ADN del crimen: nadie se hace cargo de los presos liberados
Pidieron el juicio político del magistrado que benefició al motochorro Alejandro Ochoa
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LA NACIONGustavo Carabajal
Antes que el magistrado Daniel Riquert, que benefició al motochorro que mató a la psicóloga social María Rosa Daglio, hubo otros jueces, en la ciudad de Buenos Aires, San Martín y Entre Ríos, que liberaron a presos que salieron de la cárcel y mataron.
En las últimas horas, el juez marplatense fue denunciado por liberar a Alejandro Ochoa en contra de la opinión de dos fiscales y del juez de ejecución. La denuncia contra el juez de la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Mar del Plata fue presentada ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados bonaerense.
La denuncia por presunto mal desempeño contra ese magistrado fue realizada por el diputado nacional Alberto Asseff.
En una resolución dictada el 29 de abril pasado, Riquert concedió la excarcelación a Alejandro Miguel Ochoa a pesar de que la condena a ocho años y medio de prisión vencía en agosto de 2024.
Ochoa había sido sentenciado por asaltar, en Mar del Plata, a Giovana, una estudiante rosarina de Medicina que estaba de vacaciones en la ciudad balnearia. La modalidad de ataque aplicada por Ochoa fue la misma que utilizó contra María Rosa, en Ramos Mejía, hace ocho días y, el 15 de marzo pasado, contra Raquel, una vecina de Castelar a la que arrojó al piso luego de subir con su moto a la vereda y tironearle la cartera. Ochoa elegía asaltar a mujeres que caminaban solas.
Al excarcelar a Ochoa, sin el monitoreo de la tobillera electrónica, el juez Riquert consideró la conducta “10” que tenía en la cárcel de Batán y su asistencia a clases de yoga, de teatro y de ajedrez. En cambio, el magistrado no tuvo en cuenta el dictamen del fiscal de ejecución penal de dicho departamento judicial, Marcelo Blanco, que sostuvo que Ochoa “no resulta paciente de riesgo respecto del Covid-19”.
En octubre pasado, Ochoa fue detenido nuevamente cuando intentó asaltar a una mujer en Castelar. Presentó un DNI a nombre de su hermano y fue liberado desde la comisaría. Cuando en la fiscalía recibieron los antecedentes y advirtieron quién era realmente el motochorro ordenaron la captura. Pero la policía no lo buscó. Volvieron a verlo hace ocho días cuando atacó a la psicóloga social en Ramos Mejía.
Ninguno de los otros magistrados acusados de liberar a presos que mataron mientras gozaban del beneficio fue destituido por resolver a favor de los acusados.
Beneficios mortales
Los jueces Nicolás Schiavo, Axel López y Carlos Rossi, que excarcelaron a los asesinos de la familia Rabago Mansilla, Soledad Bargna y Micaela García, respectivamente, siguen en funciones.
En 2007, Schiavo, quien se desempeña como juez de garantías de San Martín, concedió la prisión domiciliaria, con el monitoreo de la tobillera electrónica, a Ángel Antonio Fernández, alias la Bestia.
Fernández había sido condenado a 25 de años de cárcel por robo calificado, violación y homicidio. La pena que le impuso el tribunal oral que lo juzgó en 1990 se vencía el 4 de febrero de 2012. En 2002, a pesar de la gravedad del delito que cometió, el tribunal oral le concedió la libertad condicional porque había cumplido los dos tercios de la condena.
El 19 de octubre de 2006, Fernández fue nuevamente detenido acusado de tenencia ilegal de un arma de fuego. En diciembre de ese año, el juez de garantías de San Martín, Mariano Gramático, le dictó la prisión preventiva por el nuevo delito, cometido mientras gozaba de la libertad condicional. La resolución de Gramático fue confirmada por la Cámara de Apelaciones y Garantías el 9 de enero 2007, teniendo en cuenta los antecedentes de peligrosidad de Fernández, un violador y homicida que salió de la cárcel y volvió a robar con armas.
Un mes después, el defensor de Fernández presentó un pedido para que se atenuara la prisión preventiva del condenado. En ese momento, el juzgado de garantías era subrogado por Schiavo. El 16 de febrero de 2007, Schiavo hizo lugar a la morigeración de la prisión preventiva y concedió al condenado por homicidio, la posibilidad de seguir preso, pero en su casa, monitoreado con una tobillera electrónica.
El magistrado otorgó la prisión domiciliaria a pesar del informe socioambiental que indicaba que “la familia de Fernández ocupa ilegalmente la vivienda en la que vive, existe una ausencia de un ingreso adecuado para cubrir las necesidades básicas y tienen dificultades para lograr una movilidad social que les permita mejorar su calidad de vida”.
Esto significa que el imputado no contaba con los medios para alimentarse ni para pagar el teléfono, requisito indispensable para poder acceder a la libertad vigilada, cuyo monitoreo se realiza a través de una pulsera electrónica conectada a la línea telefónica
Un año y medio después de recibir el beneficio, Fernández encontró la oportunidad para vengarse de la pareja que lo había denunciado por integrar una banda de asaltantes que usaban una casa de José C. Paz, como aguantadero.
Cuando Roberto Mansilla; su esposa, Sandra Rabago, y sus dos hijos fueron asesinados supuestamente por Fernández, la línea telefónica estaba cortada por falta de pago desde el 12 de julio y nunca fue abonada. A pesar de esa irregularidad, el imputado siguió gozando de la prisión domiciliaria.
Cuando salió de prisión, a pesar de que tenía la tobillera electrónica, Fernández decidió concretar su venganza. Junto con tres cómplices, secuestró a Mansilla, a su esposa, Sandra, de 37 años, y a sus hijos Agustín, de 12, y Milagros, de 8. La familia Rabago Mansilla había sido vista por última vez el 24 de julio de 2008. Cinco días después, la pareja apareció asesinada en una alcantarilla, al costado de la Panamericana, en Campana. Los policías hallaron los cuerpos de los niños a trescientos metros.
Ninguno de los responsables del centro de monitoreo de las tobilleras electrónicas del Ministerio de Justicia bonaerense advirtió esa irregularidad.
En 2009 Schiavo enfrentó un jury promovido por diputados del Frente para la Victoria, el organismo de enjuiciamiento desestimó el juicio debido a que no encontró elementos que probaran una actuación fuera del marco legal.
Defendido por Zaffaroni
El juez de ejecución penal Axel López también fue absuelto en el juicio por haber concedido salidas transitorias a Pablo Marcelo Díaz condenado por asesinar a Soledad Bargna, en Caballito. El exministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Eugenio Zaffaroni defendió al juez López en el proceso.
También fue absuelto el juez de ejecución de Entre Ríos Carlos Rossi, que liberó a Sebastián José Luis Wagner, quien mientras gozaba de ese beneficio asesinó a Micaela García, en Gualeguaychú.
Todos los jueces cuestionados siguen en funciones. La ley indica que en el momento de beneficiar a un preso el magistrado “podrá” considerar los informes de los equipos interdisciplinarios. Esto significa que no son vinculantes y la decisión de liberar al condenado queda a criterio del magistrado.
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