ADN del crimen: una masacre que escondía la protección política y la venganza por un millonario negocio
El hallazgo de los cuerpos de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Lepoldo Bina el 13 de agosto de 2008 expuso el tráfico de efedrina a carteles mexicanos
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LA NACIONGustavo Carabajal
Antes de matar a Sebastián Forza, Damián Ferrón y Lepoldo Bina, los asesinos los torturaron y golpearon. A Bina le cortaron la oreja derecha y obligaron a Forza a ingerir cocaína. Bina y Forza fueron obligados a observar cómo mataban a su amigo sabiendo que luego correrían la misma suerte. A Bina y a Ferrón los mataron de cuatro balazos a cada uno. A Forza lo asesinaron de siete disparos. Los tres cuerpos fueron hallados en un descampado de General Rodríguez el 13 de agosto de 2008. Antes de abandonar los cadáveres, los asesinos plantaron vainas y proyectiles para tratar de simular que los mataron en ese lugar.
En realidad, ese zanjón cercano a la ruta 6 era la escena secundaria de la masacre. Las autopsias determinaron que los cuerpos habían estado en una cámara frigorífica, sometidos a la acción del frío, para trasladarlos desde la escena primaria de los homicidios hasta el lugar en el que fueron abandonados, con el objetivo de desviar la investigación.
Así, se estableció que los asesinos cargaron los cuerpos de las víctimas en un camión con cámara de frío y recorrieron los 75 kilómetros que separan Quilmes de General Rodríguez, sin que nadie los detuviera. Para evitar que los identificaran, borraron las imágenes de las distintas cámaras de seguridad de los peajes por los que pasaron y de la estación de servicio situada en el ingreso en shopping de Sarandí, a un costado de la autopista Buenos Aires-La Plata, donde uno de los asesinos había quedado en reunirse con las tres víctimas para cerrar una operación de compra de efedrina.
“Se trató de un crimen organizado, planificado y premeditado. No se trató de un modo cualquiera de matar. El verdadero móvil del homicidio múltiple fue la efedrina”, expresó la jueza María Graciela Larroque, en los fundamentos de la sentencia condenatoria contra los cuatro autores materiales de la masacre.
Según las cifras expuestas en los fundamentos de la sentencia, los 40.000 kilogramos de efedrina vendidos a los carteles mexicanos entre 1999 y 2010, especialmente al cartel de Sinaloa, representaron un movimiento de US$392.000.000 para los traficantes argentinos.
Forza intentó formar parte de ese negocio, pero lo mataron antes.
Seis días antes del hallazgo de los cuerpos, las familias de Forza y Ferrón, habían radicado la denuncia por averiguación de paradero en la comisaría 50a. de la Policía Federal, con jurisdicción en la zona de Galicia al 2600, en Flores, donde fue hallada abandonada y quemada la camioneta Chevrolet Grand Vitara de Ferrón.
Durante la búsqueda de Forza o mientras se desarrolló la investigación de la masacre, ningún funcionario de la administración kirchnerista se interesó en descubrir quién torturó y asesinó a uno de los aportantes más importantes para la campaña electoral del Frente para la Victoria, en las elecciones en las que se impuso Cristina Kirchner, en 2007.
En esa época, Forza había entregado $200.000 a la campaña electoral del Frente para la Victoria (FPV). A través de su droguería Seacamp depositó cuatro cheques en la cuenta del Nº 5270993 del Banco Nación, propiedad del FPV.
Esos cuatro documentos de $50.000 cada uno fueron emitidos a pesar de que Forza estaba inhibido porque había superado ampliamente la cantidad máxima permitida de cheques rechazados para desarrollar una actividad comercial. Ningún funcionario del Banco Central, de esa época, pudo explicar por qué Forza emitía cheques a pesar que había violado todas las normas fijadas por el organismo que regula la actividad bancaria.
A 14 años de la masacre, Diego, el hermano de Damián, relató a LA NACION un detalle que no se conocía sobre cómo fueron esos días de búsqueda desesperada de las dos familias y el extraño comportamiento de un jefe policial, que estaba a cargo de los rastrillajes.
“Habían pasado tres días desde que radicamos la denuncia por la desaparición de mi hermano cuando me llamaron de la seccional. El comisario me recibió en su despacho, me mostró la foto de Ibar Pérez Corradi y me dijo: ‘este es el hombre a buscar. Esto es muy pesado. Me dijeron que me corra’. En ese momento no entendía nada. No sabía quien era Pérez Corradi, ni qué relación tenía con mi hermano. Tampoco me explicó cómo sabía él que Pérez Corradi estaba vinculado a la desaparición de Damián”, recordó Diego Ferrón.
Hasta ese momento, Diego había logrado saber que su hermano se reunió con Forza. Nada sabía de Bina, hasta que concurrió a la fiscalía a cargo de Ana Yacobucci, donde se encontró con la familia del tercer desaparecido.
Según el hermano de la víctima, doce años después de la masacre y luego de varios llamados para que se presente a declarar, el oficial que se desempeñaba como jefe de la comisaría 50a. de la Policía Federal, habló ante la Justicia federal, pero, sospechosamente, negó la conversación con Diego Ferrón y la mención sobre Pérez Corradi.
Debido a que se trataba de tres adultos desaparecidos, los responsables de la Policía Federal no pusieron todos los medios disponibles para buscar a Forza, Ferrón y Bina. A pesar que los investigadores policiales estaban al tanto de la visita que Ricardo Sladkowsky, dueño de una droguería y acusado por tráfico de efedrina había realizado a la casa de Bina para preguntar por el paradero del joven empresario con aceitados contactos en la Aduana.
En ese momento, se ignoraba que Bina, con Sladkowsky y el mexicano Rodrigo Pozas Iturbe, habían comenzado a mandar efedrina a México en pequeña escala. Esta línea de investigación sobre el tráfico del precursor químico, imprescindible para la elaboración de metanfetaminas, quedó al descubierto con los procesamientos dictados por la jueza federal María Servini contra doce acusados por el contrabando de efedrina a México.
Una parte importante de las pruebas que fundaron esos procesamientos fueron descubiertas en la investigación encarada por el fiscal de Investigaciones Complejas de Mercedes, Juan Ignacio Bidone, que se hizo cargo del sumario por los tres asesinatos debido que el lugar del hallazgo de los tres cadáveres, en ese momento, era jurisdicción de su departamento judicial.
Después de seis meses de una investigación que incluyó más peritajes en los cuerpos de las víctimas, los cruces de todos los teléfonos que se usaron en la zona de Sarandí, donde Forza, Ferrón y Bina asistieron, sin saberlo, a una emboscada pergeñada por el competidor que quería evitar que se convirtieran en proveedores de efedrina para un cartel mexicano de narcotraficantes, se determinó que la masacre ocurrió en Quilmes, no en General Rodríguez y que el lugar del hallazgo de los cuerpos fue armado para similar que los asesinaron en ese zanjón.
A partir de los elementos aportados por el fiscal Bidone, el tribunal integrado por los jueces Larroque, Fernando Bustos Berrondo y Marco Barski logró condenar a prisión perpetua a los hermanos Martín y Cristian Lanatta y a Víctor y Marcelo Schillacci por el triple homicidio. “De no ser por el trabajo del fiscal Bidone y su colega Marcela Falabella, no hubiésemos podido acceder a la reedición histórica del triple homicidio”, expresó la jueza Larroque en la sentencia.
En principio, los investigadores de la masacre apuntaron a Pérez Corradi como supuesto autor intelectual. Tuvo pedido de captura internacional, estuvo refugiado en la zona de la Triple Frontera, hasta que fue detenido en junio de 2016, en Foz de Iguazú.
Oscar Parrilli, exsecretario de Inteligencia tuvo que afrontar una causa penal en su contra en el juzgado federal de Ariel Lijo, ante la sospecha que el organismo que dirigía habría ocultado información a la Justicia sobre el paradero del prófugo, pero resultó sobreseído.
Con la pista que apuntaba a Pérez Corradi descartada, debido a que la Justicia federal le dictó la falta de mérito, las sospechas recayeron sobre dos mexicanos como supuestos autores intelectuales de la masacre: Jesús Martínez Espinoza y Rodrigo Pozas Iturbe.
Ambos fueron señalados como “virreyes” de dos carteles mexicanos que se instalaron en la Argentina para comprar droguerías que les permitieran comprar cantidades industriales de efedrina, sin ningún control.
Según fuentes de la investigación, resultó curioso que ninguno de ellos fue acusado como instigador del triple homicidio, cuyo móvil habría sido la imposibilidad de las víctimas de cumplir con una entrega de efedrina debido a que, un competidor, presuntamente Pérez Corradi habría saboteado un cargamento al reemplazar el precursor químico con sal, lo que provocó la explosión del laboratorio de metanfetaminas que los cómplices de Martínez Espinoza instalaron en la zona de Ingeniero Maschwitz.
En 14 años nunca se avanzó sobre la pista que indicaba que, supuestamente, Pérez Corradi viajó a México en la época del triple homicidio y se comunicaba constantemente con Martín Lanatta. Allí se habría reunido con un narcotraficante que tenía un tatuaje de una cabra y dos cuchillos cruzados, que fue condenado por querer instalar en la Argentina el método Breaking Bad para producir metanfeteminas.
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