ADN del crimen: un fantasma de Sinaloa todavía sobrevuela la masacre de General Rodríguez
Los asesinatos de Leopoldo Bina, Sebastián Forza y Damián Ferrón demostraron que carteles mexicanos operaban en la Argentina
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LA NACIONGustavo Carabajal
Antes de matarlos, los asesinos de Leopoldo Bina, Sebastián Forza y Damián Ferrón los torturaron y se encargaron de que cada una de las víctimas observaran el castigo y el sufrimiento al que sometían a sus amigos. A Bina le cortaron la oreja derecha y obligaron a Forza a ingerir cocaína. Bina y Forza presenciaron la muerte de su amigo sabiendo que luego correrían la misma suerte. A Bina y a Ferrón los mataron de cuatro balazos a cada uno. A Forza lo asesinaron de siete disparos.
Cuando faltan días para que se cumplan quince años de los homicidios de Forza, Ferrón y Bina, el autor intelectual de la masacre ocurrida el 7 de agosto de 2008 en General Rodríguez podría quedar sin castigo debido a que se cumpliría el plazo legal que derivaría en la finalización de la persecución judicial, lo que provocaría en la prescripción de la acción penal.
Esto significa que si después del lunes, el autor intelectual se presentara en el juzgado federal N°1 porteño y afirmara que fue el instigador del denominado triple homicidio de la efedrina, la Justicia no podría procesarlo ni detenerlo, ni condenarlo.
La única posibilidad de que el autor intelectual sea sentenciado después del lunes, se daría en caso que ya hubiera sido indagado durante la instrucción del sumario.
Este sería el caso, por ejemplo de Ibar Esteban Pérez Corradi, señalado por el Tribunal Oral N° 2, de Mercedes, como el presunto autor intelectual de la masacre. Sin embargo, en abril de 2021, la Justicia Federal le dictó la falta de mérito en el expediente por la masacre de la efedrina.
Pero, el hecho de haber sido indagado postergaría la prescripción de la acción penal hasta 2031. Hasta el momento, no se aportaron nuevas pruebas que avalen un nuevo llamado a indagatoria, por lo que Pérez Corradi también quedaría afuera del sumario, sin posibilidad de ser investigado nuevamente.
La única excepción que evitaría que el instigador quede sin castigo ocurriría en caso que se pudiera probar que el autor intelectual hubiera sido funcionario público.
A quince años de la masacre la investigación para encontrar a los instigadores de los homicidios de Forza, Ferrón y Bina, sigue abierta. Durante el juicio oral realizado en 2012, la Justicia dio por probado que, los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor y Marcelo Schillacci asesinaron a Forza, Ferrón y Bina.
Sus jefes no querían competidores en la multimillonaria venta de efedrina a los carteles de narcotraficantes mexicanos que, en 2008, eligieron la Argentina para instalar laboratorios de producción de drogas sintéticas.
“Acá falta gente. Solamente condenaron a los partícipes de los homicidios de mi hermano, Forza y Bina. No fue sentenciado ni detenido el autor intelectual. El caso quedó parcialmente impune. Los Lanatta y los Schillacci solos no pudieron haber concretado semejante crimen”, expresó Diego Ferrón, hermano de Damián, una de las víctimas.
La afirmación de Ferrón se funda en una serie de episodios que quedaron al descubierto durante la investigación. Por ejemplo, se borraron los archivos con las grabaciones de las cámaras de seguridad de los peajes y del bar de la estación de servicio situada en un shopping, de Sarandí, donde las víctimas se reunieron con los asesinos. Además, fueron asesinados testigos y se plantaron vehículos quemados en distintos lugares para desviar la pesquisa. Solamente alguna fuerza de seguridad o los servicios de inteligencia tienen el poder para hacer desaparecer esas pruebas, plantar pistas falsas y movilizar tres cadáveres desde Quilmes hasta General Rodríguez.
“A mi hermano, Forza y Bina, los llevaron engañados a una reunión, los redujeron, los torturaron, los mataron y después, transportaron sus cuerpos por el conurbano”, manifestó Ferrón, quien junto el periodista Agustín Ceruse escribió un libro en el que se realizó una descripción rigurosa y pormenorizada de la investigación, a partir de lo que figura en el expediente.
“Tengo tres hipótesis. Una apuntaba a Ibar Pérez Corradi, como presunto autor intelectual, aunque le dictaron la falta de mérito. La segunda línea de investigación que no se siguió, surgió a partir de las relaciones de Bina y su vinculación con Rodrigo Pozas Iturbe, uno de los dueños del laboratorio que explotó en un chalet de Ingeniero Maschwitz, en 2008. Hubo una reunión en la que Bina y Forza discutieron con Pozas Iturbe sobre el precio del kilo de efedrina, si valía $2000 o US$2000. En ese momento, se cortó la relación con Pozas Iturbe, entonces, Bina y Forza, comenzaron a venderle efedrina a Jesús Martínez Espinosa. Entonces, Pozas Iturbe, posiblemente, se haya sentido traicionado y, en venganza, había ordenado matarlos”, expresó el hermano de una de las víctimas.
Sobre la tercera hipótesis, Ferrón indicó que, posiblemente, las víctimas hubieran quedado presas de una maniobra pergeñada por organismos de inteligencia.
Al principio, la investigación estuvo a cargo de la fiscal Ana Yacobucci quien a partir del hallazgo de los cuerpos en General Rodríguez, declinó la competencia en el fiscal de Delitos Complejos del Departamento Judicial Mercedes, Juan Ignacio Bidone.
En menos de seis meses, el representante del Ministerio Público encontró pruebas que derivaron en las detenciones de los hermanos Schillaci y Lanatta y en sus posteriores condenas.
“El verdadero móvil del homicidio múltiple fue la efedrina. Nuestro territorio fue ámbito fértil para la colonización por los carteles mexicanos, quienes mandaron a sus ‘virreyes’, entre ellos, a Jesús Martínez Espinosa, quien tenía estrecha relación con Marcelo Tarzia, encargado de sus negocios en la Argentina, e Ibar Pérez Corradi”, expresó uno de los magistrados en los fundamentos de la sentencia con los hermanos Lanatta y los Schillacci.
En un informe de la DEA, la oficina norteamericana que se encarga de la lucha contra el narcotráfico, que se incluyó en la página 112 de la sentencia por el triple homicidio de General Rodríguez, se mencionó al mexicano Martínez Espinosa.
El primero era el delegado del cartel de Sinaloa en la Argentina y decidió instalar un laboratorio de fabricación de metanfetaminas en una quinta de Ingeniero Maschwtiz. Forza intentó convertirse en proveedor de Martínez Espinosa y le vendió efedrina pero, uno de los competidores y exsocio de una de las víctimas del triple crimen habría saboteado el cargamento y lo rebajó con sal. Fue así que, al someter al proceso químico para la elaboración de metanfetaminas, la sal provocó una reacción distinta y el laboratorio explotó.
Durante el juicio aparecieron testigos que, abonaron la sospecha que apunta al mencionado Pozas Iturbe con el laboratorio de Maschwitz.
“Leopoldo Bina, Ricardo Sladkowski y Carlos San Luis buscaban efedrina para vendérsela a Rodrigo”. La frase pertenece a Cristian Heredia y fue expuesta en el mencionado debate. En su declaración, Heredia mencionó a “Rodrigo”. Se trata de Rodrigo Pozas Iturbe, quien apareció vinculado al principio de la investigación. A partir de allanamientos, Pozas Iturbe quedó involucrado en la causa del triple homicidio. Aunque nunca fue condenado por esos asesinatos.
Durante la investigación del triple crimen se estableció que Pozas Iturbe, que tiene en su cuerpo el tatuaje de una cabra cruzada con dos cuchillos, señal de su pertenencia a un cartel mexicano, se reunió con Bina y Forza en una estación de servicio de General Rodríguez y en una oficina de Pilar.
Aportes de campaña
Ni en el momento del hallazgo de los cuerpos, ni durante la investigación, ningún funcionario del Poder Ejecutivo Nacional hizo algo para esclarecer el triple homicidio, a pesar que Forza fue uno de los grandes aportantes a la campaña electoral del Frente para la Victoria (FPV) que llevó a la presidencia a Cristina Fernández. A través de su droguería Seacamp depositó cuatro cheques en la cuenta del Nº 5270993 del Banco Nación, propiedad del FPV.
Tanto la explosión del laboratorio en Ingeniero Maschwitz como los homicidios de Forza, Ferrón y Bina, pusieron al descubierto que la Argentina se había convertido en el segundo comprador mundial de efedrina.
Entre 1999 y 2010 se importaron 55.395 kilogramos de efedrina, cuando la industria farmacéutica de nuestro país consumía no más de cien kilogramos por año para la elaboración de antigripales y descongestivos. Cada comprimido de esos medicamentos lleva una microdosis de efedrina, por lo tanto, la cantidad requerida por los laboratorios era muy inferior a la que se importaba.
A raíz de la investigación por el triple homicidio, la Justicia determinó que de esos 55.395 kilogramos al menos 40.000 kilogramos de efedrina fueron derivados a los grupos de narcotraficantes, especialmente al cartel de Sinaloa.
Veinte días después del homicidio de Forza, el Poder Ejecutivo Nacional decidió limitar la importación de la efedrina. Con una resolución conjunta de los ministerios de Salud y Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, se determinó que solo los laboratorios que se dediquen a la producción de medicamentos que contengan efedrina estaban autorizados a importar el mencionado precursor químico.
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