ADN del crimen: un poderoso juez federal mantiene su firma, pese a sumarse denuncias y embargos en su contra

Al juez federal de Mendoza, Walter Bento, ya no le quedan integrantes de su familia sin ser acusados. Sobre su esposa, Marta Isabel Boiza, pesa un embargo de casi $ 150.000.000 porque la Justicia la consideró presunta responsable de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Debido a esta resolución, la Cámara Federal, la suspendió y no podrá seguir en su cargo de prosecretaria administrativa del juzgado federal N° 3, de la provincia cuyana.

Una de las razones por las que el juez Bento sigue en su cargo radica en que la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura, presidida por la senadora nacional de Chaco, María Inés Pilatti Vergara (Frente de Todos) ordenó la realización de un peritaje patrimonial sobre los bienes de Bento.

Dicho estudio fue ordenado hace más de cuatro meses, por el organismo que revisa los desempeños de los magistrados y por el juez federal que tiene a su cargo la investigación contra Bento.

En septiembre pasado, con distintos argumentos, tanto Pilatti Vergara como el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones habían votado en contra del pedido de suspensión del juez federal de Mendoza. Junto a otros consejeros que rechazaron la solicitud de desafuero y la suspensión del magistrado, consideraron que esa medida resultaba improcedente en esta etapa de la investigación.

Hace casi un año, el juez Bento fue acusado y procesado como presunto jefe de una asociación ilícita, cohecho activo, cohecho pasivo, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, violación de secretos, violación de deberes de funcionario público y falso testimonio.

El consejero Pablo Tonelli, que instruyó el proceso contra Bento, había sido el único que votó a favor de la suspensión del magistrado.

La orden de captura dispuesta por la Justicia federal de Mendoza no podrá efectivizarse hasta que la Comisión de Acusación y Disciplina decida si existen elementos para considerar que se avale la realización del plenario, en el que los trece integrantes del Consejo de la Magistratura deberán definir si el juez incurrió en mal desempeño de sus funciones.

Mientras se demora la definición del Consejo de la Magistratura, Bento sumó nuevas imputaciones en su contra y, además, otros integrantes de su familia quedaron al borde del procesamiento. Actualmente, Bento está procesado por ocho delitos.

Si, hasta el momento, el juez Bento no fue preso, se debe a que sus fueros lo protegen. Por una imputación más leve, pero que tiene un procesamiento firme, cuatro integrantes de la Cámara federal de Mendoza, suspendieron a la esposa del magistrado.

El organismo que rechazó el pedido del diputado Tonelli para suspender en su cargo a Bento, está a cargo de la senadora Pilatti Vergara. La legisladora del Frente de Todos no oculta en sus redes sociales sus vínculos con la vicepresidenta Cristina Fernández y con el exvicepresidente Amado Boudou.

En una de las fotos, Pilatti Vergara, aparece abrazada con el condenado exvicepresidente.

Lugones, presidente del Consejo de la Magistratura, también votó en contra de la suspensión de Bento. Su cercanía con el kirchnerismo quedó expuesta a partir de las rubricas que dejó en las primeras solicitadas publicadas por Justicia Legítima.

Un lento peritaje

Además de las decisiones de ambos integrantes del Consejo de la Magistatura que favorecieron a Bento, la demora en resolver si el magistrado federal incurrió en el mal de desempeño de sus funciones, se originó en que, todavía no se presentó el peritaje patrimonial sobre los bienes del juez.

Según explicó una calificada fuente del organismo que juzga las conductas de los magistrados, hasta que el peritaje no se termine no podrá resolverse si se acusa al juez.

Dicho estudio fue encargado a un perito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hace cuatro meses, pero, todavía, no fue terminado.

Existe en el expediente que se instruye en la Justicia federal de Mendoza, un elemento que aporta una estimación sobre el valor de los bienes y propiedades del magistrado, su esposa y sus hijos. Se trata de los montos de los embargos preventivos dictados al resolver los procesamientos del juez y su esposa.

Al embargo de $ 150.000.000 contra la esposa, el juez debe agregar el embargo de $ 177. 610.000 sobre sus bienes. Esto significa que el matrimonio sumó embargos por más de $ 327.610.000.

La acusación más reciente contra el juez se conoció ayer. Bento fue imputado por presunto cohecho cuando tenía a su cargo la investigación de una organización criminal dedicada al contrabando que operó de 2016 a 2018.

Por este caso, el juez federal subrogante, Leopoldo Rago Gallo, ordenó las capturas de un funcionario de la Dirección General de Aduanas de Mendoza y de tres abogados. A los letrados se los acusó de pagar sobornos para favorecer a los integrantes de la banda de contrabandistas que aparecían mencionados en el sumario que se instruía en el juzgado de Bento.

Esas coimas se habrían canalizado a través de Diego Aliaga, un despachante de aduanas reconvertido en informante policial e intermediario que cobraba dinero, supuestamente en nombre del juez Bento, para favorecer a los acusados en causas que se ventilaban en el juzgado federal N° 1, de Mendoza.

Luego de haber sido desvinculado de la causa 11088445/2007, Aliaga se convirtió en el reclutador de la banda supuestamente liderada por Bento.

Aliaga fue asesinado a mediados de 2020. Por el homicidio fue condenado el exsocio de la víctima La fiscalía federal abonó la sospecha que indicaría que la víctima sería el nexo los contrabandistas, dueños de tres contenedores secuestrados en un playón de la Aduana, en Uspallata y el magistrado acusado. El número de teléfono del juez Bento figuraba en la agenda del celular de Aliaga con el nombre de “Primo”.

“Aliaga era el nexo de confianza con el magistrado y enlace con los abogados organizadores y actuantes de imputados que obtendrían los beneficios a cambio de sobornos”, indicó el juez federal de Mendoza Eduardo Puigdéngolas en la resolución en la que dispuso el procesamiento de Bento.

En los últimos días, el juez federal Leopoldo Rago Gallo, que subroga el juzgado de Puigdéngolas, aceptó el pedido del fiscal Dante Vega, para que se convoque a indagatoria a Nahuel y Luciano, los hijos del magistrado más poderoso de Mendoza.

Luego de revisar una serie de pruebas, el representante del Ministerio Público consideró que existían elementos suficientes que avalaban un estado de sospecha sobre la presunta responsabilidad de los hermanos Bento, en el lavado de activos. Para la fiscalía, tanto Nahuel como Luciano Bento habrían participado activamente de la puesta en circulación de fondos de procedencia ilegal al adquirir bienes muebles e inmuebles, como también realizar inversiones y viajes al exterior.

Con la aceptación del pedido del fiscal Vega, que investigó el caso con la colaboración de sus colegas, María Laura Roteta y Mario Villar, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), los hijos del juez Bento, quedaron al borde del procesamiento y fueron citados el 30 del actual para la indagatoria.

Familia judicial

Tan grande es el poder de Bento que había logrado que toda su familia trabaje en la Justicia federal de Mendoza.

Hasta que la Cámara federal la suspendió, la esposa de Bento se desempeñaba como prosecretaria administrativa del juzgado federal N° 3. En tanto que uno de sus hijos, era secretario en la Cámara federal y el otro, jefe de despacho.

Curiosamente, aunque los cuatro integrantes de la familia Bento, se desempeñan en la Justicia, tenían un ritmo de vida y de gastos que no coinciden con los sueldos que perciben como funcionarios judiciales.

A partir de la investigación realizada por el fiscal Vega, quedó al descubierto que el juez Bento y su familia poseen nueve propiedades valuadas en varios millones de pesos, en cuatro countries de Mendoza, y tres vehículos Audi, S3, Q5 y A3 que compraron desde cero kilómetro y una camioneta Amarok.

Además, el magistrado no pudo explicar el origen de los US$ 153.000, 3600 euros y $160.000 en efectivo que le secuestraron en su casa del complejo Palmares, donde tiene tres propiedades. Tampoco pudo justificar cómo adquirió los tres fideicomisos en distintos emprendimientos inmobiliarios.

No coincide con su salario, la erogación realizada para costear veinte viajes a Miami, Orlando, Las Vegas, Barcelona, Atenas, Dubai y Chile, de 2007 a 2017 Por esos viajes estuvo 761 días fuera de su casa, alojado en hoteles y aparts de lujo, junto a su familia.

Antes de asumir en el juzgado federal N°1 de Mendoza, con competencia electoral, Bento, de 57 años, trabajó en una casa de cambios en Buenos Aires. Durante un viaje a Chile conoció a su esposa, Marta. En 1992, el matrimonio decidió radicarse en Mendoza y, a partir de ese momento, comenzó la carrera judicial de Bento. Su vida cambió radicalmente en 2005 -durante el gobierno de Néstor Kirchner- cuando se hizo cargo del tribunal con jurisdicción en la extensa frontera con Chile.

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