ADN del crimen. Los vecinos llegan siempre antes que la policía en las búsquedas

Desaparecieron en épocas distintas y la cobertura informativa de los operativos para encontrarlas se asemejaba a una cadena nacional. Esas historias tuvieron finales distintos. Eliana, en 1993, y M., hace dos días, fueron rescatadas sanas y salvas. A Candela Rodríguez, en 2011, y a Sheila Ayala, en 2018, las asesinaron. A pesar del despliegue de policías, ninguna de las cuatro niñas fue hallada por efectivos de las fuerzas de seguridad. En todos los casos, las menores fueron encontradas por vecinos que alertaron a la policía.

A Eliana, que fue robada de la maternidad del Hospital Santojanni por una mujer que se hizo pasar por médica, la rescataron porque un vecino de Bella Vista llamó a la policía, motivado por la recompensa de US$15.000 que había ofrecido la producción de un programa de televisión. Mientras que M. fue hallada por dos vecinos de Luján que alertaron al 911

Candela y Sheila tampoco fueron encontradas por los policías que realizaron operativos cinematográficos. Dos cartoneras hallaron el cuerpo de Candela, de 11 años, a veinte cuadras de su casa, en Villa Tesei, a pocos metros del Acceso Oeste, en una zona que horas antes había sido rastrillada por la policía. A Sheila la encontró un vecino del complejo Campo Tupasy, en San Miguel. Le llamó la atención el olor pestilente que salía del hueco entre paredes. Durante los cuatro días que la policía la buscó, el cuerpo de la menor estuvo a pocos metros de su casa.

Sheila había desaparecido el 14 de octubre de 2018 mientras jugaba en la improvisada plaza del complejo. Su búsqueda se convirtió en una cruzada nacional. Era una niña vulnerable que vivía con su padre y su madrastra debido a que la progenitora había sido denunciada por presunta comercialización de drogas.

Leonela, la tía y madrina de la niña, embarazada de más de ocho meses, acusó al entorno de la madre de la desaparición de la niña. La búsqueda de Sheila demandó una gran cantidad de efectivos de la policía bonaerense. Durante cuatro días, los uniformados recorrieron los barrios en los que vivían la familia paterna de la menor y la madre de la niña, en Moreno.

Todos los rastrillajes tuvieron resultado negativo. Hasta que el 18 de octubre, por la tarde, un bombero, vecino del complejo donde vivía la niña, alertado por un vecino de la planta baja, apoyó una escalera en la pared que separa el complejo del predio de una empresa recolectora de residuos y se asomó al hueco de cincuenta centímetros entre las medianeras.

Allí comenzó a buscar el origen de ese olor que invadía el departamento de la planta baja, al lado del hueco. El bombero no tardó en encontrar un colchón que cubría dos bolsas de nylon negras unidas en el medio con una cinta de embalar, transparente.

Entonces, el vecino alertó a la policía. En ese momento, más de 400 los efectivos de la fuerza de seguridad provincial rastrillaban ambas orillas del río Reconquista. Lejos de la casa de la víctima.

La madrina de la niña y su esposo, Fabián Ezequiel González Rojas, fueron detenidos, acusados del femicidio de Sheila.

Mientras estaba presa en la Comisaría de la Mujer, en Malvinas Argentinas, Leonela comenzó con contracciones y fue trasladada de urgencia al Hospital del Trauma, donde nació su hijo.

Otro de los elementos que fundó la sospecha del fiscal Gustavo Carracedo sobre Leonela y su esposo fue el informe del médico legista que los revisó y que encontró lesiones en los brazos de la pareja, compatibles con heridas de defensa.

Después de revisar las pruebas aportadas por la defensa de Leonela, que demostró que no estuvo en el predio el domingo que desapareció Sheila, el representante del Ministerio Público de San Martín dispuso el sobreseimiento de la madrina de la víctima y solicitó que el esposo de Sheila sea sometido a juicio oral.

Según fuentes judiciales, el debate comenzará el 27 de septiembre y las audiencias se desarrollarán hasta el 5 de octubre. Mientras que el 29 de abril se realizará la audiencia de ofrecimiento de pruebas y de testigos.

Actualmente, González Rojas está detenido, con prisión preventiva confirmada por la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Martín. Mientras que Leonela se mudó del barrio, formó pareja nuevamente y tuvo otro hijo.

Nueve años antes del femicidio de Sheila, el 31 de agosto de 2011, dos cartoneras hallaron, al costado de la colectora del Acceso Oeste, una bolsa de nylon negra de la que salía una mano. Ambas mujeres alertaron a un policía custodiaba la zona comercial instalada en el cruce de la autopista y la avenida Vergara. Con ese aviso, las cartoneras le pusieron fin a nueve días de búsqueda en los que cientos de policías no pudieron encontrar a Candela, la niña, de 11 años que había salido de su casa el 22 de agosto, para concurrir a una reunión del grupo parroquial, en Villa Tesei.

Pero, igual que en el caso Sheila, la policía no encontró a Candela. El cuerpo de la niña fue hallado en un lugar que, horas antes, había sido rastrillado por los efectivos. Debido a un llamado al número de emergencias 911 que alertó sobre la presencia de un cuerpo, en el río Reconquista, los efectivos dejaron de buscar en ese sector del Acceso Oeste.

Cuando los policías abandonaron el lugar para seguir la pista falsa, los asesinos de la niña abandonaron el cuerpo en el baldío, a veinte cuadras de su casa. El gobernador bonaerense Daniel Scioli y el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, acompañaron hasta el lugar a la madre de la víctima para reconocer el cuerpo.

El caso que cambió la ley

Distinto final tuvo la búsqueda de Eliana. Tenía pocas horas de vida cuando, el 29 de abril de 1993, una falsa médica irrumpió en la sala de neonatología del hospital Santojanni y se llevó a la bebe, sin que nadie la detuviera.

Ante la desesperación de Gladys, la madre de la niña, los vecinos de Ciudad Oculta donde vivía, se movilizaron y realizaron cinco marchas, desde Juan Bautista Alberdi y Lisandro de la Torre hasta la comisaría 48a, de la Policía Federal, para reclamar por la aparición de la recién nacida.

Tan masiva fue la repercusión del reclamo y la conmoción provocada por el caso que el periodista Bernardo Neustadt ofreció una recompensa de US$15.000 para la persona que aportara datos que permitan encontrar a Eliana.

Sin embargo, los investigadores de la Policía Federal, de la División Seguridad Personal, de esa época y de la comisaría 48a. resultaron ineficientes para encontrar a la niña. Tampoco pudieron hallar a la mujer, rubia que vestida con jeans y guardapolvo blanco, se hizo pasar como médica, ingresó en el hospital y se llevó a la recién nacida.

Doce días después, un vecino de Sourdeax 70, a pocos metros de la antigua ruta 8 y cerca de la Puerta 4 de Campo de Mayo, llamó a uno de los números telefónicos que se difundían para que se comunicaran aquellos que podían aportas datos.

El vecino de Bella Vista afirmó que conocía el caso de una mujer que, sospechosamente, en febrero, apareció con un embarazo de cinco meses y, a fines de abril, llegó al barrio con una recién nacida, sietemesina. Antes de cortar el llamado, el informante dejó expresamente consignado que quería cobrar la recompensa.

Ese día tres grupos de detectives de la Policía Federal se dirigieron a Bella Vista para verificar los dichos del vecino. Luego de vigilar la casa señalada por el informante, solicitaron autorización al juez de Instrucción para irrumpir en la vivienda. Cuando los efectivos ingresaron en la casa, María Rosa del Valle Díaz se encerró en el baño con su hija, a la que llamaba María Belén. Acorralada y con su mentira del falso embarazo expuesta, se quitó la vida con un balazo en la cabeza. Con la muerte de Díaz, la Justicia no pudo llegar hasta la mujer que robó a Eliana del hospital y que formaba parte de una organización dedicada a la sustracción de menores.

Hasta el caso Eliana, el artículo 146 del Código Penal castigaba con un máximo de 5 años de prisión el delito de sustracción de menores. Pero, a raíz de la conmoción pública causada por el robo de la recién nacida, los legisladores sancionaron la ley que modificó dicha norma legal y agravó la pena de cinco a quince años de prisión para los condenados por la sustracción de menores. Esa es la pena que podría aplicarle la Justicia a Carlos Savanz, detenido hace dos días por secuestrar a M. de 7 años.

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