ADN del crimen. La mortal simbiosis entre los barras y los comisarios
LA NACIONGustavo Carabajal
Hace más de cuarenta años Mario Alberto Kempes fue testigo de un episodio que puso en evidencia la complicidad entre barrabravas y policías. En 1976, Rosario Central transfirió al futbolista al club Valencia, de España, en US$600.000. Entonces, un grupo de siete simpatizantes visitó a Kempes y le sugirió que "no era un buen momento para dejar Central". Uno de los miembros del grupo radicalizado de la hinchada de Rosario Central que rodeó a Kempes era Ricardo Milicic, oficial inspector en la policía de Santa Fe.
A fines de 2002, Milicic fue designado como jefe de la fuerza de seguridad de esa provincia. Dos años antes, en su despacho de la Unidad Regional de Melincué, ante un grupo de periodistas, el jefe policial admitió su pertenencia a la barra brava de Rosario Central.
"Hubo una época en la que iba a la cancha con los muchachos de la barra, pero cuando me ascendieron dejé de ir; no quedaba bien", respondió Milicic en su oficina decorada con merchandising de Central.
Milicic fue separado de su cargo como jefe de la policía de Santa Fe en 2003, después de la denuncia de Norma Castaño en la que puso al descubierto que los efectivos no hacían nada para combatir la venta de drogas en su barrio de la capital provincial. A pesar del paso de los años, los vínculos entre policías y barrabravas siguen.
En los últimos días, la barra brava de Rosario Central fue noticia nuevamente. Andrés Guillermo Bracamonte, hijo de Andrés Bracamonte, alias Pillín, supuesto jefe de la hinchada del equipo de Arroyito, fue detenido cuando intentaba cruzar de Buenos Aires a Santa Fe y así llegar a territorio seguro, donde es un intocable para la policía.
Al llegar a Zárate, un grupo de efectivos dela policía bonaerense apresó al hijo de Pillín Bracamonte, acusado de atacar y golpear en la cabeza a Matías Montín, en Playa Grande, en Mar del Plata.
La protección policial que su padre habría armado en Santa Fe no llegaba a Buenos Aires y el menor de los Bracamonte quedó preso.
Ese paraguas protector se habría sustentado en la relación entre el exjefe de la policía de Santa Fe Marcelo Villanúa y Bracamonte. El vínculo habría comenzado cuando ese comisario estaba al mando de la Unidad Regional II, de Rosario.
Tan grande era la influencia de Bracamonte que sugería los nombres de los oficiales que debían ser designados en las comisarías de Rosario con jurisdicción en el estadio Monumental de Arroyito.
En agosto pasado, la Justicia allanó su casa en un country de Iberlucea en las afueras de Rosario y ordenó su detención por presunto lavado de dinero. Villanúa dejó su cargo como jefe de la policía de Santa Fe a partir de que Omar Perotti asumió como gobernador.
Desde 2013 a la actualidad, más de un centenar de efectivos de la policía de Santa Fe fueron procesados y condenados por proteger a distintas bandas de narcotraficantes, como Los Monos, los Funes, los Camino o los Ungaro. En el caso de Los Monos, uno de los integrantes de ese clan, Ariel "Pájaro" Cantero, formó parte de la barra brava de Rosario Central, su rostro estampado en un gigantesco telón que cubría una de las tribunas del Monumental de Arroyito apareció desplegado en 2015, al cumplirse un año del asesinato de uno de los jefes de la banda narco. Ese telón no podía haberse desplegado sin la autorización de Bracamonte ni de la policía.
Pero la complicidad entre policías y barrabravas no ocurrió solamente en Santa Fe. En territorio porteño y en los estadios del conurbano también hubo episodios en los que quedaron al descubierto los vasos comunicantes entre uniformados y los hinchas violentos. Eso lo conoce bien el exjuez de Instrucción Mariano Bergés, uno de los magistrados que más combatieron la connivencia entre barrabravas y policías.
Instruyó dos causas en las que uniformados y barras aparecían como coimputados. Uno de esos expedientes tuvo como acusado a Rafael Di Zeo, su hermano Fernando y Santiago Lancry, presuntos jefes de la barra brava de Boca. En ese mismo sumario, el magistrado imputó a un comisario mayor, un comisario inspector, al jefe de la seccional 24a. con jurisdicción en la cancha de Boca y a dos subcomisarios por liberar la zona para que la barra brava xeneize ingrese en la tribuna asignada a la hinchada de Chacarita durante el partido disputado el 31 de agosto de 2003. Durante la investigación de este hecho de violencia en el fútbol quedó en evidencia otro episodio de la complicidad entre policías y barrabravas.
El juez Bergés había ordenado la captura de Rafael Di Zeo por la emboscada contra la hinchada de Chacarita. El 2 de octubre de 2003, huyó de los policías que irrumpieron en un departamento de Ramón Falcón al 2300. Ante la sospecha de la complicidad policial, el magistrado recurrió a los detectives de la División Sustracción Automotores, un área que no se relacionaba con la lucha contra los barrabravas, para poder apresar a Di Zeo.
En otro expediente, Bergés acusó a tres integrantes de la plana mayor de la Policía Federal por organizar una banda de uniformados que cobraba a los clubes por prestar servicios de seguridad en las canchas que no se realizaban. Esta situación favorecía a los barrabravas que tenían la zona liberada para desarrollar sus actividades delictivas.
Actualmente, Bergés se desempeña como abogado y, desde la ONG Salvemos al fútbol, sigue con su lucha contra los violentos.
Conurbano violento
En territorio bonaerense también se tejieron redes entre policías y barrabravas. En 2016, como director de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), Juan Manuel Lugones, separó de su cargo al comisario inspector Javier Fredes, quien asignaba a los policías que debían custodiar cada estadio.
Este comisario fue sorprendido en Córdoba cuando custodiaba a la barra brava de River que había viajado a esa provincia para presenciar un partido entre el equipo millonario y Talleres. Fredes no pudo justificar su presencia fuera de la jurisdicción y tuvo que afrontar un proceso en Asuntos Internos.
En tanto, el jefe de la seccional 9a. de La Plata fue separado de la policía bonaerense por permitir que los barrabravas de Gimnasia instalaran puestos de venta de comida en las adyacencias del estadio, de 60 y 118. Además, los funcionarios de Asuntos Internos grabaron el momento en que, el 8 de mayo de 2016, los policías detuvieron a quince hinchas de Gimnasia. Pero, en el libro de guardia de la comisaría, solo se consignó la detención de un simpatizante. Los demás fueron liberados, previo pago de una coima al jefe de la seccional.
El desplazamiento del jefe de la comisaría 9a. terminó con la protección que tenía Cristian Camilleri, alias Volador, supuesto jefe de la barra brava de Gimnasia. Después de tres años en la clandestinidad, Camilleri, reapareció con la barra brava en la Casa Rosada, durante el velatorio de Diego Maradona, el 26 de noviembre pasado.
A partir de la designación de las nuevas autoridades del kirchnerismo en el Ministerio de Seguridad, Lugones dejó su cargo en el Aprevide y comenzó a recibir los embates de aquellos comisarios a los que desplazó por proteger a los barrabravas. El exfuncionario denunció que, con las declaraciones como testigos del mencionado Fredes y de cuatro oficiales a los que había denunciado, le armaron una causa en su contra por supuestas amenazas, abuso de autoridad y abuso deshonesto.
"Luchar contra las mafias tiene su costo y me lo están haciendo pagar", concluyó Lugones.
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