ADN del crimen: de Wilde a Barracas, se repite la conducta de disparar sin preguntar

Hay algunos policías que primero disparan y después preguntan. Se trata de efectivos que abrieron fuego ante la sospecha de que perseguían a supuestos ladrones y, luego de vaciar los cargadores de sus armas, advirtieron que se equivocaron y mataron a inocentes. Tampoco existían las pistolas con que supuestamente les tiraban, por lo que decidían “plantar” armas en manos de las víctimas para encubrir sus responsabilidades. Desde la masacre de Wilde hasta el asesinato de Lucas González, en Barracas, pasaron casi 28 años; sin embargo, ambos hechos de brutalidad policial confirman que esa conducta que tienen algunos policías de disparar primero y preguntar después sigue vigente.

Gonzalo Domínguez, Camila López, Danilo Sansone y Aníbal Suárez, en San Miguel del Monte, y Blas Correas, en Córdoba, integran la lista de víctimas de casos de gatillo fácil, donde los policías dispararon contra inocentes a los que confundieron con sospechosos.

Excepto en el caso de San Miguel del Monte, en el resto de los hechos los policías que perseguían los vehículos de las víctimas no se habían identificado como integrantes de una fuerza de seguridad y los ocupantes de esos automóviles intentaban escapar de una situación de supuesto robo, creada por sospechosos que, a punta de pistola, los obligaban a detenerse.

El 10 de enero de 1994, Claudio Díaz conducía su Dodge 1500 modelo 1980 por la avenida Mitre. Al llegar a Villa Dominico, tomó por Ramón Franco y pasó por la sede regional de la Universidad Tecnológica Nacional. Lo acompañaba Edgardo Cicutín. Llevaban el baúl cargado de libros para ofrecerlos a nuevos clientes que visitarían en la zona. En la esquina de Bismarck y Moreno, en Wilde, Díaz escuchó los primeros disparos. A través del espejo retrovisor alcanzó a ver la silueta de un automóvil con una baliza portátil en el techo.

“Disparaban a mansalva. No hubo ni sirenas y ni voz de alto. Tampoco se veían los balazos. Solo se escuchaba el ruido contra la chapa del auto. Me tuve que detener porque el auto no avanzaba más. Tenía dos o tres ruedas en llanta. Entonces, llegaron unos hombres armados y nos hicieron bajar. Edgardo descendió al mismo tiempo que yo, pero en un momento lo perdí de vista. Me empujaron al piso, me pusieron una pistola en la cabeza y me esposaron con las manos hacia adelante. Al mismo tiempo, otro de los que me apuntaban apoyó su rodilla en mi espalda para tenerme aplastado contra el piso”, relató Díaz.

Casi 28 años después, la escena que describió el sobreviviente de la masacre de Wilde se repitió con algunos matices en Barracas.

Otro móvil no identificable

Un móvil no identificable de la policía, con efectivos que no se dieron a conocer como integrantes de una fuerza de seguridad, se utilizó para perseguir a los ocupantes de un automóvil a los que confundieron con ladrones. La imagen del Nisan Tiida, de los Policías de la Ciudad, con la “licuadora” o “chichón”, como se conoce en la jerga policial a la baliza portátil, en el piso del auto, del lado del acompañante, constituyen elementos en común que enlazan ambos episodios de brutalidad policial ocurridos con casi 28 años de diferencia a ambos lados del Riachuelo.

“Cuando hicieron la reconstrucción de la masacre conté 39 varillas que los peritos de la Gendarmería pusieron en mi auto para marcar los disparos. Tres de los balazos estaban en mi asiento. Uno de los disparos era pasante. No sé cómo pude sobrevivir. No era mi momento”, expresó Díaz.

La investigación encarada por la jueza de Lomas de Zamora, Silvia Susana González, determinó que un grupo de nueve policías persiguió al remise Peugeot 505 conducido por Norberto Corbo, en el que viajaban los pasajeros Enrique Bielsa y Gustavo Mendoza. Al interceptarlos a pocos metros de Ramón Franco y Mitre, los policías abrieron fuego contra el vehículo. Los tres ocupantes fueron asesinados.

Luego, advirtieron la presencia de un Dodge 1500 al que confundieron con un supuesto automóvil de apoyo. Entonces, los policías, que estaban de civil y sin sirenas, lo persiguieron y dispararon. Al llegar a la esquina de Moreno y Bismarck, el Dodge 1500 se detuvo, dañado por 39 balazos. Los hombres bajaron. Entre uno y tres policías asesinaron a Cicutín. Díaz salvó su vida.

“Escuché más tiros. Fue como si vaciaran el cargador de una pistola. Al tener la nariz contra el piso no podía mirar mucho, pero alcancé a ver un brazo con una pistola que tenía la corredera para atrás y otro hombre que le gritaba al que tenía el arma: ‘Pará, loco, que está dominado’. Después escuché el llanto de dolor de Edgardo. Cuando me levantaron me hicieron subir a un Peugeot 504, en el trayecto vi la espalda de mi compañero hecha un ovillo, al lado del auto”, recordó Díaz.

Los peritajes determinaron que los nueve efectivos de la Brigada de Investigaciones de Lanús, de la policía bonaerense, que se movilizaban en cinco automóviles sin identificar, dispararon 270 balazos. A casi 28 años de la masacre, ninguno de esos nueve policías fue juzgado. El Tribunal Oral N° 3, de Lomas de Zamora, todavía no fijó la fecha para el inicio del debate. El sargento Marcos Rodríguez, uno de los efectivos imputados, estuvo prófugo más de 20 años.

Persecución mortal

Gonzalo, de 14 años, Camila y Danilo, de 13, y Aníbal, de 22, también fueron víctimas del gatillo fácil aplicado por algunos policías. El 20 de mayo de 2019, viajaban en el Fiat 147 que pertenecía a Aníbal, cuando un grupo de efectivos de la policía bonaerense confundió ese automóvil con el vehículo denunciado como “sospechoso” por un vecino de San Miguel del Monte.

Según la reconstrucción del sangriento episodio realizada por el Ministerio Público, cuatro efectivos de la comisaría local persiguieron y dispararon contra el vehículo en el que circulaban las víctimas. Los peritajes demostraron que los policías efectuaron cinco balazos. Uno de los disparos hirió a Gonzalo. Debido a los balazos, Aníbal, que conducía el Fiat 147, perdió el control del automóvil y chocó contra un semirremolque estacionado a un costado de la ruta 3.

Cuatro de los cinco ocupantes del vehículo murieron en el acto. Mientras que Rocío, de 14 años, sufrió lesiones gravísimas, pero logró sobrevivir. Según describió el juez Eduardo Luis Silva Pelossi, al dictar los procesamientos de diez policías y del secretario de Seguridad local, se trató de una “persecución inmotivada”. En el momento de la tragedia, los policías intentaron cubrir su responsabilidad en el hecho y quisieron hacer pasar las muertes de los tres jóvenes estudiantes secundarios y del dueño del vehículo como un accidente de tránsito.

Así lo hicieron consignar en las primeras cincuenta páginas del expediente que fueron instruidas por los policías. Pero varios testigos aportaron otra versión del episodio y los investigadores judiciales decidieron allanar el Centro de Monitoreo de la Municipalidad de San Miguel del Monte.

El fiscal Lisandro Damonte cerró la instrucción del sumario y solicitó que, al menos, 20 policías sean sometidos a juicio oral por los distintos niveles de participación en la masacre y por encubrimiento.

Entre las declaraciones incorporadas como prueba en el expediente figuran los dichos de testigos que manifestaron que observaron cómo los policías se llevaban las vainas servidas expulsadas por sus armas.

La muerte de Blas Correa

En agosto de 2020, durante plena vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) un grupo de policías de Córdoba disparó contra el automóvil en el que Blas Correas, de 17 años, se movilizaba con cuatro amigos.

Los adolescentes habían ido a comer una pizza a un bar y regresaban al centro. Cuando circulaban por el barrio Nueva Córdoba, una moto se les acercó. El conductor del Fiat Argo en el que viajaba Blas decidió acelerar ante la posibilidad de que se tratara de motochorros. Ante la Justicia, el joven explicó que debido a que corrían riesgo de ser asaltados decidió no frenar en el control policial. Los agentes que estaban en ese retén les dispararon cuatro balazos.

Los peritajes determinaron que el proyectil que mató a Blas ingresó por la luneta y pegó en su espalda. En junio pasado, el fiscal José Mana requirió que trece efectivos de la fuerza de seguridad de Córdoba sean sometidos a juicio oral por el homicidio de Blas y los intentos de asesinato de sus amigos. Entre las pruebas que fundaron el requerimiento del fiscal, figuran las declaraciones de testigos que indicaron que un grupo de policías intentó poner un arma en el automóvil donde viajaban Blas y sus amigos, para simular la existencia de un enfrentamiento que nunca ocurrió.

En enero de 2005, en tanto, un grupo de efectivos de la Policía Federal, sin identificarse, a bordo de un Peugeot 504 negro, persiguió a Fernando Carrera por la avenida Sáenz. Al llegar al cruce con Esquiú, en Pompeya, Carrera atropelló y mató a dos mujeres y un niño que cruzaban la calle.

Carrera pasó siete años detenido. Pero la Suprema Corte de Justicia lo absolvió después que se demostró que hubo responsabilidad de los policías que, al confundir al conductor con un supuesto ladrón, abrieron fuego y lo persiguieron. Como ocurrió 16 años después con Lucas González, los policías dispararon primero y encubrieron después.

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