ADN del crimen: el robo a mano armada, un nuevo servicio adicional de policías bonaerenses
Uniformados fueron detenidos en numerosas ocasiones por protagonizar asaltos durante sus horas de descanso
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LA NACIONGustavo Carabajal
Como un lobo solitario se dedicó a asaltar a censistas. Para amenazar a las víctimas utilizó el arma reglamentaria que le proporcionó la policía bonaerense y que se adquirió con los impuestos que pagan los vecinos. El denominado “poliladrón del censo” no se trató de un caso aislado en la fuerza de seguridad más numerosa del país. Constituyó el hecho delictivo más visible cometido por el integrante de una institución cuyo deterioro se profundizó desde la pandemia.
El día anterior a que el oficial inspector Mauro Garone asaltase en Quilmes a dos censistas habían apresado, en Lomas de Zamora, a un subcomisario que manejaba borracho y con el arma reglamentaria en su poder.
Horas antes, en Florencio Varela, otro subcomisario fue denunciado por abuso sexual por una subordinada. Después de esa presentación, se sumaron otras dos mujeres que también fueron víctimas de ataques sexuales cometidos por el mismo jefe policial.
El abanico de delitos cometidos por efectivos de la fuerza de seguridad provincial en los últimos doce meses incluyó a varios grupos de narcopolicías detenidos desde principios de este año por trabajar para traficantes de cocaína del conurbano.
Igual de graves fueron los casos, cada vez más habituales, de comisarios corruptos que desviaron a efectivos que debían recorrer la jurisdicción a bordo de móviles para custodiar áreas comerciales o zonas bancarias a cambio de cobrar el denominado servicio de policía adicional.
Esa forma de corrupción policial, conocida como “quintas”, afectó directamente a los vecinos, porque el dinero que el comisario cobraba por el servicio tenía como destino directo el bolsillo del jefe policial y desprotegió a los habitantes del lugar donde tiene jurisdicción la seccional.
“En la jurisdicción de la comisaría 4a. de Mar del Plata existe un sistema organizado de recolección ilegal de dinero consistente en la siguiente modalidad: el titular de la seccional dispuso un dispositivo de seguridad en el centro comercial, situado en Champagnat, entre Libertad y Balcarce. Asignó a esa zona a dos efectivos. La cobertura es diaria. Los efectivos están uniformados, pero sin chalecos antibalas. Los comercios tributan mensualmente $80.000″, se consignó en el mail enviado el 25 de enero pasado a la dirección de correo electrónico habilitado por la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense para recibir denuncias. En el mismo mail se detallaron otras zonas en las que el jefe de la comisaría envió policías por los que cobró entre $20.000 y $90.000 por semana.
Según consta en la denuncia, los jefes de cada comisaría, del 1° al 5 de cada mes deben mandar un mensaje a través de la plataforma Telegram, en la que figuran todos los titulares de las seccionales de Mar del Plata. En esos textos se indicaban, además, la hora y el día a que podían pasar a retirar los sobres con dinero los dos subcomisarios designados desde la Jefatura Departamental.
Se acumulan denuncias
Otro caso de corrupción policial fue también expuesto en la casilla de correo electrónico de denuncias de Asuntos Internos. En esa exposición se indicó que en el Comando de Patrullas de Mar del Plata, con sede en Laguna de los Padres, su titular exigía el dinero que los subordinados cobraban en concepto de horas extras, las llamadas horas “cores”. En el momento de acreditarse el pago en las cuentas sueldo de cada policía debía ser reembolsado un 50% al comisario inspector a cargo de la dependencia.
“Los móviles cargaban combustible a través del sistema de tarjetas, pero simulaban que recibían el gasoil. Concurrían a la estación de servicio asignada, donde el encargado cambiaba el valor de las tarjetas por efectivo”, se denunció el 20 de enero pasado, a las 12.15, en un mail enviado a Asuntos Internos.
Según figura en la exposición recibida en la dependencia que investiga a los policías, el dinero que se cambió por los vales de combustible fue al bolsillo del comisario inspector que se desempeñaba como jefe del Comando de Patrullas.
Este hecho de corrupción perjudicó a los vecinos y turistas de Mar del Plata debido a que los móviles asignados a la cobertura de la jurisdicción no recorrían la zona por falta de combustible o por desperfectos mecánicos.
Son conocidas las trampas y potenciales delitos cometidos en las comisarías. “Muchos jefes acosan sexualmente a sus subordinadas y, si estas no aceptan las trasladan a 300 kilómetros de la casa. Hay denuncias que indican que la mitad del personal de las dependencias fue usado solamente como empresa privada, solo para cubrir servicios de policía adicional, para que ese dinero se recaude de forma ilegal”, expresó el comisario Raúl Leguizamón, con 29 años de servicio en la fuerza de seguridad provincial, quien se desempeñaba como jefe de turno en la Estación de Policía de General Alvarado.
El 22 de abril pasado, después de enviar esa carta a la máxima autoridad de la policía bonaerense, el comisario fue desafectado.
En la fuerza de seguridad provincial se persigue al que denuncia, al efectivo que se anima a exponer la actividad dolosa de un jefe, como le pasó a Leguizamón o con las tres mujeres que imputaron a un subcomisario de Florencio Varela, por presunto abuso sexual.
“Anteanoche, mientras estaba con Camila, una de las policías que denunció al subcomisario a cargo de una de las seccionales de Florencio Varela, se presentaron en su casa seis efectivos en tres móviles, para notificarla de la formación de una causa penal en su contra. Se trató de una maniobra para amedrentar a la suboficial para que no denuncie a su jefe. El formulario que le mostraron estaba en blanco”, expresó el abogado Carlos Dieguez, que representa a las tres víctimas de los supuestos abusos cometidos por el oficial superior.
Camila se sumó a Julieta y Yanel, quienes denunciaron haber sido víctimas de abuso sexual por parte del mismo subcomisario. Debido a que el jefe policial todavía no fue llamado para que la fiscalía le tome declaración indagatoria, su nombre se mantendrá en reserva.
“Responsabilizo a las máximas autoridades del Ministerio de Seguridad bonaerense de cualquier ataque contra la integridad física de las víctimas de abuso sexual cometido por el subcomisario denunciado”, manifestó el abogado Dieguez.
Actualmente, la fuerza de seguridad provincial tiene más de 90.000 efectivos. Hasta 2013, la policía bonaerense contaba con 55.000 uniformados. Durante la gestión de Daniel Scioli como gobernador, y ante la necesidad de sumar policías para que recorran las calles del conurbano por una necesidad electoral, se sumaron, en dos años, más de 35.000 agentes.
Relaciones peligrosas
Esa incorporación masiva de uniformados tuvo un problema: en muchos casos, ingresaron algunos postulantes con familiares que tenían antecedentes penales. Así fue que resultase habitual que, durante el último año, aparecieran casos como el denominado “poliladrón del censo” o el efectivo que se desempeñaba en la Jefatura Departamental de San Martín y que antes de ir a trabajar asaltaba a sus vecinos de Monte Chingolo. Ese policía fue apresado el 30 de abril pasado.
Al día siguiente, una mujer policía que se desempeñaba en la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Moreno fue detenida cuando asaltaba a los jóvenes que salían de un boliche situado en el centro de esa ciudad.
“Nunca vi este nivel de delitos cometidos por algunos integrantes de la fuerza de seguridad provincial. En las últimas convocatorias, especialmente desde 2020, ingresó mucha gente con antecedentes penales”, indicó Luis Tonil, abogado y presidente de la Defensoría Policial.
A los policías que salían a robar con sus armas, hay que sumarles los casos de uniformados acusados de robar parte de un cargamento de cocaína secuestrado durante un operativo para vender la droga a través de transas que formaban parte de una banda enfrentada con la organización dueña del alijo incautado. Sin embargo, nada ocurrió con los cinco policías bonaerenses que integraban la banda a la que pertenecía la cocaína adulterada que se vendió en Puerta 8, que mató a 24 personas a principios de febrero pasado.
Otro caso de un narcopolicía quedó al descubierto durante el operativo que terminó con la captura del jefe de la banda narco más importante de la zona de Monte Grande y Ezeiza, la Justicia Federal apresó a un efectivo de la policía bonaerense que se desempeñaba en la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI).
El escándalo provocado por dos policías bonaerenses que cobraron de una coima a través de una billetera virtual sacudió a la fuerza de seguridad provincial. Ese hecho fue denunciado por un conocido de la pareja del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni
Pero los casos de efectivos involucrados en delitos no constituyen patrimonio exclusivo de la fuerza de seguridad bonaerense. En las últimas horas, tres efectivos de la Policía de la Ciudad fueron apresados, acusados de robarle un bolso con $540.000 a un comerciante, de nacionalidad boliviana, al que detuvieron durante un control vehicular.
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