ADN del crimen: el año en que la Argentina se convirtió en Sinaloa
La masacre ocurrida en General Rodríguez puso al descubierto que la Argentina era el principal proveedor mundial de efedrina al cartel de Sinaloa, que usaba ese precursor químico para fabricar metanfetaminas. A pesar de que una de las víctimas era uno de los principales aportantes a la campaña del Frente para la Victoria nunca existió un impulso especial para investigar quién ordenó la masacre ocurrida en agosto de 2008.
Los asesinatos de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina no se hubieran concretado si los homicidas no contaran con la colaboración de algunos integrantes de las fuerzas de seguridad, según manifestó uno de los jueces al fundar la sentencia contra los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor y Marcelo Schillacci.
Durante la investigación del triple crimen se determinó que, en esa época, la Argentina fue el segundo comprador mundial de efedrina. Entre 1999 y 2010 se importaron 55.395 kilogramos de efedrina, cuando la industria farmacéutica local requería cien kilogramos por año para la elaboración de antigripales y descongestivos. Cada comprimido de dichos medicamentos lleva una microdosis de efedrina, por lo tanto, la cantidad requerida por los laboratorios era muy inferior a la que se importaba.
La Justicia determinó que de esos 55.395 kilogramos al menos 40.000 kilogramos de efedrina fueron derivados a los carteles mexicanos de narcotraficantes, principalmente a la organización de Sinaloa.
Según los testigos que declararon en el juicio por el triple asesinato, los traficantes argentinos compraban el kilogramo de efedrina a 90 o 120 dólares y se lo vendían a los narcos mexicanos a US$10.000. Esto significó un movimiento de US$392.000.000 durante once años por la venta de 40.000 kilogramos de efedrina a los carteles mexicanos. Por el tráfico de efedrina fueron procesados tres funcionarios del gobierno kirchnerista, dos de ellos, con acceso a una oficina en la Casa Rosada. La administración del FPV siempre se despegó de los acusados.
Los cheques de campaña
Sin embargo, varios documentos probaron que Forza depositó cuatro cheques de su droguería Seacamp, en la cuenta del Nº 5270993 del Banco Nación, propiedad del Frente para la Victoria (FPV). Esos cuatro documentos de $50.000 cada uno fueron emitidos a pesar de que Forza estaba inhibido porque había superado ampliamente la cantidad máxima permitida de cheques rechazados, para desarrollar una actividad comercial. Ningún funcionario del Banco Central, de esa época, pudo explicar por qué Forza seguía emitiendo cheques. Curiosamente, ninguno de los cuatro cheques de $50.000 firmados por Forza el 29 de octubre de 2007 fue rechazado y el dinero llegó a las arcas del comité de campaña del FPV.
Allegados a Forza indicaron que el empresario, que por la suma depositada se convirtió en uno de los mayores financistas del partido que llevó a la presidencia a Cristina Kirchner, realizó semejante aporte porque pretendía cobrar la deuda por medicamentos vendidos al Hospital Francés y que estaba incluida en la quiebra. Dicho nosocomio había sido intervenido por el Ministerio de Salud y un funcionario designado por el Poder Ejecutivo decidiría a quién se pagaba. Y Forza hizo el aporte a la campaña electoral del FPV para cobrar las facturas.
“Entre 2007 y 2008, adquirir una farmacia o una droguería permitía a algunos oportunistas un rápido ascenso en la escala social, por lo que propietarios de estos comercios, sus empleados o personas vinculadas a este rubro se dedicaron a la venta de efedrina, una sustancia vegetal derivada de la efedra, importada en los llamados ‘cuñetes’ de la India o de China, dado que nuestro país no la cultiva, que era utilizada legalmente para fabricar descongestivos o broncodilatadores y cuyo valor en el mercado local oscilaba entre los 90 y los 120 dólares. Sin embargo, en el mercado ilegal, donde el principal comprador era México, ese precursor químico se utilizaba para la fabricación de drogas de diseño o sintéticas, como el éxtasis; los carteles mexicanos, ya con el producto manufacturado, lo destinaban esencialmente a los Estados Unidos, llegando a pagar hasta US$10.000 el kilo, por lo que resultaba para sus tenedores un extraordinario negocio”, describió la jueza de Mercedes, María Graciela Larroque, en los fundamentos de la sentencia por los homicidios de Forza, Ferrón y Bina.
Forza había sido denunciado por varios laboratorios por falsificar medicamentos oncológicos. Aunque nunca lo detuvieron por la producción de remedios apócrifos, Forza advirtió la oportunidad que se le presentó en esa época con la compra de droguerías que tuvieran el permiso para importar efedrina. Cristian Heredia, amigo de Bina, aportaba los contactos para acopiar el precursor químico.
Una fría trampa
El 7 de agosto de 2008 cuando Forza, Ferrón y Bina fueron secuestrados, Heredia debía concurrir con ellos a una reunión en el bar de la estación de servicio situada en Sarandí, dentro del predio de un shopping. Dicho encuentro serviría para sellar un acuerdo entre Forza, Ferrón y Bina con un comprador mexicano.
Las víctimas no lo sabían pero se dirigían a una trampa pergeñada por el principal proveedor del delegado del cartel de Sinaloa en la Argentina, que no aceptaba competidores. Heredia no concurrió a la reunión y salvó su vida, de milagro.
Después de seis días de búsqueda, los tres cuerpos fueron hallados en un zanjón de General Rodríguez. Ante la conmoción pública que tuvo el triple homicidio, el comisario general que comandaba la policía bonaerense concurrió al lugar y, ante los periodistas que estaban detrás del perímetro fijado por los peritos de la policía científica, afirmó que Forza, Ferrón y Bina fueron asesinados en ese lugar y que se encontraban ante la escena primaria de la masacre.
Juan Ignacio Bidone, el fiscal de Investigaciones Complejas de Mercedes, se hizo cargo del sumario y, luego de analizar los resultados de los estudios histopatológicos y las conclusiones de las autopsias, advirtió que los cuerpos de las víctimas fueron expuestos al frío, que retrasó el proceso de cadaverización. A partir de este dato científico, el representante del Ministerio Público comenzó a reconstruir el recorrido de los celulares de las víctimas y determinó que estuvieron en la casa de los Lanatta, en Quilmes, cerca del lugar donde las víctimas fueron vistas con vida por última vez.
“El verdadero móvil del homicidio múltiple fue la efedrina. Nuestro territorio fue ámbito fértil para la colonización por los carteles mexicanos, quienes mandaron a sus ‘virreyes’, entre ellos, a Jesús Martínez Espinosa, quien tenía estrecha relación con Marcelo Tarzia, encargado de sus negocios en la Argentina, e Ibar Pérez Corradi”, expresó uno de los magistrados en el veredicto contra los hermanos Lanatta y Schillaci.
Pérez Corradi estuvo prófugo durante seis años. Fue detenido en junio de 2016 en Foz de Iguazú. A pesar de que en la ex-SIDE se sabía que Pérez Corradi se había refugiado en la zona de la Triple Frontera, no se hizo nada para apresarlo.
Mientras que Martínez Espinosa, que instaló el laboratorio de metanfetaminas que explotó en Ingeniero Maschwitz, nunca fue condenado por el triple homicidio. Para la Justicia fue responsable del tráfico de efedrina y lo sentenciaron a 14 años de prisión.
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