ADN del crimen. Los condenados por el asesinato de Báez Sosa hacen tareas de jardinería mientras esperan aislados la resolución de Casación

Los ocho condenados por el homicidio de Fernando Báez Sosa comenzaron a vivir horas decisivas. Dos jueces de la Cámara de Casación Penal bonaerense empezaron a analizar los recursos presentados por el abogado que representa a los imputados del crimen, que solicitó que se revoque la sentencia a prisión perpetua dictada por el Tribunal Oral N° 1, de Dolores. Mientras esperan la resolución sobre los recursos presentados por su abogado defensor, los ocho condenados siguen presos en la Alcaidía Roberto Pettinato, en La Plata. Allí realizan tareas de jardinería, salen al patio una hora por día, están aislados del resto de la población penal y reciben las visitas de sus familiares.

A fin de diciembre vence el primero de los plazos de seis meses establecidos por la ley para que el mencionado tribunal dicte una resolución sobre el planteo de revocatoria presentado por la defensa de los condenados. El Código Procesal Penal bonaerense determina que dicho plazo puede prorrogarse por otros seis meses.

De acuerdo a la cantidad y complejidad de los recursos que ingresaron en el mencionado tribunal durante los últimos treinta días, los magistrados podrían tomarse esos seis meses establecidos por la ley y postergar la resolución sobre la sentencia del caso Báez Sosa, hasta marzo o abril de 2024.

Según fuentes judiciales, los camaristas Florencia Budiño y Fernando Mancini, además del recurso presentado por la defensa de los ocho condenados por el homicidio del joven estudiante de Derecho, deben revisar distintos planteos realizados en causas complejas como la que tiene como detenido al puntero político del Frente Renovador y del PJ, Julio Segundo Rigau, alias Chocolate.

Además, en la Sala II del tribunal penal más importante de la provincia de Buenos Aires quedaron radicados los recursos planteados por los abogados de los acusados por la muerte de Diego Maradona, que cuestionaron la requisitoria de elevación a juicio oral y también, deben analizar el planteo del Ministerio Público de San Isidro contra la sentencia que absolvió a Nicolás Pachelo por el asesinato de María Marta García Belsunce.

Mientras los camaristas Budiño y Mancini analizan el recurso presentado por el abogado Hugo Tomei, los ocho condenados por el homicidio de Fernando Báez Sosa seguirán detenidos.

Hasta el momento no surgieron indicios de que hubiera diferencias de criterio entre ambos camaristas. En caso que votaran en disidencia, será necesario convocar a un camarista de otra sala para desempatar.

Máximo Pablo Thomsen, Enzo Tomás Comelli, Ayrton Michael Viollaz, Ciro Pertossi, Lucas Fidel Pertossi, Matías Franco Venicelli, Blas Cinalli y Luciano Pertossi, condenados por el asesinato del joven estudiante de Derecho, ocurrido el 18 de enero de 2020, en la puerta del boliche Le Brique, en Villa Gesell, comparten un mismo pabellón, con un solo baño y con cuatro calabozos para dos internos cada uno. Se cocinan y se encargan de limpiar el pabellón.

La última vez que los ocho condenados salieron del lugar de alojamiento fue el 15 de agosto pasado, cuando los trasladaron al Tribunal de Casación, para participar de la audiencia de presentación de argumentos ante los camaristas que deben revisar el recurso para que se revoquen las condenas a prisión perpetua para cinco de ellos y de 15 años de prisión para Cinalli, Viollaz y Lucas Pertosi.

Antes de finalizar la audiencia, la presidenta del tribunal comunicó al equipo de letrados que representa a los condenados que tenían la posibilidad de hablar. Thomsen fue el único de los sentenciados que pidió la palabra. Prefirió no mirar a Graciela Sosa y a Silvino Báez, los padres de la víctima, que presenciaron la audiencia de ampliación de los fundamentos de las apelaciones.

Carente de empatía y sin mostrar emociones, Thomsen se puso de pie y dijo: “Nunca quisimos matar a nadie. No planeamos matar a nadie. Ningún funcionario de la fiscalía nos explicó por qué nos detuvieron. Nos metieron presos sin decirnos nada y sin advertirnos que nos acusaban de un delito”.

Vestido con un buzo azul con capucha y pantalón gris, Thomsen se sentó en la primera de las tres filas de asientos designados para los ocho condenados.

Muy cerca de los jóvenes que mataron a su hijo, Graciela y Silvino escucharon el frío relato del agresor que dejó la marca de la suela de su zapatilla en el rostro de Fernando. Dicha impronta fue provocada al pegarle un pisotón en la cabeza, mientras Fernando estaba en el piso, sin posibilidad de defenderse por la andanada de golpes y patadas que le asestaron Thomsen y otros condenados, según consignaron los jueces del tribunal dolorense en los fundamentos del veredicto.

Los otros siete jóvenes que recibieron penas por el homicidio en Villa Gesell optaron por no hablar en la audiencia. Ninguno de ellos pudo mantener la mirada erguida durante la exposición de Graciela.

“No tengo nada por qué vivir. Lo único que me motiva para seguir adelante es luchar por mi hijo, para que se haga justicia. Mi vida se rompió el 18 de enero de 2020. Mi hijo fue a pasar unos días de vacaciones y me lo devolvieron en un cajón”, expresó, conmovida, Graciela, mientras los ocho condenados por el homicidio de su hijo, sentados a pocos metros, bajaban sus miradas.

Después la esa audiencia, los ocho imputados fueron trasladados nuevamente a la alcaidía en la que están alojados desde abril de 2020, cuando se decidió que dejaran el penal de Dolores. Esa decisión tuvo como motivo fundamental la necesidad de que los acusados estuvieran cerca de la Asesoría Pericial de la Suprema Corte Justicia bonaerense, en La Plata, con el objetivo de que puedan ser sometidos a los estudios psiquiátricos y psicológicos para establecer si alguno de ellos tenía alguna patología que, eventualmente, le impidiera comprender la criminalidad de sus actos.

No obstante, temerosos de que las entrevistas con los psiquiatras y psicólogos pudieran ser usadas en su contra, los ocho acusados se negaron a someterse a dichos peritajes. De todas maneras, Thomsen, Viollaz y Lucas Pertosi, solicitaron asistencia psicológica en las jornadas que se desarrolló el juicio oral en Dolores, que terminó con las condenas en su contra por el homicidio del joven estudiante de Derecho.

Durante la audiencia, la fiscal ante la Cámara de Casación, María Laura D’Gregorio sostuvo que Lucas Pertosi, Viollaz y Cinalli no fueron partícipes secundarios sino que tuvieron una participación necesaria o actuaron como coautores del homicidio doblemente calificado de Fernando. Al dictar la sentencia, en febrero pasado, los jueces del Tribunal Oral N° 1, de Dolores, consideraron que los tres tuvieron una participación secundaria en el homicidio y les impusieron penas de 15 años de cárcel.

En su exposición, la representante del Ministerio Público solicitó que se mantenga la condena a prisión perpetua por el homicidio doblemente calificado del joven estudiante de Derecho, aplicada, en primera instancia, contra Thomsen, Ciro y Luciano Pertosi, Benicelli y Comelli.

En representación de los padres de la víctima, el abogado Fabián Améndola, que estuvo acompañado por su colega Fernando Burlando, coincidió con el planteo de la fiscalía y describió los 19 indicios expuestos durante el juicio oral que probaron la existencia un plan para matar a Fernando, pergeñado por los ocho acusados desde que se produjo el primer incidente dentro del local bailable hasta que se concretó la emboscada en la calle.

Este plan probaría que hubo un concurso premeditado y un acuerdo para matar a Fernando, en venganza, por qué, a raíz del incidente ocurrido en la pista del boliche, los custodios echaron a los agresores del local bailable. El abogado concluyó su presentación con la afirmación de que los ocho condenados fueron coautores del homicidio.

En tanto que la defensa de los condenados cuestionó la legalidad de las indagatorias y reafirmó los planteos de nulidad realizados desde el inicio del sumario y durante el juicio. Además, el letrado que expuso los argumentos para que se revoque el veredicto condenatorio solicitó que se declare la ilegalidad del procedimiento de imputación de las horas posteriores a la detención de los acusados y cuestionó el desempeño de la fiscal Verónica Zamboni y de los jueces de la Cámara de Apelaciones de Dolores.

El abogado planteó la violación al principio de congruencia de la sentencia, y pidió que se aplique la figura del “homicidio en riña” para los casos de Thomsen, Comelli, Benicelli, y Luciano y Ciro Pertossi y la absolución para Cinalli, Viollaz y Lucas Pertossi.

Aunque después de dicha audiencia existía la posibilidad de que la resolución sobre los planteos de la fiscalía, la defensa y los representantes de los padres de la víctima se conociera antes de fin de año, la cantidad de recursos presentados por otras causas complejas que recayeron en la Sala II de la Cámara de Casación, la confirmación o la revocatoria de la sentencia contra los condenados por el homicidio que conmocionó al país no se conocerá antes de marzo o abril del próximo año.

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