ADN del crimen. República Cromañón, una tragedia derivada de la ambición de unos y la corrupción de otros

La tragedia que derivó en la muerte de 194 personas que el 30 de diciembre de 2004 concurrieron al recital del grupo Callejeros en República Cromañón se gestó siete años antes. El 18 de julio de 1997, el boliche situado en Bartolomé Mitre 3060 había sido clausurado. La prohibición para que funcionara nunca se levantó. Así figura en el laberíntico proceso penal que, al cumplirse 19 años del incendio, está cerrado y sin ninguno de los 19 condenados presos.

A partir del hallazgo de este expediente fantasma quedó al descubierto que Cromañón nunca tuvo que haber estado abierto y que la clausura debía haberse concretado mucho antes que la fecha de vencimiento del certificado que emitía la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal sobre el correcto funcionamiento de los sistemas contra incendios, que había ocurrido veinte días antes de la tragedia.

Debido a la cantidad de acusados con distintos grados de responsabilidad en el incendio del boliche de Once, se realizaron cinco juicios orales. Uno de esos debates terminó con la condena a cuatro años y cuatro meses de prisión para un inspector del organismo del gobierno porteño que, en abril de 1997, era el que otorgaba las habilitaciones.

Antes que Omar Chabán se hiciera cargo de República Cromañón con el objetivo de instalar un estadio para que compitiera con el Luna Park y Obras en la realización de recitales de bandas de rock, en el local de Bartolomé Mitre 3060 funcionaba una bailanta que se denominaba El Reventón, cuya titularidad estaba a nombre de una empresa que se llamaba Lagarto SA.

A nombre de dicha firma figuraba la solicitud de habilitación presentada para que funcionara un local bailable. Según se ventiló en el juicio realizado por el Tribunal Oral N° 27, en la carpeta N° 10.294 se rechazó la habilitación; en el expediente N°46.309 se clausuró el local y, sospechosamente, sin que se hubiera realizado mejora alguna en el inmueble, en la carpeta N° 42.855 se habilitó.

Durante el debate se determinó que los tres expedientes fueron presentados en fechas distintas y tenían un mismo objetivo: solicitar la habilitación del local que funcionaba en Bartolomé Mitre 3060. “Solo el soborno explicaba que el 14 de abril de 1997, en el expediente 10.294, el inspector señalase que el local no podía ser habilitado porque violaba las normas vigentes”, sostuvo el fiscal Fabián Céliz, en su alegato.

Para la Justicia, quedó probado que el inspector falsificó las medidas del local que consignó en los planos cuando revisó el inmueble en el contexto del expediente por otorgamiento de la habilitación. Los peritajes realizados durante la investigación de la tragedia establecieron que local tenía 1800 metros cuadrados, sin embargo en los planos que se usaron para la habilitación se consignó una superficie de 1447 metros cuadrados, justo en el límite máximo de los 1500 metros cuadrados autorizados para el funcionamiento de un local de baile clase “C”.

Esa falsificación en el plano quedó inalterable con el paso de los años y tuvo consecuencias directas en el trágico incendio ocurrido el 30 de diciembre de 2004. Por ejemplo, en los planos confeccionados por el inspector corrupto se consignaron medidas diferentes con respecto a las puertas de emergencia. En el expediente se indicaba que medían 9 metros de ancho, pero, en realidad, tenían 7,56 metros.

Esto significa que las medidas que figuraban en los planos no se ajustaban a las del inmueble. Y las consecuencias las sufrieron las 3500 personas que concurrieron al recital de Callejeros. Al no ser lo suficientemente anchas, las puertas no permitieron que los espectadores pudieran abandonar el local cuando comenzó a caer del techo el ácido cianhídrico en forma de humo gris oscuro.

No era un humo cualquiera. Era veneno producto de la combustión de la espuma de poliuretano que había sido colocada como aislante de los ruidos y la media sombra que permitió que el fuego causado por la bengala arrojada por uno de los seguidores de Callejeros se expandiera en menos de dos minutos por todo el techo.

Candados y cadenas

Ese detalle y el de la puerta de dos hojas, indicada como “alternativa”, demuestran por qué Cromañón se convirtió en una trampa mortal en la que la gente quedó atrapada debido a la ausencia de puertas de emergencia instaladas según las medidas exigidas por ley.

A oscuras debido a que el fuego provocó un corte de energía, las 3500 personas que estaban en el local vieron el cartel amurado en el techo en el que, con letras blancas y fondo verde, se leía “salida de emergencia”. Este letrero actuó como llamador para que muchos espectadores se dirigieran a ese lugar para buscar la salida. Sin embargo, encontraron la muerte.

La puerta de dos hojas estaba cerrada con candados y cadenas. Este cronista llegó al boliche para realizar la cobertura informativa del incendio, en el momento que un grupo de personas hacía fuerza para afuera con el objetivo de abrir la puerta. Cuando pudieron romper las cadenas y los candados, del otro lado había una montaña de cuerpos, sin que se pudiera advertir cuáles estaban con vida y cuáles estaban muertos. La mayoría de ellos quedaron inertes con sus manos apoyadas en el metal que empujaron para abrir la puerta de emergencia que en el plano falsificado figuraba como “alternativa”.

“El ácido cianhídrico es un veneno que mata con mucha rapidez porque ataca a las células y se absorbe tanto a través de las vías respiratorias como por la piel. Alcanza con recordar que a las personas que los nazis mandaban a las cámaras de gas, se las desnudaba y les daban un baño caliente para que absorbieran más rápido el gas”, explicó el forense Osvaldo Raffo al declarar como testigo en el primer juicio oral, realizado entre 2008 y 2009 y que terminó con las condenas contra Chabán, los integrantes de la banda Callejeros, dos policías de la comisaría 7a. y tres funcionarios del Gobierno porteño.

Raffo recordó las ejecuciones realizadas por los nazis en los campos de concentración para explicar el efecto que causaron el ácido cianhídrico y el monóxido de carbono en las 194 víctimas de la tragedia ocurrida en República Cromañón.

“La corrupción fue la génesis de la tragedia. En el debate se había probado que el inspector recibió dinero de los accionistas de la firma Lagarto SA con el objeto, de que en su condición de funcionario dependiente de la Dirección General de Registros y Certificaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, elaborara un informe favorable respecto del local situado en Bartolomé Mitre 3060″, expresó el fiscal Céliz en su alegato en el último de los cinco juicios orales por el incendio en Cromañón.

Si bien la sentencia por cohecho pasivo y falsedad ideológica dictada en mayo de 2016 era de cumplimiento efectivo, el inspector que a cambio de una coima falsificó los planos para que la bailanta El Reventón, primero, y República Cromañón, después, funcionaran nunca estuvo preso.

En noviembre de 2021, el Tribunal Oral N° 27, por orden de la Sala II de la Cámara de Casación, decretó la prescripción de la acción penal por la falsificación de los planos. Mientras que cinco meses después, los jueces de Casación dictaron el sobreseimiento del inspector de la condena por cohecho.

“El local en cuestión se trataba de un miniestadio y allí radicaba el negocio, porque habilitar un miniestadio era muy oneroso (médicos, ambulancias, policías), no así un local bailable clase C”, indicó el fiscal en el alegato.

Para los jueces del Tribunal Oral N° 27 “la cantidad de irregularidades cometidas por el inspector, no son explicables a inexperiencia o a errores o distracciones apuntan a un solo móvil: ocultar todas las circunstancias antirreglamentarias que, de haber sido expuestas, hubieran imposibilitado la habilitación del local. Lo que hizo fue adaptar su dictamen a los planos de habilitación para favorecer la actividad de la sociedad explotadora del comercio”.

Otra irregularidad hallada durante la investigación de la tragedia de Cromañón fue que la plancheta de habilitación que usaba Chabán como responsable del boliche estaba a nombre de Lagarto SA. Nunca había cambiado de razón social.

Baterista y femicida

El único de los 19 condenados por el incendio en Cromañón que sigue preso es Eduardo Vázquez. El baterista de la banda Callejeros ya agotó los seis años de prisión que le impusieron por “estrago culposo seguido de muerte y cohecho activo”. Vázquez sigue en la cárcel porque debe cumplir la condena a prisión perpetua que le dictaron al considerarlo autor del homicidio de su pareja, Wanda Tadei.

A diecinueve años de la tragedia sobrevivientes y familiares de las víctimas reclaman el pago de indemnizaciones dispuestas por la Justicia.

José Iglesias, padre de Pedro, uno de los 194 fallecidos, representa a doscientos damnificados; la mayoría de ellos no cobró las demandas. “Hace 19 años que planteamos los reclamos en el fuero contencioso administrativo. Pero los distintos procuradores y los diferentes jefes de gobierno presentaron recursos y quejas para no pagar los juicios. Así se licuaron los montos fijados por la Justicia y se dilataron los juicios que, en algunos casos, no tienen sentencia. Hay 1900 demandas radicadas por familiares de víctimas y sobrevivientes y la mayoría sigue esperando”, concluyó Iglesias.

Además de la falta de sentencia en los juicios iniciados por los familiares de las víctimas y los 1500 sobrevivientes, todavía no se cumplió con la ley 27.695, que ordenó la expropiación del inmueble donde funcionaba República Cromañón debido a que fue declarado Monumento Histórico Nacional

En la actualidad, el predio sigue en poder de Rafael Levy, el dueño, también condenado por su relación con Chabán y con la explotación comercial del local. Hace tres años, un grupo de operarios del gobierno porteño limpiaron el local y se llevaron las zapatillas y prendas de las víctimas y sobrevivientes que quedaron en el lugar la noche de la tragedia, como símbolo de la desesperación de aquellos que no pudieron escapar de la trampa mortal en la que se convirtió el boliche.

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