ADN del crimen: la madre que, hace 19 años, alertó a Néstor Kirchner sobre el peligro narco en Rosario

En 2004, Néstor Kirchner viajó a Santa Fe y, después de un acto en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), recibió a dos madres que luchaban contra los vendedores de droga. Norma Castaño, de la ONG Madres Solidarias, alertó al, por entonces, presidente de la Nación, que Rosario y la provincia de Santa Fe se convertirían en un baño de sangre en caso de que no se tomaran medidas para frenar al narcotráfico.

Según relató Castaño, durante esa reunión, realizada en la sala de profesores de la universidad, el Presidente escuchó el reclamo y le dijo que el encargado de luchar contra los narcos era el gobernador, Jorge Obeid.

En caso de que el mandatario provincial no aportara una solución, podría visitarlo en Buenos Aires, donde la recibiría sin audiencia previa. Ante la falta de respuestas del gobernador Obeid, Castaño tomó la palabra empeñada por el presidente Kirchner y concurrió a la Casa Rosada.

Pero Kirchner nunca la recibió. Desde hace casi 19 años que la administración kirchnerista sabía de la problemática del narcotráfico en Santa Fe y en Rosario. Pero, la misma actitud que tuvo el presidente Kirchner con la titular de la ONG Madres Solidarias, fue adoptada por los ministros que estuvieron a cargo de las fuerzas federales de seguridad. Además, ninguno de los sucesores de Kirchner aplicaron alguna política de estado para frenar el avance de la violencia en Rosario y en Santa Fe.

“En junio de 2004, el presidente Néstor Kirchner estuvo en Santa Fe. Me recibió después de un acto en la Universidad Tecnológica y, delante de Obeid, me dijo que el gobernador escucharía mis denuncias y era el responsable de atenderme. No obstante, si tenía algún problema podía viajar a Buenos Aires y me recibiría. Pero Kirchner nunca me atendió. Tampoco me recibió Obeid”, dijo Castaño.

En 2003, el nombre de Castaño se hizo conocido a nivel nacional porque decidió investigar por su cuenta a una banda de narcotraficantes que le vendía droga a su hijo, en un barrio de la ciudad de Santa Fe.

Como percibía que la policía estaba involucrada y por eso no hacía nada, decidió infiltrarse en la organización para juntar pruebas que permitieran fundar una acusación ante la Justicia.

Por denunciar esa supuesta connivencia de la policía con los traficantes de droga, Castaño sufrió tres atentados en cinco años. Balearon su casa e intentaron agredir a su familia.

Pero, a pesar de los ataques, no bajó los brazos y acusó a más policías vinculados con grupos de narcotraficantes. Aportó los nombres de los uniformados y hasta el monto de las coimas que habrían cobrado en la Dirección de Asuntos Internos de la policía santafesina. Pero no pasó nada.

“En la reunión que tuve con el presidente Kirchner le pedí que frenara el narcotráfico. Me dijo que tenía todo su apoyo, pero quien tenía que hacerse cargo era el gobernador de la provincia. Me explicó que si Obeid no me daba respuestas viajara a Buenos Aires y me recibiría sin audiencia. Dejé una nota en la Casa Rosada. Estuve tres días en la casa de Isabel, una madre que lucha contra los vendedores de droga. No tuve respuesta y nunca me recibió”, recordó Norma, 19 años más tarde, en diálogo con LA NACION.

En marzo de 2003, Castaño, cansada de que en la Dirección de Drogas Peligrosas de la policía de Santa Fe no hicieran nada para terminar con los traficantes que le vendían drogas a su hijo, se infiltró en la organización. Así obtuvo nombres, lugares y horarios en los que operaban los traficantes. Al día siguiente amplió su denuncia ante la justicia federal. A pesar de esa denuncia, nada cambió. Recibió amenazas y sufrió tres ataques. Entonces, decidió intensificar sus reclamos.

En ese contexto, fue recibida por el presidente Kirchner, en 2004, en la UTN. “Pero tampoco hizo nada Cristina Fernández. Durante su segundo período como presidenta, me llamó la secretaria de Oscar Parrilli, me dijo que Fernández me recibiría y que viaje a Buenos Aires. Entonces, concurrí a la Casa Rosada, acompañada por Isabel, la misma madre que estuvo conmigo en la frustrada reunión con Néstor Kirchner. Cuando faltaban 15 minutos para el horario de la reunión me comunicaron que por un imprevisto se cancelaba la entrevista con la presidenta. Nunca más me llamaron. Cristina Fernández, igual que Néstor Kirchner, tampoco me recibió”, recordó Castaño en una comunicación telefónica.

La segunda convocatoria a Castaño, realizada por el gobierno nacional, se concretó en diciembre de 2014, pocos días después del homicidio de Norma Bustos, que integraba la ONG Madres Solidarias de Rosario.

“A nosotras nos mataron a una madre: Norma Bustos”, expresó Castaño. “Ella tenía un almacén en el barrio La Tablada, le golpearon la ventana y cuando abrió le dispararon tres balazos. Había denunciado a las bandas narco que operaban en esa zona. Un año y medio antes, habían matado a su hijo”, recordó Castaño.

Lucas Fabián Espina, de 25 años, el hijo de Bustos, había sido asesinado el 27 de enero de 2013. A raíz del asesinato de su único hijo, Bustos comenzó a movilizarse en reclamo de Justicia y denunció públicamente y ante la Justicia a miembros de bandas narcocriminales que operaban en el barrio dónde vivía.

Por el asesinato de Espina, la Justicia procesó como presuntos autores materiales a los hermanos Milton y José Damario, quienes también están acusados del asesinato del líder de la banda narcocriminal Los Monos, Claudio Cantero, conocido como Pájaro, ocurrido en mayo de 2013, durante una emboscada, frente al local nocturno Infinity Night, en Villa Gobernador Gálvez.

En 2003, cuando Castaño, conocida en ese momento como “Madre Coraje”, hizo la primera denuncia sobre la supuesta complicidad policial con bandas narco, la fuerza de seguridad de Santa Fe era comandada por el comisario general Ricardo Milicic.

A raíz del escándalo provocado por la repercusión nacional del caso, el gobernador Carlos Reutemann separó a Milicic de su cargo como jefe de la policía provincial.

La decisión de Reutemann de apartar a Milicic como jefe de policía se fundó también en que se hicieron públicos los lazos del comisario general con la barra brava de Rosario Central.

Hace más de 40 años, Mario Alberto Kempes fue testigo de un episodio que puso en evidencia la complicidad entre barrabravas y policías. En 1976, Rosario Central transfirió al futbolista al club Valencia, de España, en US$ 600.000. Entonces, un grupo de siete simpatizantes visitó a Kempes y le sugirió que “no era un buen momento para dejar Central”.

Uno de los miembros del grupo radicalizado de la hinchada de Rosario Central que rodeó a Kempes era Milicic, por entonces, oficial inspector en la policía de Santa Fe.

“Todos los policías a los que denuncié siguieron trabajando. Los cambiaron de destino y los ascendieron. Balearon mi casa porque, como en Asuntos Internos no investigaron a nadie, me tuve que poner nuevamente la ropa de detective para grabar el momento en el que un vendedor de droga le pagaba una coima de 20.000 pesos a dos oficiales de la Dirección de Drogas Peligrosas”, recordó Castaño, en 2007, mientras, mostraba una copia de la declaración que hizo en la dependencia que debe investigar a los uniformados corruptos.

En su lucha contra la corrupción policial y, ante la falta de respuestas a sus denuncias por parte del Poder Ejecutivo provincial encabezado por el gobernador Obeid, Castaño se reunió con otras 200 mujeres que tienen o tuvieron hijos adictos y formó una organización de madres para luchar contra la droga. Dicha agrupación integró la Red Comunitaria Antidrogas de Santa Fe.

Cinco años después, Castaño denunció a quien, por entonces, comandaba la policía de Santa Fe, el comisario general Hugo Tognoli. La fundadora de la ONG Madres Solidarias acusó a Tognoli de presunta colaboración con un grupo de narcos y amenazas.

En 2018, el Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario conformado por los jueces Omar Digerónimo, Beatriz Caballero de Barabani y Otmar Paulucci, condenó a seis años de prisión al jefe policial por la denuncia de Castaño.

Sin embargo, en diciembre de 2020, la Cámara de Casación Penal revocó el veredicto confirmó la absolución de Tognli en la causa iniciada a partir de la denuncia de Castaño. Dicha revocatoria se fundó en el beneficio de la duda en favor del jefe policial debido a una serie de deficiencias en la investigación.

Cuando Castaño alertó al gobierno nacional sobre la necesidad de frenar el avance de las bandas de narcotraficantes, no se registraban las estadísticas de homicidios actuales.

Antes de 2003 y 2004, algunos efectivos de la policía de Santa Fe eran cómplices de las organizaciones narcocriminales, pero descargaban su violencia, por ejemplo, sobre aquellos funcionarios judiciales que les hacían frente y se animaban a investigarlos.

“Perdí la cuenta de cuántas denuncias hice contra policías por enriquecimiento ilícito. También perdí la cuenta de cuántas denuncias surgieron a partir de sentencias que se dictaron en el tribunal en el que estoy para que se investigue la supuesta relación entre narcos y policías. Pero todo sigue igual, aunque me parece que esa vinculación nunca se dio de manera tan clara e impune como en la actualidad”, dijo la jueza federal de Rosario Laura Inés Cosidoy a LA NACION, en una entrevista realizada en 2012.

Durante más de 20 años, Cosidoy recibió una decena de amenazas y sufrió al menos dos atentados en su casa por investigar la connivencia entre grupos de la policía santafesina y bandas de narcotraficantes.

El primer ataque fue en 1993, cuando estaba a cargo del Juzgado Federal N° 2. Se cree que lo sufrió por haber procesado a los jefes de tres bandas narcos y dictado la prisión preventiva de siete policías, entre ellos, un comisario inspector.

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