ADN del crimen: los caminos de la política y el narcotráfico se cruzan en intendencias

Algunos aportaron sus campos y armaron pistas de aterrizaje clandestinas donde se “bombardeaba” droga desde aviones; otros diseñaron pymes para proteger a los narcos; también hubo casos en que utilizaron su posición de jefes comunales para abrir el camino de los vehículos que llevaban los estupefacientes. Todos estos casos constituyen los ejemplos más notables de cómo funciona el vínculo entre el narcotráfico y la política en la Argentina.

También hubo casos de empresarios que estaban vinculados con tráfico de estupefacientes que aportaron a campañas electorales. Esto ocurrió con Sebastián Forza, relacionado con la mafia de los medicamentos que, en 2008, intentó convertirse en el principal proveedor de efedrina del cartel de Sinaloa.

Forza había depositado un año antes cuatro cheques de su droguería Seacamp, en la cuenta del Nº 5270993 del Banco Nación, propiedad del Frente para la Victoria (FPV). Esos cuatro documentos de $50.000 cada uno fueron emitidos a pesar de que Forza estaba inhibido porque había superado ampliamente la cantidad máxima permitida de cheques rechazados. Ningún funcionario del Banco Central de esa época pudo explicar por qué Forza seguía emitiendo cheques a pesar que tenía 400 documentos rechazados.

Por la suma depositada, Forza se convirtió en uno de los mayores financistas del Frente para la Victoria, el partido que se impuso en las elecciones presidenciales de 2007. Allegados al empresario indicaron que realizó semejante aporte porque pretendía cobrar la deuda por medicamentos vendidos al Hospital Francés y que estaba incluida en la quiebra. Dicho nosocomio había sido intervenido por el Ministerio de Salud y un funcionario designado por el Poder Ejecutivo decidiría a quién se pagaba. Y Forza hizo el aporte a la campaña electoral del FPV para cobrar las facturas.

Nueve meses después, Forza apareció asesinado de ocho balazos, junto a dos socios, en un zanjón del oeste del conurbano, en un episodio que se conoció como la masacre de General Rodríguez.

“Forza recibía divisas, las canjeaba y las depositaba para la campaña del Frente para la Victoria y se quedaba con el 10% de ese monto”, dijo el testigo Carlos San Luis durante el juicio oral que terminó con las condenas a Martín y Cristian Lanatta y Víctor y Marcelo Schillaci por el triple homicidio.

Un grupo de funcionarios kirchneristas de segunda línea fue procesado por la Justicia Federal por sus vínculos con distintas bandas que obtuvieron millonarias ganancias por el contrabando de efedrina a carteles de la droga mexicanos, especialmente a la organización criminal de Sinaloa.

La efedrina es un precursor químico indispensable para la fabricación de metanfetaminas y el gobierno mexicano había aplicado controles estrictos para la importación. Por tal motivo, los narcos de ese país tuvieron que recurrir a otros lugares del mundo para comprar ese componente clave para la fabricación de drogas sintéticas.

Así fue como los carteles mexicanos con sus representantes llegaron a la Argentina, que por entonces se había convertido en el segundo comprador mundial de efedrina. Lo curioso del caso era que solo una parte ínfima de esa sustancia era usada por la industria farmacéutica local para producir medicamentos. El grueso de los cargamentos era desviado hacia los grupos de narcotraficantes mexicanos.

“Entre 2007 y 2008, adquirir una farmacia o una droguería permitía a algunos oportunistas un rápido ascenso en la escala social, por lo que propietarios de estos comercios, sus empleados o personas vinculadas a este rubro se dedicaron a la venta de efedrina, una sustancia vegetal derivada de la efedra, importada en los llamados ‘cuñetes’ de la India o de China, dado que nuestro país no la cultiva, que era utilizada legalmente para fabricar descongestivos o broncodilatadores y cuyo valor en el mercado local oscilaba entre los 90 y los 120 dólares. Sin embargo, en el mercado ilegal, donde el principal comprador era México, ese precursor químico se utilizaba para la fabricación de drogas de diseño o sintéticas, como el éxtasis; los carteles mexicanos, ya con el producto manufacturado, lo destinaban esencialmente a los Estados Unidos, llegando a pagar hasta US$10.000 el kilo, por lo que resultaba para sus tenedores un extraordinario negocio”, describió la jueza María Graciela Larroque en los fundamentos de la sentencia por el triple homicidio.

Sergio Varisco, el intendente de Paraná, que llegó al cargo al imponerse en las elecciones de 2015 e integraba la alianza Cambiemos, fue el primer jefe comunal de una capital provincial condenado por narcotráfico. El Tribunal Oral Federal de la capital entrerriana condenó a Varisco a seis años y seis meses de prisión por considerarlo responsable de comercializar estupefacientes desde el municipio de Paraná.

Según la acusación del fiscal José Candiotti, la organización de la que formaba parte Varisco utilizaba camiones municipales para distribuir droga de la banda comandada por Daniel “Tavi” Céliz. Durante la investigación fueron allanados el palacio municipal y el Concejo Deliberante. El exconcejal Pablo Hernández recibió una pena de 5 años como presunto partícipe secundario.

“No tengo recursos propios para financiar el narcotráfico, soy absolutamente inocente, tampoco me consta ningún financiamiento de Hernández, y de Céliz no sé nada porque no conozco más que lo que escuché en el juicio”, expresó Varisco al finalizar el debate, en diciembre de 2019. El jefe comunal condenado murió a fines de mayo de este año por una neumonía.

La marihuana pasa por Itatí

En otro caso de narcopolítica, el Tribunal Oral Federal N° 3 condenó a Natividad “Roger” Terán, exintendente de Itatí, en Corrientes, a dos años y medio de prisión, por considerar que integraba una organización que protegía a bandas de narcotraficantes.

Este expediente tiene nombres en común con otro sumario en el que fue investigado el exintendente de Empedrado Juan Faraone, acusado de darle refugio a Federico Marín, alias Morenita, después que el narco, que vivía en Itatí, se enfrentó a balazos con efectivos de la Gendarmería que lo sorprendieron cuando preparaba un alijo de marihuana para enviarlo a Buenos Aires.

Héctor Palma, por su parte, integraba el Concejo Deliberante de Estanislao del Campo, en Formosa. Había llegado al cargo cuando el espacio político del que también formaba parte el gobernador Gildo Insfrán se impuso en los comicios de 2007.

“He visto y escuchado, en varias oportunidades, vuelos que, aparentemente, bajaban en el campo de Palma, a cuatro o cinco kilómetros de mi chacra. Desde ahí escuchábamos o veíamos. Recuerdo haber visto vuelos desde 2009 o 2010, sin poder precisar la frecuencia. Volaban bajo como si fueran a caer en el monte”, expresó uno de los testigos en el juicio oral que terminó con la condena de 8 años por narcotráfico contra el edil.

Avionetas rumbo a Formosa

La investigación que describió el “bombardeo” de droga desde aviones en el campo de Palma comenzó en diciembre de 2010, cuando en el Escuadrón 18 de Gendarmería, con sede en Las Lomitas, se recibió un mail en el que se describía esa circunstancia.

Con este dato, una patrulla de la mencionada fuerza de seguridad federal realizó un operativo en el campo del concejal del Partido Justicialista y secuestró 700 kilos de cocaína, acopiados en las adyacencias de una pista clandestina de aterrizaje de 800 metros de largo. Según consta en le expediente, el cargamento de cocaína secuestrado en el campo del edil estaba valuado en 28.000.000 de euros.

Con la detención de Palma y del asesor del gobierno de Formosa Pedro Barreiro, que llevaba 51 kilos de cocaína en la camioneta oficial que volcó en la ruta 11, se confirmó que los traficantes comenzaron a utilizar a esa provincia como alternativa para los envíos de droga desde Bolivia a la Argentina, debido a la saturación policial de los caminos en la frontera de Salta y Jujuy.

En esa zona de la frontera caliente de la droga, también hubo casos de políticos que protegían a los narcos o formaban parte de las bandas, como ocurrió con Luis Arturo Cifre, presidente del Concejo Deliberante de Joaquín V. González, en Salta. En octubre de 2011, la Policía Federal secuestró 357 kilos de cocaína acopiados en 15 bolsas de carbón vegetal, en su negocio. En 2018, el edil fue condenado a 12 años y medio de cárcel por formar parte de una banda que mandaba droga a Portugal.

Además de ser integrantes del Concejo Deliberante de Salvador Mazza, Alejandro Maurín y Mauricio Gerónimo formaban parte de una banda de narcotraficantes que fue desbaratada en febrero de 2016 cuando la Gendarmería encontró 267 kilos de cocaína ocultos en un camión. La droga pertenecía a Wilson Maldonado Valderrama, vinculado con Delfín Castedo, el mayor narcotraficante de la Argentina.

Según la investigación judicial uno de los acusados circulaba en otro vehículo para abrir el camino. Maurín y Gerónimo fueron condenados a 14 años de prisión. Gerónimo fue el último en recibir la condena debido a que logró permanecer prófugo durante 1987 días.ß

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