ADN del crimen. La ley del menor: las bandas les dan armas a jóvenes inimputables que disparan a matar
Las organizaciones criminales utilizan como gatilleros a adolescentes que no llegan a 16 años porque saben que, si los detienen, no serán condenados porque son inimputables
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En Rosario, un sicario de 15 años mató a un taxista y a un colectivero; cobró $300.000 por cada encargo, solo para causar terror; después de hacerlo, se fue a un shopping a comer y a la peluquería. La misma edad tiene D. N. O., el chico que asesinó a Rafael Méndez, un trabajador que se ganaba la vida con la moto que el adolescente le robó. Ya había entrado ocho veces en comisarías por robos a mano armada e intentos de homicidio; la novena fue por un asesinato. Los dos fueron detenidos, pero saben que no estarán mucho tiempo encerrados ni serán condenados porque son inimputables.
Cada día se registran más casos de menores involucrados en crímenes. Las bandas usan a chicos que no llegan a 16 años como tiradores en los robos de motos y autos o para ejecutar amenazas u homicidios por encargo. Cuando superan esa edad, les dan otras tareas.
En el narcotráfico o en el delito que inunda las calles de cualquier centro urbano se cumple un axioma implacable del ambiente del hampa: en las bandas, quien va armado y dispara a matar es un menor inimputable. Y cuando superan los 16 años, y entran en la etapa en la que ya pueden enfrentar un proceso penal –aunque especial, con penas mucho más bajas que si fueran mayores de 18– las organizaciones los “descartan” o les asignan otras funciones. No estarán, necesariamente, en la primera línea de fuego a la hora de tirar.
Actualmente, Hoy, D. N. O., el chico que mató al trabajador para robarle la moto en el Camino de Cintura, en Esteban Echeverría, está detenido con una medida de seguridad dictada por un juzgado de Garantías del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora. Esa medida de seguridad –que cumple en un instituto de menores bonaerense, del que no se escapa el que no quiere–, finalizará cuando cumpla 18 años. No cargará con ninguna condena y tendrá un prontuario “limpio”.
Distinta es la situación del cómplice de D. N. O. Apenas unos meses mayor que él, ya tiene 16 años y podrá ser sometido a un proceso penal. No obstante, la Justicia deberá esperar a que tenga 18 años para decidir si es culpable y si, en tal caso, le aplica una pena menor.
En su casa de la localidad de Transradio, D.N.O. tenía cinco motos robadas. Este chico forma parte de un universo cada vez más numeroso de menores inimputables que integran parte de las bandas que se dedican a robar motos y en las que ellos, a sabiendas de que son inimputables, cumplen el rol de gatilleros y no dudan en matar. Asumen ese rol porque saben que no deberán responder ante la ley por sus crímenes.
El 14 de diciembre pasado un grupo de ladrones asesinó, en la esquina de Jujuy y Calchaquí, Quilmes, a Hernán Damián Costa, de 49 años, para robarle la moto. Al día siguiente, los efectivos de la comisaría de La Cañada arrestaron a dos sospechosos: uno tenía 14 años y el otro, 17.
El 25 de febrero de 2023, el repartidor Danilo Marcieri, de 20 años, fue asesinado de dos balazos por un grupo de delincuentes que le robaron la moto cuando entregaba un pedido, en Zapiola y calle 162, también en La Cañada, de Bernal.
Días después, la policía atrapó a uno de los sospechosos del crimen: tenía 15 años. Un juez de Garantías del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Quilmes ordenó su alojamiento en un instituto de menores. Un mes después, la Cámara de Apelaciones y Garantías revocó esa medida de seguridad y el adolescente acusado de homicidio volvió a su casa.
La medida de seguridad se aplica casi exclusivamente en menores de 16 años acusados de homicidios. Pese a la gravedad de los hechos que se les atribuyen, no pueden ser enviados a una cárcel común. Los jueces, entonces, disponen su detención en alguno de los institutos de menores que, en la provincia de Buenos Aires, dependen del Organismo de la Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social.
El caso de D.N.O. es paradigmático de esta dramática situación. Aunque es menor, era el líder de la banda. Accedía fácilmente a las armas y no dudaba en disparar. Tampoco claudicaba a la hora de enfrentar y amedrentar a los testigos de los ataques que concretaba.
“Vos callate, hijo de puta. No viste nada...”, le advirtió el chico asesino al sereno que custodiaba un puesto de venta de frutas de Camino de Cintura al 9600 que había visto cómo, con una moto y un cómplice, se puso a la par de la Gilera negra que conducía Méndez y le dio una patada para tirarlo. Cuando la víctima cayó y estaba indefensa en la calzada, el chico lo remató de un tiro en la cara.
Según declaró el sereno a los policías que llegaron al lugar en respuesta al llamado al número de emergencias 911, el sospechoso que viajaba como acompañante en la moto y que vestía un buzo beige con capucha, le robó la mochila y huyó con su cómplice por el Camino de Cintura en dirección a la autopista Ricchieri.
Cuando los policías del móvil 436 del Comando de Patrullas de Esteban Echeverría llegaron a la escena del crimen hallaron a la víctima boca abajo, tendida sobre el pavimento, en medio de un charco de sangre. Llevaba ropas de trabajo con tiras reflectoras en las mangas.
Durante la investigación del homicidio ocurrido a principios de este año, los funcionarios judiciales determinaron que D. N. O y su cómplice no se movían solos: formaban parte de una banda que se dedicaba a asaltar a los motociclistas que circulaban por el Camino de Cintura durante la noche.
Después cambiaban las motos por droga que vendían en la modalidad del narcomenudeo y también las ofrecían a través de redes sociales.
D. N. O era el jefe de la banda y tenía cinco motos en su casa. Además de ser el más violento de todos los integrantes del grupo criminal, era quien escondía las motos que robaba con el grupo.
Nuevo intento de reforma legal
Este caso y el del adolescente acusado de asesinar al taxista Héctor Figueroa y al playero Bruno Bussanich en Rosario volvieron a poner en la consideración pública el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad de los menores. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, trabajan en un proyecto de ley para bajar a 14 años la edad de imputabilidad.
Mientras, la legislación vigente mantiene la “puerta giratoria” perfectamente aceitada en el fuero de menores. En la provincia de Buenos Aires la situación es aún más precaria: por ley, los institutos de menores no tienen custodia uniformada dentro de los establecimientos, por lo cual las fugas son habituales.
Los casos abundan. El 13 de marzo de 2022, J. S., de 16 años, fue procesado por intento de homicidio. Diez meses después, él y otro menor de 15 años, junto a un cómplice –Marcos Muñiz, de 20 años– asesinaron en Chascomús a Nicolás Ricardi, de 16, para robarle la mochila.
El día de ese crimen J. S debía estar preso. Sin embargo, por un tecnicismo legal, un juez del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil había decidido no dictarle la prisión preventiva y lo dejó en libertad.
El magistrado pudo haberle dictado la prisión preventiva por el hecho previo al crimen del adolescente, porque la tentativa de homicidio tenía una expectativa de pena de cuatro años y, entonces, no constituía una figura penal que permitiera acceder a la excarcelación.
Así lo determina el artículo 43 de la ley 13.634: “En causas graves, el fiscal podrá requerir al juez de Garantías que, dentro del plazo de cinco días desde la detención, se fije una audiencia oral para decidir la procedencia o no de la prisión preventiva. El juez podrá decretar excepcionalmente la prisión preventiva de un niño al finalizar la audiencia, a requerimiento del fiscal”.
Uno de los testigos indicó que, después de asesinar a Nicolás, J. S., les gritó a sus cómplices, como si festejara un gol: “¿Vieron el puntazo que le pegué?”.
Durante la investigación del homicidio de Leonor Isabel Morales, de 67 años, también quedó al descubierto la existencia de la puerta giratoria que favorece a los menores. Un grupo de delincuentes asesinó a Morales para robarle cuando esperaba que su hija y su nieta salieran de trabajar del local que tenían en González Catán, La Matanza.
Tres días después del homicidio, ocurrido en octubre pasado, la policía arrestó a tres sospechosos. Uno de ellos tiene 15 años. Una semana antes había salido de un instituto de menores, adonde había sido llevado por su presunta responsabilidad en otro homicidio, ocurrido en septiembre de 2021.
Después de matar a Morales, el chico de 15 y su cómplice, de 17, huyeron en el Volkswagen Trend de la víctima. Ambos pusieron a la venta el auto en la red social Facebook.
Un familiar de la mujer asesinada se comunicó con ellos para comprar el vehículo. La policía apresó a los dos adolescentes cuando fueron al lugar que habían pactado para encontrarse con el comprador.
Crimen en la Panamericana
F. M. y su cómplice G.P. también se aprovecharon de que no eran punibles para la ley y asaltaban a motociclistas en los ramales Pilar y Campana de la Panamericana. Nadie los detuvo en esos tiempos.
Cumplieron 16 y 17 años, y siguieron haciendo lo único que sabían hacer: apuntar con sus armas para robar motos de alta gama. Hasta que el 29 de octubre de 2022 mataron de un tiro al empresario Andrés Blaquier. El año pasado, F. M. fue declarado como coautor del conmocionante homicidio, ya que era el conductor de la moto verde y blanca en la que viajaba el gatillero que le disparó al empresario.
Desde que fue detenido cerca de su casa en el barrio Cri Cri, de Garín, F. M. anticipó, con desparpajo, que no pasaría mucho tiempo preso y que era capaz de huir de cualquier instituto de menores.
Hace casi un año, F. M. y otros tres adolescentes forzaron la barra de una reja, treparon una pared y saltaron a la calle para escapar del Centro de Recepción y Ubicación (CREU) de Lomas de Zamora, situado en el cruce de 12 de Octubre y Larroque. Fue recapturado un mes y medio después cuando, armado con un revólver cargado, robaba un auto en Escobar.
No pasa inadvertido para los policías y funcionarios judiciales el poder de fuego de las bandas integradas por menores que se dedican a robar y a matar en el conurbano.
Una banda que se formó para cometer entraderas y robarles a los choferes de aplicaciones de viajes en Morón, Tres de Febrero y La Matanza usa ametralladoras y pistolas para doblegar la resistencia de sus víctimas. Algunos de esos menores asaltantes fueron detenidos por efectivos de la policía bonaerense en una serie de operativos realizados en el Nudo 12 del barrio Ejército de los Andes, más conocido como Fuerte Apache.
Al irrumpir en los distintos domicilios allanados, los policías hallaron una pistola calibre 45, otra calibre 9 mm, una réplica de una Glock y un conjunto de accesorios para convertir una pistola en un subfusil con un cargador con capacidad de almacenamiento para 50 proyectiles. Todo listo para matar sin pagar ante la ley las consecuencias.
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