ADN del crimen. Presos en comisarías bonaerenses, una bomba de tiempo que nadie desactiva

Las comisarías de la policía bonaerense son una bomba de tiempo. La superpoblación de detenidos provocó fugas y revueltas cada vez más frecuentes. Aunque la cantidad de presos alojados en los calabozos de las seccionales de la fuerza de seguridad bonaerense está por debajo del máximo histórico, cada comisaría tiene el doble de la cantidad máxima de presos permitida. Esta situación tiene dos causas: la falta de cupos en las cárceles bonaerense con una superpoblación de casi el ciento por ciento y la cantidad de comisarías con calabozos clausurados que derivaron en el recargo de otras seccionales.

Por ejemplo, en el Departamento Judicial San Martín hay nueve seccionales con los calabozos clausurados. Allí, los jueces no pueden mandar detenidos a las comisarías de José C. Paz 1°y 3°; Tres de Febrero 2°, 7°, 1°, 4°y 3°; San Martín 5°, San Miguel 3°. El resto de las seccionales tienen el doble de los detenidos que pueden alojar.

Actualmente, en las comisarías bonaerenses hay 3650 presos detenidos, una cifra bastante inferior a los 6000 internos que alojaban en mayo de 2005, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo en el que ordenó al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que revirtiera las condiciones inhumanas de confinamiento existentes.

No obstante, el hacinamiento, la superpoblación, las fugas y los motines crecieron, debido a que no hubo inversión por parte del Poder Ejecutivo provincial para ampliar la capacidad de los calabozos que, en muchos casos fueron clausurados por cuestiones humanitarias debido a que hubo comisarías en las que, por ejemplo, los presos dormían en los baños, o se turnaban para dormir porque no había lugar en las celdas para colocar colchones.

Además de San Martín, otro de los distritos más afectados por la superpoblación en las comisarías es Merlo. El lunes pasado huyeron cuatro de los 29 presos alojados en la seccional 3°. Dos de los evadidos estaban procesados por homicidios. Uno de ellos, identificado por fuentes policiales como Brígido Achucarro González estaba acusado de ser el presunto autor material del asesinato del empresario Gabriel Esteban Izzo.

Según consta en la investigación encarada por el fiscal Morón, Claudio Oviedo, el acusado Achucarro González fue uno de los cinco asaltantes que, el 9 de junio pasado, irrumpieron en el chalet de dos plantas, situada en Italia y Rivadavia, en San Antonio de Padua para robar en la casa en la que vivía la víctima junto a su esposa Silvana Petinari.

Debido a los ruidos provocados por la rotura de la persiana de madera de gruesos listones, Izzo y su esposa, que en ese momento dormían en la planta alta, se despertaron; entonces, el empresario descendió y al llegar al living encontró a los asaltantes.

En ese instante comenzó un tiroteo que terminó Izzo muerto de cuatro balazos y uno de los asaltantes herido. Uno de los ladrones era Achucarro González, señalado como el presunto autor de los disparos que mataron al dueño de casa.

Pero Achucarro González no fue el único recluso en huir de la comisaría situada en el barrio Parque San Martín, de Merlo. Según fuentes policiales, los otros evadidos fueron identificados como Ricardo Néstor Acevedo, también procesado por su presunta responsabilidad en un homicidio ocurrido en 2021 y que había sido detenido el 20 de julio pasado; José Luis Vega, acusado por robo agravado, y Carlos Fernando Ramos Mansilla, imputado en un expediente penal por encubrimiento. El último de ellos fue recapturado doce horas más tarde.

La evasión masiva fue descubierta por uno de los policías que, al realizar el recuento de detenidos, advirtió que faltaban cuatro de los 29 presos alojados en dicha seccional. Al revisar el libro de guardia de la comisaría, los investigadores judiciales determinaron que se había consignado la presencia de una dotación de siete efectivos. Pero, en realidad había siete policías para custodiar a 29 presos.

Anteanoche, otra seccional de Merlo fue escenario de un motín. Se trató de la comisaría 1°, de dicho distrito, situada frente a la Municipalidad local. Los policías tuvieron que cortar el tránsito en la manzana para permitir el despliegue de los grupos especiales que tuvieron que intervenir para contener a los presos que amenazaban con incendiar los calabozos si no mejoraban las condiciones de detención.

Las revueltas y fugas en la comisaría del barrio Parque San Martín, de Merlo, fueron una constante durante los últimos cinco años. El 5 de enero de 2018, siete presos encabezaron una revuelta que duró más de doce horas. Incendiaron colchones y tomaron a un policía como rehén. De milagro no hubo muertos. En julio de 2020 y el 29 de noviembre pasado se registraron otros motines que terminaron con parte de los calabozos destrozados.

Las fugas y motines como los que ocurrieron en Merlo se repitieron en otros distritos del conurbano. Por ejemplo, en abril de este año tres de los 16 presos alojados en la comisaría 10°, de Tres de febrero huyeron después de amenazar con una punta de metal incrustada en un madero a uno de un policía asignado a la custodia de los calabozos, que no logró ponerle un candado a la celda.

Los tres presos llegaron a la calle y robaron un Peugeot 408 que circulaba a dos cuadras de la seccional. El auto fue abandonado en la esquina de Gutemberg y Argerich en Villa Del Parque. Dicha comisaría tiene capacidad para alojar a cinco detenidos, pero en el momento de la evasión había 16 presos.

Una semana después, la seccional 1° de Avellaneda fue escenario de una nueva fuga en una comisaría de la policía bonaerense. Según fuentes oficiales, cinco presos huyeron después de romper los barrotes de la celda y escapar por el techo.

Al revisar el lugar, los funcionarios de la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense, encontraron en el baño de uno de los calabozos los barrotes cortados de la ventana se utiliza como ventilación. Luego, los presos llegaron a un patio y, desde allí, subieron al techo con ayuda de una soga hecha con sábanas anudadas.

Tres días más tarde, hubo otra fuga de presos en una seccional de la policía bonaerense. Ocurrió en Villa Celina, en la comisaría situada en Ugarte 850. El efectivo asignado a la custodia de los calabozos advirtió que un detenido había salido de la celda y solicitó apoyo de uniformados para lograr la evasión del preso. Tras lograr reducir a ese detenido, otros apresados agredieron a policías que intervinieron en el hecho y lograron huir.

Mientras que en mayo pasado, Julio Alexander Oyarse Raio, de 32 años, que había sido detenido el 22 de marzo, luego de una cinematográfica persecución y tiroteo por la zona de Castelar, huyó de la comisaría 1°, de Morón, después de forzar una de las barras de la reja que daba a un patio interno. En dicha seccional los calabozos tenían capacidad para alojar a trece detenidos. Pero en el momento de la fuga, había 48 presos.

Cárceles colapsadas

Las comisarías de la policía bonaerense no deberían alojar detenidos. Las seccionales están superpobladas porque las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) están colmadas y no tienen lugar para recibir a más detenidos.

Actualmente, los penales bonaerenses tienen 50.600 presos alojados en las distintas cárceles de la provincia. Se trata del récord histórico de población carcelaria. El problema radica en que los penales bonaerenses tienen capacidad para contener a 27.000 internos. Además, la población carcelaria no disminuye, al contrario, aumenta. Cada mes, al realizar el balance entre los presos que egresan y los que ingresan se suman 200 nuevos detenidos.

La situación podría tener algún alivio a mediados de este mes cuando se inauguren dos unidades penales con capacidad para alojar a mil presos cada una en Merlo y una alcaldía para 320 detenidos. Para descomprimir la superpoblación carcelaria sería necesario construir una alcaidía por año y una cárcel para mil presos cada dos años, afirmaron los funcionarios judiciales que conocen la problemática penitenciaria.

La superpoblación en las comisarías también complica el funcionamiento de la Policía de Ciudad. Las seccionales porteñas tienen alojados más de 800 presos. Antes de la pandemia, había 61 detenidos. Pero, a partir de 2020, el Servicio Penitenciario Federal (SPF), que no tiene la superpoblación de las cárceles bonaerenses, se negó a recibir a los presos alojados en las seccionales de la Ciudad.

Según Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño, “en la Ciudad tenemos presencia policial; siempre a uno le gustaría que fuera mayor, pero estamos con un problema, que es la discusión con el Gobierno nacional, porque hay muchos presos en comisarías que el Gobierno nacional no se los recibe”.

Por la superpoblación en las comisarías porteñas hubo motines y fugas que, antes de la pandemia no ocurrían. Explicó que la Policía de la Ciudad se ve obligada a asignar muchos efectivos para la atención de este problema

“La Ciudad no tiene servicio penitenciario. Es una responsabilidad federal”, advirtió el jefe de Gobierno porteño.

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