ADN del crimen: una masacre que hace 28 años tiene el sello del gatillo fácil y la impunidad de la “maldita policía”

Raquel Gazzanego, la esposa del vendedor de libros Edgardo Cicutín, tuvo que esperar más de 28 años para que los policías bonaerenses que, el 10 de enero de 1994, dispararon más de 270 balazos en una descontrolada cacería que terminó con los asesinatos de su marido, del remisero Norberto Corbo y de los pasajeros Enrique Bielsa y Gustavo Mendoza, fueran sometidos a juicio oral.

Este episodio, conocido como la masacre de Wilde, constituyó uno de los hechos de brutalidad policial más sangrientos de la historia penal bonaerense. Además, junto con las denominadas masacres de Monte Chingolo, Andreani, Ramallo, Los Polvorines y San Miguel del Monte puso al descubierto la metodología aplicada por algunos integrantes de la fuerza de seguridad para provincial de “armar ratoneras” o emboscadas para matar a inocentes y asesinar a aquellos que se negaban a pagar las coimas, por dejarlos vender drogas o asaltar bancos y blindados.

La masacre de Wilde tiene vasos comunicantes con el mayor atentado terrorista ocurrido en la Argentina: el ataque contra la sede de la AMIA, donde murieron 85 personas. Una escucha telefónica entre el subcomisario Juan José Ribelli y un colega suyo puso al descubierto la intención de recaudar fondos para lograr a cualquier precio la liberación de los “muchachos que cayeron en desgracia por lo de Wilde”. Según se determinó en varias investigaciones judiciales, la venta de la Trafic utilizada en el atentado contra la AMIA formó parte de las maniobras para recaudar dinero y “ayudar” a los policías acusados por el hecho de brutalidad policial ocurrido en el cruce de las avenidas Mitre y Ramón Franco.

Esa grabación figura en el denominado anexo “Brigadas” del voluminoso expediente por el ataque contra la AMIA. No obstante, Ribelli nunca fue acusado por la Masacre de Wilde. Era el cuñado del jefe de la Brigada de Lanús, el comisario inspector José Miguel Ojeda y, además estaba en Brasil en el momento de los cuatro homicidios. Aunque estuvo preso por su presunta responsabilidad en atentado contra la AMIA, fue absuelto en el juicio oral que se desarrolló durante dos años.

Actualmente, Ribelli ya no trabaja como policía, es abogado y está al frente de un influyente estudio jurídico.

A partir de la investigación encarada por la jueza de Lomas de Zamora, Silvia Susana González, se determinó que el 10 de enero de 1994 un grupo de nueve policías persiguió al remise Peugeot 505 conducido por Corbo, en el que viajaban Bielsa y Mendoza. Al interceptarlos a pocos metros de Ramón Franco y Mitre, los policías abrieron fuego contra el vehículo. Luego, advirtieron la presencia de un Dodge 1500 al que confundieron con un supuesto vehículo de apoyo. Entonces, los policías, que estaban de civil y sin sirenas, lo persiguieron y dispararon. Al llegar a la esquina de Moreno y Bismarck, el Dodge 1500 se detuvo, dañado por 39 balazos. El vendedor de libros Claudio Díaz y su compañero Cicutín descendieron y, entre uno y tres policías, mataron a Cicutín. Díaz, salvó su vida.

Si bien la denominada “maldita policía” tuvo su apogeo durante la gestión del comisario general Pedro Klodczyk como jefe de la fuerza de seguridad bonaerense, la metodología del gatillo fácil contra los inocentes y las emboscadas con armados de causas penales para los asaltantes y narcotraficantes que se negaban a pagar las coimas comenzó mucho antes y se mantuvo a pesar el mencionado comisario general, de ser jefe de policía.

Desde hace 36 años, con los homicidios de Héctor Puccio y Miguel Ángel Paulinelli, ocurridos en 1986 en Monte Chingolo porque un amigo de ambos se había quedado con la parte del botín de un hecho de piratería del asfalto que pretendía recibir el comisario de la zona, hasta mayo de 2019 con los asesinatos de Gonzalo Domínguez, de 14 años; Camila López y Danilo Sansone, de 13, y Aníbal Suárez, de 22, esa costumbre de disparar primero y preguntar después de mantiene activa entre algunos miembros de la fuerza de seguridad provincial.

Dicha metodología quedó expuesta también en noviembre de 1996, la localidad de Piñero, donde fueron asesinados un inocente, seis presuntos asaltantes y dos uniformados, durante un frustrado intento de robo en un minibanco situado dentro de la sucursal Avellaneda de la empresa postal Andreani. Durante veinte minutos se enfrentó la policía con los once integrantes del grupo comando que ingresaron en la planta con fines de alzarse con el dinero de la sucursal de la Banca Nazionale del Lavoro.

Para la Justicia, el hecho fue calificado como una “ratonera”, una modalidad aplicada por algunos oficiales que entregan el dato para un robo y arman una trampa para lograr impacto mediático, y así demostrar la efectividad policial.

En este episodio de brutalidad policial fueron asesinadas nueve personas. Ningún policía quedó preso. Algo similar ocurrió en abril de 2000, en Los Polvorines, cuando tres asaltantes que habían robado 30.000 pesos de un banco en General Pacheco y un policía bonaerense fueron asesinados en otra “ratonera”.

Un año antes, el 17 de septiembre de 1999, Carlos Chávez, gerente del banco Nación de Villa Ramallo; el contador de la entidad, Carlos Santillán, y uno de los asaltantes, Sergio Benedetti, fueron asesinados por un grupo de efectivos de la policía bonaerense que rodeaban la entidad, cuando los malvivientes, que irrumpieron en la entidad el día anterior, intentaron escapar con los rehenes.

Los policías dispararon más de 150 balazos contra el vehículo en el que intentaron escapar los delincuentes, sin advertir que iban tres rehenes. Flora Lacave, la esposa de Chávez, salvó su vida de milagro. Durante la investigación judicial se determinó que los asaltantes intentaron robar el banco porque estaban en complicidad con dos comisarios de la zona.

Además, se determinó que la decisión de los delincuentes de salir del banco, 18 horas después de haber tomado a los rehenes, había sido consensuada con uno de los oficiales que estaba a cargo de la negociación. Pero, a las 6, cuando los asaltantes abandonaron la entidad, los policías que rodearon el banco los acribillaron debido a que no querían dejar vivos a ninguno de los malvivientes que pudiera poner al descubierto la existencia de una zona liberada para robar la sede bancaria. Por la tarde, Martín René Saldaña, otro de los asaltantes, que habría sobrevivido a la emboscada, apareció ahorcado en la comisaría de Villa Ramallo.

“Espero que después de escuchar a los testigos y de analizar las pruebas como los peritajes balísticos y los informes de las autopsias, dicten un veredicto condenatorio contra los nueve policías bonaerenses que asesinaron a Edgardo”, expresó Raquel, la viuda de Cicutín.

Esos peritajes balísticos fueron objetados por los abogados que defienden a los nueve policías que serán juzgados a partir del 17 de octubre. Sin embargo, todos los planteos fueron rechazados durante las diversas etapas del proceso.

“Fueron muchas idas y vueltas. Se esperó durante mucho tiempo alguna buena noticia de parte de la Justicia, pero la mayoría de las veces lo único que recibí fueron cachetazos. En noviembre de 1994, Silvia Susana González cerró el sumario y pidió que los policías sean sometidos a juicio oral. A partir de ese momento, tuve que enfrentar una ardua pelea porque los jueces que tuvieron el expediente, tiraron todo para atrás”, agregó la esposa del vendedor de libros asesinado.

Justicia en cámara lenta

El 16 de septiembre de 2014 el juez de Garantías de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, puso fin al dilatado proceso y requirió que los nueve policías, acusados de matar al esposo de Gazzanego, Corbo, Bielsa y Mendoza sean sometidos a juicio oral. Sin embargo, los diversos planteos de los defensores de los uniformados retrasaron el comienzo del debate durante ocho años más.

Antes de que fijara la fecha de inicio del juicio hubo una audiencia preliminar en la que las partes ofrecieron los testigos para que se presenten a declarar durante el debate. Tanto la pareja de Cicutín, como su abogado, Ciro Annicchiarico, los familiares de Norberto Corbo y la fiscal Viviana Simón, tuvieron que abocarse a la tarea de localizar a los testigos de un hecho ocurrido hace más de 28 años.

“Algunos de los testigos tenían 18 años en el momento en que mataron a Edgardo y a Norberto. Los tuvimos que ubicar y les preguntamos si podían presentarse a declarar. Todos coincidieron en la necesidad de contar lo que vieron ante el tribunal. Recuerdo que, de no haber sido por los vecinos y la gente que caminaba por la zona, los policías hubieran alterado con pruebas falsas. Uno de los testigos recordó que un policía le entregó un acta para que firmara con la declaración armada en la que se consignaba que en el baúl del Dodge 1500 había armas, cuando era falso”, expresó la esposa de Cicutín.

Cuando el sumario estuvo en el juzgado a cargo del magistrado Vitale se concretó la captura del sargento Marcos Rodríguez, el efectivo de la Brigada de Investigaciones de Lanús, al que policías y testigos señalaban como autor de varios de los disparos. Rodríguez se mantuvo prófugo más de 20 años hasta que fue detenido, en septiembre 2014, en un almacén que atendía en La Falda, Córdoba. No cayó gracias a la recompensa vigente de 100.000 pesos para quien aportara datos por su paradero, sino por el plan de pagos al que se había acogido para cancelar varias multas de tránsito. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) lo rastreó y lo encontró en la casa en la que vivía con su mujer y tres hijos.

Igual que los otros ocho policías acusados Rodríguez llegará al juicio en libertad. El 3 de marzo de este año, la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Lomas de Zamora, los benefició con la excarcelación. La defensa había pedido su libertad debido a que llevaba más de siete años y cinco meses detenido sin haber sido sometido a juicio.

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