazar a empresarios. En Miramar, un delegado de la UTA fue apresado por integrar una banda de narcotraficantes. El colectivero gremialista fue detenido con una importante cantidad de cocaína y marihuana.
Cuando en enero de 2018 un grupo de la Dirección Departamental de Investigaciones de la policía bonaerense allanó la casa de Humberto Monteros, el secretario general de la seccional de la Uocra en Bahía Blanca, secuestró $ 5.200.000 y US$511.000 en efectivo.
Monteros nunca pudo justificar el origen de ese dinero. En la mansión perteneciente al dirigente gremial, en Monte Hermoso, los policías también encontraron tres armas de fuego y droga.
Para la Justicia, semejante cantidad de dinero fue el producto de una serie de, al menos cincuenta casos de extorsión, concretada por la asociación ilícita que comandaban Monteros y su adjunto en la conducción de la Uocra de Bahía Blanca, José Bernardo Burgos.
Durante la investigación que terminó con las condenas a 13 gremialistas, se determinó que los acusados aplicaron la violencia para mantener el control del sindicato. Y puertas afuera, recurrieron a aprietes, amenazas y extorsión para obtener ventajas económicas mediante cobros de importantes sumas de dinero para no paralizar las obras. Imponían la contratación de empresas proveedoras de los servicios de catering, transporte, baños químicos e indumentaria que pertenecían a familiares de los gremialistas.
El máximo referente del gremio había levantado un complejo de cabañas en Monte Hermoso y poseía por lo menos siete terrenos donde planificaba construir más alojamientos. Monteros, que fue detenido en 2018, murió al contagiarse de Covid-19 mientras se desarrollaba el juicio oral en su contra.
Según se determinó en el debate, tenía una empresa de combis e imponía la contratación de esos vehículos para transportar a los obreros que se desempeñaban en emprendimientos de Bahía Blanca.
Además, armó una firma dedicada a la venta de indumentaria. Los dueños de las empresas constructoras debían comprar la ropa de trabajo en el negocio de Monteros para que el dirigente gremial no ordenara paralizar las obras.
“Los acusados obligaban a suscribir ‘acuerdos’ o ‘convenios’ que establecían a favor de los trabajadores aumentos de sus remuneraciones por encima de los acuerdos salariales vigentes y ‘premios’ para todos los dependientes por igual sin que el empleador pueda considerar el desempeño o productividad del trabajador”, indicó el fiscal Gustavo Zorzano, en los lineamientos de la acusación contra los integrantes de la asociación ilícita.
Negocios paralelos
En el caso de Burgos, los investigadores determinaron que su familia poseía una empresa que proveía el servicio de baños químicos en todas las obras iniciadas en Bahía Blanca, sin posibilidad de que una firma competidora participara del negocio.
Las patotas de Monteros y Burgos instalaron el temor en los obradores de las distintas construcciones que se realizaron en Bahía Blanca desde 2005. Ese año Monteros se hizo cargo del gremio.
Entre los testigos que declararon en el juicio oral que terminó con las condenas contra el secretario adjunto del sindicato local, figuraron los titulares de dos constructoras que formaron una UTE para la instalación de la planta de tratamientos cloacales.
Ambos empresarios recordaron que Monteros y Burgos exigieron el pago de $ 10.000.000 a cambio de no parar la obra. Ese monto debía ser abonado en cuotas y era directamente proporcional al valor del contrato de adjudicación.
Según consta en algunos de los remitos y facturas secuestrados durante la etapa de instrucción, Monteros recibió $ 1,000.000 de la coima exigida en materiales de construcción. Con el fallecimiento de Monteros mientras se realizaba el juicio oral, se extinguió la acción penal en su contra.
No obstante, Burgos fue condenado a 15 años y 6 meses de prisión. Otro sindicalista, Guillermo Estaban Molina, recibió la pena de 13 años y 8 meses de prisión. En tanto que Walter Rafael Paíz fue sentenciado a 8 años de cárcel. A Mario Matías González lo condenaron a 6 años y medio de prisión. Mientras que a Roberto Sabino Ríos le impusieron una condena de cuatro años de cárcel.
Actualmente, los jefes y el organizador de la asociación ilícita siguen presos y deberán cumplir las condenas en la cárcel. Aquellos que recibieron las penas más bajas fueron liberados al cumplir los dos tercios de la condena durante el proceso.
El juicio contra la banda de sindicalistas comenzó en marzo y terminó hace cuatro días cuando el juez Eugenio Casas, presidente del Tribunal Oral N° 2, de Bahía Blanca, dictó el veredicto condenatorio contra los 13 imputados.
Además de imponer las penas de prisión, el tribunal estableció inhabilitaciones para que los condenados pudieran ejercer la actividad gremial.
Entre los cincuenta casos de extorsión que le adjudicaron a la asociación ilícita formada por los gremialistas figura la denuncia de un empresario que se dedica a la elaboración de hormigón armado. La patota de Burgos y Monteros irrumpía en medio de fabricación del material y, con la excusa de realizar una asamblea, paralizaba la producción.
Esta situación provocaba la pérdida de importante cantidades de material, circunstancia que era conocida por los sindicalistas que se aprovechaban de la urgencia del dueño de la empresa.
Ante la ecuación que se presentaba por los costos aparejados por perder la producción y pagar la coima, el empresario abonaba la extorsión para seguir trabajando.
“También imponían condiciones laborales no exigidas por la legislación vigente como servicios gastronómicos, transporte y contratar a trabajadores de una ‘bolsa de trabajo’ impuesta por el sindicato sin posibilidad de elección. Además obligaban a pagar injustificadas sumas de dinero en beneficio personal de los integrantes de la asociación ilícita y contratar servicios gastronómicos, vestimenta de trabajo, servicios de baños químicos y transporte para los dependientes, a comercios pertenecientes a los dirigentes sindicales Monteros y José Bernardo Burgos”, sostuvo el representante del Ministerio Público en su acusación.
Entre la documentación incorporada a los 42 cuerpos del expediente figuran elementos que probaron que Burgos, Monteros o sus familiares eran dueños de al menos seis empresas conformadas para concretar la maniobra extorsiva.
“Vamos a llegar a un arreglo porque así no podés trabajar”, le exigieron los integrantes de la patota gremial al dueño de la empresa que construía un galpón en Alemanes del Volga de la localidad de San José en el partido de Coronel Suárez.
Los gremialistas se presentaron en el obrador para realizar una inspección en las condiciones de seguridad e higiene. Aunque no había ninguna irregularidad, amenazaron con paralizar las tareas del personal si el empresario no se presentaba en la sede del sindicato.
Cuando el dueño de la constructora le pagó $ 10.000 a Burgos por mes, las inspecciones se terminaron. Además de abonar la coima, el secretario general adjunto del gremio exigió al empresario que contratara los servicios su firma de baños químicos. Este hecho, ocurrido en marzo de 2016, fue uno de los cincuenta casos de extorsión adjudicados a la asociación ilícita.
En el listado de extorsiones cometidas por la banda sindical figura el caso del dueño de una empresa que construía un jardín de infantes en Coronel Suárez, que tuvo que pagar $ 30.000 mensuales a Burgos para que no le paralizara la obra con asambleas. La terminación de dichos establecimiento duró un año.
La misma empresa fue objeto de extorsiones similares durante la construcción de colegios en Pedro Luro y Bahía Blanca. Los montos exigidos por la banda sindical variaban de acuerdo al valor del contrato de la obra.
“Hay que diferenciar las conductas. La Uocra no es una asociación ilícita. Los acusados de la seccional Bahía Blanca, constituyeron una asociación ilícita para obtener beneficios económicos con la fachada del gremio. Usaron al gremio para cometer delitos”, explicó el fiscal Zorzano.
Drogas en colectivos
Pero no solamente en la Uocra de Bahía Blanca hubo gremialistas que se aprovecharon de la fachada del sindicato para cometer delitos.
En las últimas horas, durante una serie de allanamientos realizados en Miramar y Mar del Plata, fueron detenidos cuatro integrantes de una organización dedicada al narcotráfico.
Durante los procedimientos, ordenados por la fiscal Ana María Caro, los efectivos de la policía bonaerense secuestraron gran cantidad marihuana, cocaína y dinero. Según fuentes de la investigación, uno de los miembros de la banda detenidos se desempeñaba como delegado de la UTA en Miramar.ß
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