ADN del crimen: inversiones oscuras y muertes brutales giran demasiado cerca de barras de Boca

Jorge Lemos Mascardi, Hugo Díaz y Fernando Pérez Algaba no se conocían entre sí. Sin embargo, sus vidas y sus trágicos destinos aparecen unidos por un hilo rojo. Los tres eran inversores que movían dinero de diversas facciones de la barra brava de Boca.

Lemos Mascardi fue asesinado; su cuerpo fue descuartizado y quemado en un campo de Cañuelas, en agosto de 2010. Díaz, fue visto con vida por última vez el 9 de marzo de 2015, cuando ingresó en la oficina de su socio, en la Galería Jardín, en Florida, entre Corrientes y Lavalle. La Justicia sospecha que lo mataron y lo descuartizaron, aunque su cuerpo nunca fue hallado.

Mientras que Pérez Algaba, fue asesinado en la zona oeste del conurbano. Lo mataron después de tenerlo cautivo durante cuatro días; luego descuartizaron el cadáver y lo descartaron en las adyacencias de la feria La Salada, en Ingeniero Budge. Sus restos fueron hallados, entre el domingo y martes pasado, esparcidos en un radio de 200 metros, en un arroyo de Ingeniero Budge, lejos del departamento de Ituzaingó que había alquilado de forma temporal, cuando llegó de Barcelona, el 13 de julio pasado.

En una serie de archivos de audio grabados por la víctima quedaron registradas las amenazas de un supuesto integrante de la barra brava de Boca, que habría sido identificado como Gustavo Alberto Iglesias.

Pero, Iglesias no sería el único integrante de la barra brava de Boca vinculado con Pérez Algaba. En las últimas horas se conoció un dato que se mantenía oculto entre los expedientes que se instruyen en los tribunales bonaerenses que indicó que la víctima realizaba operaciones financieras para uno de los personajes violentos del sector más radicalizado de la hinchada xeneize. Este barrabrava vivía en una quinta situada en Parque Leloir, en la que fue detenido, en mayo de 2021, Javier Alejandro Pacheco, alias Rengo, uno de los narcotraficantes más importantes de la zona Oeste del conurbano, exsocio de Miguel Ángel “Mameluco” Villalba. Ni Iglesis ni Pinazzi figuran como acusados en la investigación por el homicidio de Pérez Algaba.

Según fuentes judiciales, en 2017, Pérez Algaba, se presentó en un juzgado de Morón para reclamar la entrega de un Chevrolet Camaro blanco, un automóvil de alta gama, que había sido secuestrado en el contexto de una causa judicial por violencia de género, abuso de armas y atentado y resistencia a la autoridad contra Ariel Maximiliano Pinazzi, uno de los referentes en las sombras de la barra brava de Boca.

El llamativo Camaro blanco, había sido secuestrado en poder Pinazzi, quien fue detenido luego de una persecución por las calles de Morón, cuando los custodios de los locales bailables que funcionan en la localidad de Villa Sarmiento, sobre Gaona, advirtieron el conductor del mencionado vehículo le pegaba a su pareja.

Cuando los patovicas intentaron que Pinazzi dejara de pegarle a su pareja, el barrabrava de Boca, aceleró el Camaro y escapó. Entonces, los custodios alertaron al número de emergencias 911. Así la policía comenzó una persecución por las calles de Morón para apresar al sospechoso de un caso de violencia de género. Mientras huía, el conductor del Camaro mostró un arma para amedrentar a efectivos que lo perseguían. En su intento por escapar, Pinazzi perdió el control del Camaro y chocó. A raíz del impacto, resultó herido y fue llevado al hospital Posadas, donde fue apresado.

Pinazzi estuvo preso seis meses. Mientras, el acusado cumplía la prisión preventiva, se presentó en el juzgado una solicitud para que se restituyera el Camaro blanco. Dicho documento estaba firmado por Fernando Pérez Algaba, quien manifestó que era propietario del vehículo y adjuntaba un boleto de compraventa de la agencia de autos en la que había adquirido el mencionado rodado.

Esa agencia está en Ituzaingó, cerca de Parque Leloir, y pertenece a un empresario que estuvo secuestrado durante 21 días, en junio de 2006. Un año antes, ese vendedor de autos de alta gama había sido procesado en un expediente judicial por la venta de vehículos mellizos. El nombre de ese empresario fue consignado por Pérez Algaba en el antepenúltimo párrafo de la nota que tituló “Cuentas” y que compartió con sus allegados, en octubre pasado.

En ese documento, Pérez Algaba detallaba los nombres y sumas de dinero que le debían y el historial de la deuda que tenía, por ejemplo, con Gustavo Alberto Iglesias, cuyas amenazas había grabado.

Cuando los funcionarios del juzgado concurrieron a la agencia de autos para buscar el título de propiedad del Camaro fueron atendidos por el mencionado empresario, citado por Pérez Algaba, quien les entregó un formulario de transferencia de propiedad automotor, en blanco y firmado por un hombre que había fallecido ahogado, dos meses antes, en Venezuela. El dueño fantasma del Camaro vivía en una casa muy humilde en San Martín, no tenía ingresos declarados. Era un indigente al que el dueño de la agencia y Pérez Algaba hacían aparecer como testaferro.

La banda de los Gardelitos

Cuando Lemos Mascardi, de 34 años, con prontuario policial Nº 959667, desapareció el 22 de agosto de 2010, el nerviosismo y la preocupación se instaló entre los jefes del clan Soria, referentes de la banda de los Gardelitos, en la estructura de poder la barra brava de Boca. Dicha preocupación obedecía a que Lemos Mascardi canalizaba el dinero de la venta de drogas del grupo de los Gardelitos en la tribuna de la Bombonera y lo que se cobraba por los embarques que se despachaban al exterior.

Lemos, tenía una agencia de venta de automóviles y tenía participación en sociedades que poseen varios de las discos que funcionaban la avenida Concejal Tribulato, en San Miguel. Fue socio de Miguel Ángel Villalba, alias “Mameluco”, condenado por liderar una banda de narco en la zona de San Martín.

A principios de 2010, ambos exsocios decidieron comenzar a hacer política. Se sumaron a un sector del justicialismo bonaerense y lanzaron sus candidaturas a intendente de San Miguel y de San Martín.

Antes de iniciar su carrera política, Lemos era conocido en la barra brava de Boca, donde tuvo como padrinos a Richard Williams Laluz Fernández, alias El Uruguayo Richard, y a uno de los Soria, fundadores de la banda de Los Gardelitos, una de las facciones que forma parte del grupo más radicalizado de la hinchada de Boca.

Según consta en su prontuario, en 2005, Lemos estuvo preso al ser acusado de estafas. La Justicia también lo vinculó en una causa por un supuesto secuestro extorsivo. En el momento de su desaparición, tenía una orden de captura del fiscal federal de Tres de Febrero, Paul Starc, quien lo acusó de falsificación de DNI, sin embargo, el pedido de detención en su contra no resultó un impedimento para que siguiera con su campaña electoral.

Su cuerpo fue hallado, incinerado, en un campo situado en el límite entre los partidos de Las Heras y Cañuelas. Mucho tiempo después del homicidio, el cartel con su foto, en la que se promocionaba su candidatura a intendente coronaba el edificio más alto, situado frente a la plaza de San Miguel.

Aunque la Justicia, condenó a dos conocidos de Lemos por el homicidio, ya que se definió que lo mataron para no pagarle una deuda millonaria, no pasaron inadvertidos sus vínculos con diversos integrantes de la barra brava de Boca, algunos asesinados y otros sentenciados por aportar la logística en la denominada masacre del shopping de Martínez, dónde mataron a dos narcos colombianos.

Doble homicidio y narcoavión

Víctor Hugo Ovejero Olmedo y Jorge Daniel Moreyra, integrantes de las barras bravas de River y Boca, respectivamente fueron condenados, en 2018, por los homicidios de John Quintero Gartner y Héctor Duque Ceballos. ocurridos el 24 de julio de 2008 en uno de los playones de estacionamiento del shopping de Martínez.

Si bien fueron absueltos en el juicio oral, también estuvieron procesados el mencionado Laluz Fernández, compañero de Moreyra en la barra brava de Boca y padrino de Lemos Mascardi en el sector más radicalizado de la hinchada xeneize; Gustavo Luaces, un empresario relacionado con los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, hijos del fallecido exjefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, brigadier general José Juliá y Martín López Magallanes.

Los hermanos Juliá cumplieron una condena de 13 años de cárcel en Barcelona, España, por traficar 944 kilogramos de cocaína, que se habían ocultado en los tapizados de los asientos de un avión Challenger Bombardier y se habían estibado en la base aérea militar de Morón.

Luaces era empleado de Gustavo Juliá en las empresas Medical Jet y Federal Aviation, con oficinas en un edificio de Puerto Madero, y propietarias del avión en el que se secuestró el cargamento de cocaína en Barcelona. Mientras que López Magallanes era socio de Sebastián Forza, una de las víctimas del triple homicidio ocurrido en General Rodríguez, el 7 de agosto de 2008. Tanto Luaces como López Magallanes fueron procesados por la Justicia Federal de San Isidro durante la etapa de instrucción, pero fueron absueltos en el juicio oral.

Williams Laluz Fernández siguió preso debido a que tenía otros procesos por narcotráfico. En 2010 salió de la cárcel, pero en marzo de 2011, fue baleado durante una pelea en el local Cocodrilo, en Palermo. Le pegaron tres balazos por la espalda. Aunque sobrevivió a la balacera, perdió la movilidad en sus piernas y falleció en 2018.

Hugo Díaz, por su parte, ingresó en la oficina de su socio, el contador Diego Guastini, la Galería Jardín, en Florida entre Lavalle y Corrientes. Nadie lo vio salir. Según declaró el amigo de Díaz ante la Justicia: “Gente de la barra brava de Boca lo estaba buscando por una cobranza y por eso lo habían estado esperando en la puerta del boliche Esperanto un viernes a la noche. También dijo que tuvo un problema con dólares falsos”.

El financista que movía dinero de un sector de la barra brava de Boca nunca apareció. La Justicia abonó la sospecha de que el socio lo mató, lo descuartizó y escondió el cuerpo en un freezer, con el que lo sacaron del edificio. Esta hipótesis nunca se pudo probar. Sin embargo, cuatro años y siete meses después de la desaparición de Díaz, Guastini fue asesinado por sicarios cuando circulaba por Quilmes con su Audi A4 gris. Llevaba a la cintura una pistola Glock calibre .40 que tenía para defenderse. No llegó a usarla: lo ejecutaron de tres tiros. Al investigar el homicidio se estableció que cambiaba dólares para un narco.

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