ADN del crimen: el enigma de Guadalupe queda oculto en más de 580 testigos
La desaparición de una niña de 5 años en San Luis provocó una fuerte conmoción social en junio pasado, pero recién ahora se investiga el movimiento de celulares
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LA NACION
Sin que ninguno de los 584 testigos que declararon hasta el momento hubiera aportado algún dato relevante y luego que fracasaran los 427 allanamientos y 1255 rastrillajes realizados por los efectivos de la policía de San Luis, la única posibilidad que tienen los investigadores de encontrar alguna pista que indique qué pasó con la niña, de 5 años, desaparecida el 14 de junio pasado, está en los teléfonos.
Actualmente, la búsqueda de Guadalupe Belén Lucero está enfocada en cruzar información de todos los celulares que estaban activos en la zona de la manzana H del barrio 544 Viviendas el 14 de junio, media hora antes y media hora después de las 19.20, cuando la niña fue vista por última vez en la puerta de la casa de su tía.
La decisión de profundizar la investigación con el análisis de las comunicaciones y geolocalización de los celulares se aplicó cuando pasaron más de cuatro meses de la desaparición de la pequeña.
También demoró la búsqueda el hecho de que la Justicia de San Luis regula los procedimientos penales con un código que ya no se utiliza en el resto del país y que otorga al juez la potestad para delegar en la policía la instrucción del sumario.
Esto significa que la causa por la búsqueda de Guadalupe sigue calificada como “averiguación de paradero”. Actualmente, el sumario está en el Departamento de Investigaciones de la policía de San Luis, a cargo del comisario mayor Ángel Pereyra.
La mayoría de las páginas de esos más de 60 cuerpos corresponden a actas de procedimientos y operativos que se realizaron sin la aplicación de ninguna lógica o, al menos, un patrón de búsqueda, en lugares turísticos de la provincia puntana, lejos de la denominada zona cero, donde Guadalupe fue vista por última vez mientras jugaba con su prima y otra niña.
Con esos rastrillajes, que incluyeron la participación de buzos que se sumergieron en 18 embalses, el Poder Ejecutivo de San Luis intentó mostrar un importante despliegue policial. Pero todo se terminó cuando los equipos periodísticos de los canales con cobertura nacional regresaron a Buenos Aires.
A partir del análisis de la búsqueda realizada con un grupo de perros que fueron acercados por Eric Lucero, el padre de la niña, se concluyó que el rastro de Guadalupe se perdió en el mismo barrio. Sin embargo, a más de cuatro meses de la desaparición de la pequeña, todavía existen varias casas de la zona que no fueron revisadas. Otra búsqueda con perros concretada por un grupo distinto de familiares obtuvo una conclusión diferente e indicó que el rastro de Guadalupe se perdía en la Autopista Serranías Puntanas, que hacia el oeste termina en la frontera con Mendoza y al este permite llegar a Córdoba.
En ambos casos los gastos para solventar los viajes de los guías de los perros rastreadores fueron solventados por los familiares de Guadalupe.
Yamila Ciarlone, la madre de Guadalupe, tuvo que cocinar y vender empanadas para pagar el pasaje y alojamiento a Buenos Aires, adonde viajó para reunirse con la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic. En agosto, después de un encuentro con Frederic y el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el Gobierno aumentó de dos a cinco millones de pesos la recompensa ofrecida para quien entregue datos que permitan encontrar a la pequeña, de 5 años.
Aunque existe un pedido de búsqueda nacional, ningún policía de San Luis controla actualmente a los automovilistas que cruzan el límite provincial. No hay revisión vehicular, como tampoco se hizo en el momento de la desaparición de la pequeña, cuando se demoró una semana en comenzar con los controles.
Tiempo perdido
Guadalupe desapareció en una zona donde hay dos cámaras de seguridad. El dispositivo más cercano a la manzana H está a dos cuadras y media. La segunda cámara está a más de tres cuadras. En caso de que el secuestrador y la niña hubieran pasado por la esquina donde están las cámaras de seguridad, no habrían quedado registrados. Esas cámaras, según explicó un colaborador de la familia de la niña, no funcionaban.
Además, la búsqueda con perros comenzó 24 horas después de la desaparición de Guadalupe y estuvo a cargo de policías puntanos que no contaban con la capacitación correspondiente. La policía y la Justicia de San Luis demoraron casi 96 horas en aplicar la alerta Sofía, un sistema de búsqueda que se instaló a nivel nacional a partir de la desaparición de Sofía Herrera, de tres años, en Río Grande, en Tierra del Fuego, el 28 de septiembre de 2008.
Los padres de Guadalupe fueron convocados dos días después de su desaparición para que autorizaran la difusión de la foto de la niña por el Sistema Federal de Búsqueda de Personas (Sifebu). Debido a una cuestión burocrática, pasaron otros dos días hasta que la imagen de Guadalupe se difundió a través de la alerta Sofía. Y se tardó más de una semana en realizar la declaración en cámara Gesell de las menores que acompañaban a Guadalupe.
En la actualidad, la tía de Guadalupe afirma que su hija repite la escena en la que una mujer le tapa la boca a la prima. La otra menor que estaba con Guadalupe cuando desapareció sufre un retraso madurativo y fue entrevistada en dos oportunidades. Los rastrillajes fueron anárquicos, carecieron de planificación y cruce de datos. No se identificó con marcadores qué cuadrícula se había revisado ni qué sector había quedado sin peinar. No se usaron georradares para revisar la tierra removida.
Un reconocido geólogo de la Universidad Nacional de Río Cuarto puso a disposición de los investigadores su georradar y se ofreció a colaborar con los policías. Pero desde el Ministerio de Seguridad de San Luis nunca le mandaron el dinero para el viaje y solventar los gastos de alojamiento. Esta falta de apoyo oficial a la investigación es coincidente con la actitud del gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, quien manifestó públicamente su solidaridad con los padres de Guadalupe, pero nunca se puso al frente de la búsqueda.
Actualmente la policía puntana controla la investigación. El comisario inspector Pereyra, que solamente en una oportunidad hizo declaraciones ante los periodistas, depende operativamente del jefe de la fuerza de Seguridad de San Luis, el comisario general Darío Neira, quien un mes después de la desaparición de la niña manifestó que habían convocado a una vidente para colaborar en la búsqueda.
Estas declaraciones fueron duramente criticadas por la religiosa Martha Pelloni, coordinadora general de la ONG Infancia Robada. “Cuando aparecen las llamadas ‘videntes’, generalmente se trata de mujeres allegadas a la institución policial y, en nuestra experiencia, tienen el oficio de ‘embarrar’ la investigación que se realiza”, expresó Pelloni en una carta, en la que se refirió a la desaparición de Guadalupe y en la que criticó a la administración de Rodríguez Saá.
Si bien el comisario general Neira es el jefe de la policía de San Luis, tiene un jefe político: el ministro de Seguridad provincial, Luciano Anastassi.
Los vínculos políticos
En tanto, los funcionarios judiciales que supervisan la búsqueda de Guadalupe ocuparon cargos en el Poder Ejecutivo comandado por Rodríguez Saá. Por ejemplo, el juez Ariel Parrillis fue procurador penitenciario e integrante de la Comisión de Derechos Humanos, que depende del Poder Ejecutivo, antes de asumir, en 2018, como magistrado.
En su primera declaración pública manifestó que existía la posibilidad de que “Guadalupe hubiera sido víctima de una privación ilegal de la libertad”. Sin embargo, nunca aceptó los pedidos presentados por uno de los abogados que representa a un familiar de la niña, para que el sumario pase a la Justicia federal y se investigue como un supuesto de caso de trata de personas.
Por una cuestión de turnos, la investigación del caso Guadalupe le hubiera correspondido a la fiscal María del Valle Durán, pero la representante del Ministerio Público, cuñada de la jefa de Gabinete de Ministros de San Luis, Natalia Zabala Chacur, nunca se hizo cargo del sumario.
El procurador Luis Martínez decidió formar un equipo de fiscales para sustituir a Durán, quien era nueva en la función debido a que había sido designada el 4 de mayo pasado en el cargo. Virginia Palacios, Esteban Roche y Ricardo Barbeito fueron designados para representar al Ministerio Público en la investigación del caso Guadalupe.
Después del viaje de la madre de Guadalupe a Buenos Aires, donde también se reunió con el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, la Procuración General ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación designó un equipo de tres fiscales que se sumaron al fiscal federal de San Luis, Christian Rachid, para colaborar con la investigación de la Justicia provincial.
Hace un mes, los cuatro fiscales federales recibieron una copia, en soporte DVD, de los más de 60 cuerpos que tiene el expediente. En ese momento, la causa por la búsqueda de la niña quedó identificada como FMZ 9787/2021. A partir de esta medida, la investigación se enfocó en buscar una pista en el entramado de las comunicaciones telefónicas.
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