ADN del crimen: la alerta sobre el call center narco en la cárcel que el Gobierno ignoró
En 2021, el Ministerio Público Fiscal presentó un informe en el que avisaron que los jefes de las bandas presos en los penales tenían celulares y los usaban para ordenar homicidios
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LA NACIONGustavo Carabajal
El Gobierno nacional sabía desde hace un año y medio que desde las cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y de Santa Fe, los jefes de las bandas narco más importantes del país, mediante teléfonos celulares o fijos, ordenaban homicidios, balaceras, secuestros e impartían directivas para que las organizaciones que comandaban sigan expandiendo el territorio para vender droga, en Rosario. El descontrolado uso de móviles y aparatos de línea por parte de los jefes de las bandas había convertido a los penales en los que están alojados en un call center narco.
Con 19 casos que se investigaron en distintos penales del país, detallados en un informe denominado “Narcocriminalidad en las cárceles”, los representantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación expusieron la necesidad de que el Poder Ejecutivo tome medidas para que los capos narco dejen de mandar órdenes a través de celulares propios o compartidos con otros internos del mismo pabellón.
El informe fue presentado en septiembre de 2021 ante autoridades del SPF y, al mes siguiente, en el Ministerio de Justicia de la Nación. A pesar de la gravedad de los hechos denunciados, los responsables no aplicaron ninguna medida.
Según consta en los documentos a los que accedió LA NACION, la primera resolución para controlar el uso de celulares en las cárceles federales, que dependen del SPF, se aplicó hace ocho días y coincidió con los allanamientos en los penales de Rawson, Marcos Paz y Ezeiza, relacionados con la investigación por el homicidio del cantante de cumbia Lorenzo Altamirano, ocurrido en febrero pasado, frente al estadio de Newells, en Rosario.
En uno de los 19 hechos expuestos por los fiscales, en el informe de 2021, se hizo referencia a la investigación de una banda dedicada a la venta de droga en el barrio de Empalme Graneros, de Rosario, donde el domingo pasado fue asesinado Máximo Gerez, de 12 años.
A partir del seguimiento de las llamadas telefónicas, los investigadores llegaron a dos narcos que estaban presos en una cárcel de Chaco. Esta pista llevó a los funcionarios del Ministerio Público al celular de un detenido en el penal de Villa Devoto y a otro, en Santa Fe.
Así se determinó que uno de los narcos que estaba preso, hablaba con Ariel Máximo Cantero, alias Guille, jefe de la banda de Los Monos que, en 2017, había sido alojado en la Unidad 1 del servicio penitenciario de Santa Fe, en Coronda. Desde allí, Cantero ordenó, por ejemplo, que se realice el secuestro extorsivo del integrante de una banda rival.
El secuestro se concretó el 9 de noviembre de 2017 y fue ordenado por Cantero a través del teléfono fijo que tenía en dicha cárcel.
Ese secuestro constituyó un eslabón en la cadena de hechos sangrientos que derivó en la identificación de Cantero y sus cómplices como responsables del mencionado hecho y siguió con un homicidio.
En una escucha telefónica, los responsables de la pesquisa advirtieron que un guardiacárcel alertó a Cantero sobre la necesidad de descartar el aparato que tenía en su calabozo debido a que se realizaría una requisa. Tres días después, el agente penitenciario fue asesinado de veinte balazos.
Otro de los 19 hechos mencionados en el informe elaborado por la Procuraduría contra la Narcocriminalidad (Procunar), figura el caso de Walter Daniel Jure, un narcotraficante, que a pesar de que estaba detenido en la Unidad 1, de Coronda, organizaba la logística de la compra, el acondicionamiento y la distribución de estupefacientes para venderlos en Rosario.
Tanto en las cárceles federales como en los penales de Santa Fe, los presos consiguen los teléfonos mediante el pago de coimas a los agentes penitenciarios, que cobran $ 90.000 por celular.
Condenado y con teléfono
A pesar de que Jure estaba detenido debido a que tenía condena unificada a 12 años de prisión por traficar 100 kilos de cocaína y por formar parte de una asociación ilícita comandada por la familia Cantero, seguía al frente de la banda y daba órdenes desde la cárcel. Menos conocido que sus exsocios, “Guille” Cantero y Esteban Alvarado, los Jure instalaron en Rosario una red de narcomenudeo en los principales barrios del oeste de la ciudad.
En una de las escuchas telefónicas que fueron utilizadas para fundar la sentencia en su contra, Jure fue grabado cuando le ordenaba a uno de sus “soldaditos” que le pague una coima al jefe de la comisaría 19a. de Rosario, situada en el Boulevard Seguí al 5300, para que le facilitara una línea segura, en caso de tener a quien recurrir si lo detenían.
De nada sirvió. Jure fue apresado en la Ruta 34 cuando coordinaba el traslado de 100 kilogramos de cocaína, divididos en dos cargamentos de 50 kilogramos, ocultos dentro de piñatas.
Tan grande es el poder de los miembros del clan Jure que continuaron accediendo a celulares que les permitían manejar la banda a pesar de estar detenidos.
A principios de esta semana, durante una requisa realizada en el pabellón 52 de la cárcel de Villa Devoto, fueron secuestrados diez teléfonos. Dichos celulares estaban en un recinto en que solamente se alojan 25 presos. Uno de los internos asignados a dicho pabellón es Diego Jure, hermano de Dani, condenado en la misma causa por el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 3, de Rosario, a nueve años de prisión.
Aunque los celulares no estaban en poder del integrante del clan narco, no se descarta la posibilidad de que lo hubiera usado.
En el mismo pabellón en que secuestraron los diez celulares, también se alojan Guillermo Antonio Álvarez, alias Concheto o Karateca, uno de los mayores asesinos seriales de la historia criminal argentina, condenado a prisión perpetua por cuatro homicidios.
Aunque, la utilización de celulares en las cárceles está prohibida en el artículo 160 de la ley 24.660, que regula la ejecución y cumplimiento de las condenas, las autoridades del SPF tienen la requisa cómo única forma de evitar que los presos usen esos dispositivos.
Durante enero de este año, en el penal de Villa Devoto fueron secuestrados 74 celulares. En un procedimiento realizado el 22 febrero pasado en el pabellón 8 de dicha cárcel, los guardiacárceles hallaron 18 teléfonos y 48 chips de celular.
Solamente en 2021, en los penales de Santa Fe, Buenos Aires y las cárceles federales se secuestraron más de 38.000 teléfonos.
Guardados en un depósito
Sin embargo, nadie hace nada con la información que contienen esos celulares, a excepción de los dispositivos hallados en poder presos sobre los que, expresamente, pesaba una orden de requisa y allanamiento.
Los celulares secuestrados durante requisas realizadas en las cárceles del SPF tienen un destino: las cajas azules, de plástico, apiladas en los depósitos del edificio de Paso 550, donde se guardan los miles de teléfonos como los que encontraron esta semana a un narco alojado en el pabellón 52 del penal de Villa Devoto.
En caso de que no se realicen las requisas, nada impide que los presos utilicen los celulares debido a que no existen inhibidores de señal.
El nuevo reclamo para la instalación de inhibidores de señal en las cárceles fue presentado esta semana. En la solicitud, presentada por los fiscales federales en el Ministerio de Justicia, se pidió que, “de manera urgente se extremen las medidas para evitar el uso de celulares en los penales de máxima seguridad, que están prohibidos, colocar inhibidores de señales en los pabellones”.
El pedido presentado por los fiscales nacionales se fundó en información que coincide con el informe elaborado por el Ministerio Público de Rosario, que determinó que ocho de cada diez ataques a balazos denunciados en esa ciudad se ordenaron a través de celulares de presos alojados en las cárceles de Santa Fe o penales del SPF.
El pedido presentado por los fiscales nacionales se fundó en información que coincide con el informe elaborado por el Ministerio Público de Rosario, que determinó que ocho de cada diez ataques a balazos denunciados en esa ciudad se ordenaron a través de celulares de presos alojados en las cárceles de Santa Fe o penales del SPF.
Según la estadística elaborada por los fiscales rosarinos, siete de cada diez homicidios registrados en dicha ciudad tuvieron un autor intelectual que estaba detenido y, merced a la utilización de celulares, ordenaron el 70% de los 288 asesinatos registrados en Rosario durante 2022.
Así se concretó el homicidio de Máximo, en Empalme Graneros. A partir de la investigación de la fiscalía se habría determinado que Cristian Villazón, uno de los líderes de la banda Los Salteños, preso en el penal de Piñero donde cumple una condena a 15 años de prisión por un triple homicidio, habría ordenado que sus cómplices aplicaran un escarmiento en el barrio que intentan recuperar, luego que cayera en manos su rival, Miguel Ángel Caracú Albornoz.
Una de las víctimas del triple homicidio por el que fue condenado Villazón, alias El Salteño, era una bebé de un año.
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