ADN del crimen: Loquillo, el nombre clave para lograr un beneficio judicial

Martín Ordoqui, el suspendido juez de la Sala V de la Cámara de Casación penal bonaerense, sumó más pruebas en su contra, que lo colocaron como engranaje clave en una asociación ilícita integrada por una funcionaria judicial, el dueño de una financiera, tres abogados, el acusado de un doble homicidio y cuñado del exjefe de la barra de Estudiantes. Solo sus fueros salvaron al magistrado, integrante del tribunal penal más importante de la provincia, de quedar preso.

Hace dos años Ordoqui fue acusado de integrar una organización criminal que comandaba el exjuez de Garantías de La Plata, César Melazo, un grupo de policías bonaerenses, un fiscal, delincuentes comunes y varios barrabravas.

Durante la investigación de la denominada "banda del juez", llamada así por Melazo, la fiscal de La Plata, Betina Lacki, inició otro expediente contra Ordoqui, debido a las irregularidades halladas en el otorgamiento de la prisión domiciliaria al empresario Pablo Ariel Heine, sometido a juicio como jefe de una asociación ilícita que se apropiaba de establecimientos rurales de la zona de San Vicente y Brandsen. Uno de los testigos que declararon ante el Tribunal Oral Nº 5 de La Plata, que condenó a Heine, afirmó que este utilizaba "matones" para ocupar los campos que usurpaba la banda que comandaba.

A pesar de tantos pedidos rechazados y de su frondoso prontuario, en junio 2018, Heine pudo dejar la cárcel. El acusado había recibido el teléfono deun vendedor de influencias identificado como Enrique "Quique" Petrullo. Entonces, le pidió a su esposa que se comunicara con el "gestor judicial". Comenzó así un intercambio de mensajes que terminó con una resolución dictada por el camarista Ordoqui, en la que Heine fue beneficiado con la prisión domiciliaria.

Así, el reconocido usurpador consiguió lo que otros jueces le habían negado. Para obtener dicho beneficio, Heine habría entregado a María Eugenia Mercado, secretaria privada de Ordoqui una importante suma de dinero en concepto de compensación, según declaró la abogada Lidia Perna, al presentarse como arrepentida.

Hasta ese momento, la representante del Ministerio Público de La Plata tenía un expediente en el que investigaba una asociación ilícita integrada por el juez Ordoqui, el vendedor de influencias Petrullo y Mercado, secretaria del magistrado en la Cámara de Casación penal.

A partir del cruce de la información hallada en los celulares de los imputados y del intercambio de mails, entre los que figura la dirección de correo electrónico "eugelarubia", que pertenece a Mercado, los investigadores judiciales encontraron pruebas que indicarían que la asociación ilícita contaba con más integrantes y que el magistrado aparecería como pieza importante del grupo delictivo.

Así fue que el pasado fin de semana, la fiscal ordenó las detenciones de los abogados Alejandro Timorín, Ricardo y Julián Ducid y del financista y empresario del transporte Gabriel Casinotti. En la solicitud para pedir las capturas, también se incluyó a Javier Ronco y el mencionado Petrullo, aunque ambos ya estaban presos por la causa Melazo.

A Ducid padre e hijo, ambos abogados con estudios jurídicos en La Plata, se les imputó formar parte de una asociación ilícita junto a Ordoqui, Mercado y Petrullo. La misma imputación recayó sobre Casinotti y Timorín. Además, fueron acusados de diversos casos de tráfico de influencias en algunos de los ocho hechos señalados por la fiscal.

Ayer, por la tarde, el juez de Garantías de La Plata, Federico Guillermo Atencio, rechazó los pedidos de excarcelación presentados por los defensores de Casinotti, Timorín, Ronco, Julián Ducid y Petrullo. En el caso de Ricardo Ducid, no había sido encontrado por los funcionarios judiciales que fueron a detenerlo. Según fuentes judiciales, el juez Ordoqui figura en muchos de los intercambios de mensajes de WhatsApp utilizados por los diversos sospechosos.

Al revisar las capturas de esos mensajes, los investigadores hallaron un glosario de términos que los imputados utilizaron para referirse a algunas de las personas que requerían los servicios de la asociación ilícita para obtener beneficios en causas penales que los tenían como acusados. Así, los investigadores determinaron que cuando se acordaba una reunión en la "terraza" , "techo" o "azotea", se hacía referencia al despacho de Ordoqui. En sus distintas conversaciones, Petrullo se refería al magistrado con los términos "tío", "profesor" o "loquillo".

En varios intercambios de mensajes los acusados se referían al "TP" o "trabajo práctico", término que, según los investigadores indicaba los escritos o presentaciones judiciales en las que aparecían como beneficiarios las personas que contrataban los servicios de la asociación ilícita y que el juez debía controlar para que la gestión tuviera éxito.

Había frases con las que se describía a esos clientes, para no mencionarlos con nombre y apellido, como ocurrió con el caso del abogado Timorín al que Petrullo se refería como "zapato roto" o "morsa".

El glosario que usaban los acusados para evitar que, los mensajes pudieran ser utilizados como pruebas en un eventual proceso penal, se completaba con términos como "aviador", en referencia al abogado Ricardo Ducid, propietario de aviones en Pigüe; "opus" o "Isidorito" era para los acusados un fiscal de La Plata. Mientras que con el término "Hilton" los imputados se referían a la Unidad Penal N° 9 de La Plata, donde estaba preso uno de los detenidos que había requerido los servicios del grupo.

La utilización de términos para desviar la investigación constituyó una constante en el grupo. Por ejemplo, en la causa de la banda del exjuez Melazo, los investigadores hallaron un intercambio de mensajes entre Petrullo y Ronco, donde el primero de ellos se refiere con el término "Rolex" a la imagen de la tobillera electrónica que tenía colocada Ronco y por la que habría pagado una importante suma de dinero, supuestamente a Ordoqui.

Uno de los ocho hechos que el Ministerio Público de La Plata describió en el pedido de captura contra los nuevos integrantes de la banda involucró a Ángel Oscar Benavídez, a quien los acusados Petrullo y Timorín habrían pedido una suma de dinero para quitarle una restricción perimetral que le impuso un juzgado de Familia de Junín por una serie de episodios de violencia de género contra su pareja.

Fuentes de la investigación indicaron que Timorín y Petrullo recurrieron a Ordoqui para que aceptara un pedido de habeas corpus de Benavídez con el objetivo de que se dejara sin efecto la orden de restricción.

A partir de la reconstrucción del hecho realizada por los investigadores judiciales se habría determinado que Benavídez, pagó los servicios del grupo con cheques de una cerealera que fueron descontados en la financiera del imputado Casinotti, situada en Reconquista al 300, con un automóvil y con pasajes al exterior.

Pero, uno de los integrantes de la banda tuvo que devolver el automóvil luego que, en un fallo dictado por el tribunal superior de Ordoqui, se revocó el fallo de magistrado "por carecer de competencia material al intervenir en un expediente que instruía en la Justicia de Familia de Junín".

Al analizar las pruebas, los investigadores judiciales determinaron que los integrantes de la asociación ilícita tenían funciones definidas: algunos imputados se encargaban de buscar a los "clientes"; otros se ocupaban del asesoramiento, representación y confección de los escritos judiciales; también estaban aquellos que se dedicaban a cotizar de los "servicios" y cobro de esos trabajos. Por último, uno de los integrantes se encargaba de supervisar y corregir y aprobar los escritos para que las presentaciones judiciales tuvieran éxito.

Según fuentes de la investigación uno de los "clientes" que no llegó a un acuerdo con el grupo habría sido el dueño del boliche L’Zero, de Bernal Oeste, condenado a prisión perpetua por un homicidio ocurrido en mayo de 2014. Ronco, que lo conocía de la cárcel, se habría encargado de acercar este "cliente" a los integrantes de la asociación ilícita para que pudiera obtener el beneficio de la detención domiciliaria, con el monitoreo de la tobillera electrónica.

Los informantes precisaron que el acuerdo no se concretó porque el empresario se negaba a pagar por adelantado.

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