ADN del crimen: la segunda muerte de una niña de 12 años
Abril Bogado tenía 12 años cuando un delincuente que debía estar preso la asesinó de un balazo en la cabeza durante un asalto ocurrido el 5 de noviembre de 2017, en la puerta de su casa, en Ringuelet. En el momento de cruzar la marcha del Renault Sandero que conducía Cristian, el padre de Abril, José Etchegaray Biel, alias Pepito, gozaba del beneficio de la libertad asistida que le había concedido el juez de Ejecución Penal, de La Plata, José Nicolás Villafañe.
Si bien el homicidio de Abril ocurrió durante un episodio de inseguridad, tiene un elemento en común con el femicidio de Úrsula Bahillo, registrado hace pocos días en Rojas. En ambos asesinatos los operadores del sistema judicial no aplicaron las medidas necesarias para evitar que los agresores estuvieran en libertad.
Etchegaray había sido condenado a ocho años de prisión por un intento de homicidio ocurrido durante un robo con armas. La pena que le impuso el Tribunal Oral N° 4, de La Plata, se agotaba el 22 de julio de 2018. Cuando faltaban tres años para el vencimiento de la pena, el juez Villafañe incluyó a Etchegaray en el período de libertad asistida. Así, el 27 de julio de 2015, el delincuente que había intentado matar a un vecino de La Plata durante un robo logró salir de la cárcel de Gorina.
Según fuentes judiciales, el magistrado otorgó dicho beneficio a Etchegaray a pesar de que los peritos del Departamento Técnico Criminológico de la Unidad 18 de La Plata concluyeron que sería “inconveniente” que le concedieran la libertad asistida debido a que, durante su paso por el penal de Magdalena, le habían encontrado un elemento punzante y un teléfono celular. Además, los funcionarios penitenciarios indicaron que, si bien tenía conducta muy buena, “no estudiaba ni trabajaba por falta de interés”.
A partir de la reconstrucción del homicidio de Abril realizada por los policías y los funcionarios del Ministerio Público, se determinó que Etchegaray y un cómplice, menor de edad, interceptaron a Abril y a su familia, cuando llegaban a su casa, situada en 510, entre 10 y 11.
Cuando el padre de Abril intentó dirigirse hacia el garaje, un joven pasó por el frente de la casa corriendo, perseguido por dos delincuentes. Según la descripción de los testigos, el muchacho logró escaparse de los asaltantes que lo perseguían.
Entonces, los delincuentes cambiaron de víctima y dirigieron su atención contra los ocupantes del Renault Sandero, e intentaron abrir las puertas derechas del vehículo.
Debido a que las puertas estaban trabadas, uno de los asaltantes abrió fuego hacia el vehículo. “Dispararon contra la ventanilla trasera derecha, donde estaba la niña. Luego le arrancaron la billetera al padre y huyeron”, describió un investigador.
Con las declaraciones de los testigos y otras pruebas, la fiscal Betina Lacki logró establecer las identidades de los agresores y ordenó sus detenciones.
“El padre de Abril le pidió al delincuente que, por favor, dejara bajar a las criaturas, pero igual le disparó por el vidrio. Nunca se resistió. El asaltante abrió fuego antes de que tuviera tiempo de sacar las trabas de las puertas del auto”, expresó uno de los familiares de la niña.
Etchegaray fue detenido un día después de matar a Abril. Antes de ser apresado, en la esquina de 505 y 6, en La Plata, se enfrentó a balazos con los efectivos de la policía bonaerense que irrumpieron en la casa en la que se había refugiado.
Al revisar el prontuario de Etchegaray, los investigadores policiales y judiciales advirtieron que era un reincidente serial que salió de la cárcel, volvió a cometer delitos mientras gozaba de dos beneficios de libertad condicional y fue detenido cuando no se habían agotado ninguna de las dos condenas que le impusieron por robos, primero, y por intento de homicidio, después. La tercera vez en ser detenido el delito por el que resultó acusado fue más grave: el asesinato de Abril.
Un juicio político desactivado
El homicidio de la niña provocó la indignación de los vecinos de la menor, que realizaron marchas para reclamar justicia. Mientras que algunos legisladores provinciales se hicieron eco de las protestas de la gente y plantearon la necesidad de modificar la ley 12.256, que establece los derechos y las obligaciones de los condenados durante el cumplimento de la pena.
Una de las iniciativas presentadas por entonces apuntaba a eliminar la libertad asistida, el beneficio del que gozaba Etchegaray en el momento matar a Abril. El proyecto no prosperó y la norma sigue vigente.
Tampoco se modificó el artículo de la mencionada ley que establece que los informes del gabinete interdisciplinario realizados a partir de las entrevistas con cada uno de los internos no tienen carácter vinculante. Esto significa que los magistrados pueden ignorar esos dictámenes y conceder los beneficios a los presos, aunque dichos informes concluyan lo contrario.
Esta norma fue, por ejemplo, la que posibilitó que no avanzara el pedido de juicio político contra el juez Villafañe, por haber beneficiado al autor del homicidio de Abril, a pesar de que los peritos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) lo desaconsejaban.
En diciembre de 2017, un abogado presentó una denuncia contra Villafañe, por presunto mal desempeño de sus funciones. Pero la solicitud fue desestimada por el jurado de enjuiciamiento, presidido por el titular de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Eduardo De Lázzari; los conjueces Pedro Trotta, Rolando Landolfi y Miguel Paso, y el legislador Avelino Zurro.
Al fundar el cierre y archivo de la causa contra el magistrado Villafañe, el jurado consideró que “el juez no había incurrido en mal desempeño debido a que los magistrados pueden apartarse de la opinión de la autoridad penitenciaria, a partir de una resolución fundada”.
Además, el jurado sostuvo que la decisión de conceder la libertad asistida a Etchegaray había sido confirmada por la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata.
Aunque pasaron más de tres años del homicidio de la niña, de 12 años, Etchegaray no fue condenado. Tiene un procesamiento confirmado, con prisión preventiva, pero está pendiente el juicio oral. El único sentenciado fue el menor, de 17 años, que lo acompañaba.
Otro asesino, en libertad
Antes de que se cuestionara su desempeño en el caso Abril, el magistrado había sido foco de las críticas por haber beneficiado con salidas transitorias a Diego Arballo Perotti, acusado de ser el presunto autor material de la denominada “masacre de Hudson”.
Ese cuádruple homicidio ocurrió en abril de 2012 en la casa situada en 138 y 59. Allí fueron asesinados Lorena Sosa, de 21 años; su hija Jazmín, de 3; su padre, Pablo Sosa, de 65, y Javier Lucce, hermanastro de Lorena.
A pesar de que la fiscal de Ejecución Penal Beatriz Castellano se opuso a que le otorgaran el beneficio a Arballo Perotti, el magistrado le concedió la salida transitoria y el preso nunca regresó a la Unidad Penal N° 9, de La Plata.
Actualmente, Villafañe no enfrenta ningún proceso de juicio político. Aunque tiene abierto un sumario por presunta violencia laboral a una empleada del juzgado. La denuncia contra el magistrado fue presentada hace dos años por la Asociación Judicial Bonaerense (AJB). Pero, todavía, sigue en la etapa de producción de la prueba.
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