ADN del crimen: Chamuyo y Veinte Lucas, los secretos de dos comisarios corruptos
Hace diez años, jefes de las comisarías en Rosario armaron un sistema de recaudación ilegal que favoreció el surgimiento de bandas criminales
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Antes que el narcotráfico se convirtiera en la principal fuente de recaudación ilegal de un sector de la policía de Rosario, había jefes que formaban parte de bandas que robaban autos de alta gama en Buenos Aires y los desarmaban en la ciudad más importante del sur santafesino, como el comisario Christian “Chamuyo” Di Franco.
Contemporáneo de “Chamuyo” Di Franco fue el comisario “Veinte lucas”, titular de la seccional 16°, de Rosario, situada en Ayacucho 3350, en el barrio La Tablada, una de las zonas más violentas de esa ciudad. La seccional funciona a pocas cuadras de la cancha de fútbol donde, el 1° de enero de 2012, fueron asesinados tres inocentes en la denominada masacre de Villa Moreno.
Hace diez años, el jefe policial se ganó dicho apodo porque ante cualquier requerimiento por un detenido o por un automóvil secuestrado pedía que le pagaran $ 20.000. En la época en la que el comisario comandaba la mencionada seccional, en enero de 2012, el dólar cotizaba a $ 4,72. Esto significa que el jefe policial cobraba US$ 4200 por liberar a un detenido, por no armar una causa en su contra, por no allanar un bunker de venta de droga o por vender un auto que no le pertenece.
En las primeras horas de 2012, tres jóvenes fueron asesinados cuando festejaban el año nuevo en los bancos de un cancha de fútbol, en un hecho que se conoció como la masacre de Villa Moreno. Un grupo de sicarios que respondían al exjefe de la barra brava de Newell’s, Sergio “Quemado” Rodríguez, buscó vengarse de aquellos que, menos de una hora antes habían baleado a su hijo cuando estaba en un flamante BMW con su novia.
En ese momento, nadie imaginaba en Rosario que la masacre de Villa Moreno, marcaría el comienzo de una escalada de violencia y homicidios que llevó de 165 asesinatos notificados en 2011 a 182 homicidios en 2012 y a la cifra actual de 120 asesinatos, solamente, en los primeros seis meses de 2022.
Maximiliano, hijo del Quemado Rodríguez sobrevivió a ese primer ataque, pero fue asesinado un año después. En febrero de 2013, un sicario desde una moto le disparó ocho balazos, en la esquina de Pellegrini y Corrientes, en plena hora pico y a pocas cuadras del Palacio de Justicia de Rosario.
Durante la investigación de la masacre de Villa Moreno se determinó que los sicarios que envió el Quemado Rodríguez mataron por error a Jeremías “Jere” Trasante, Claudio “Mono” Suárez y Adrián “Patón” Rodríguez. Ninguna de las víctimas tenía relación con el ataque contra el hijo del exjefe barrabrava.
Por entonces, la banda de Los Monos, comandada por el clan Cantero formaba parte del submundo delictivo de Rosario, pero no figuraba en los medios nacionales; tampoco era público el nombre de Luis Medina, otro narco y lavador de dinero proveniente de la venta de drogas, asociado con Esteban Lindor Alvarado, un ladrón de automóviles de alta gama, convertido en traficante.
En este contexto coexistían los comisarios que recibían dinero de los narcotraficantes y aquellos que cobraban coimas por el juego ilegal, los desarmaderos de automóviles, por las fugas de presos, para retirar los automóviles secuestrados, por falsear actas de detenidos y para no armar causas a inocentes.
Uno de esos jefes policiales era el mencionado comisario “Veinte Lucas”.
Todo tiene una tarifa
Este cronista fue testigo del momento en que el comisario “Veinte lucas”, pidió $ 20.000 a cambio de un MiniCooper chocado que pertenecía a un narco que explotaba tres búnkeres de venta de drogas en el barrio La Tablada. Debido a que el policía nunca fue acusado, su nombre se mantendrá en reserva.
Tres días antes, cuando intentaba escapar de una emboscada que le armó una banda rival que quería quedarse con sus búnkeres, el narco, de apellido Ibáñez chocó el MiniCooper cuando huía de los sicarios que le disparaban.
A raíz del tiroteo, persecución y choque intervino personal de la comisaría 16a. de Rosario, con jurisdicción el barrio La Tablada. En esa investigación, los policías secuestraron el MiniCooper de Ibáñez y lo estacionaron frente a la seccional, a un costado de una plaza.
Ese narco no podía recuperar su automóvil porque estaba internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), a raíz de las heridas provocadas por los cinco balazos que le dispararon. Esa situación y el hecho de que no era el dueño y carecía de todo documento que acreditara la titularidad del MiniCooper chocado no constituyó ningún impedimento para que el comisario “Veinte lucas” ofreciera la posibilidad de llevarse el automóvil a cualquier interesado que pagara la suma requerida: $ 20.000.
En la misma época que el comisario “Veinte lucas” cobraba por los trámites en la comisaría de La Tablada, se gestaba una de las bandas de narcopolicías más importantes de la fuerza de seguridad de Santa Fe. Antes de trabajar para uno de los narcos más pesados de Rosario, el grupo que integraba el comisario Christian “Chamuyo” Di Franco, que se desempeñaba como jefe de la seccional de Carcarañá, colaboraba con la venta ilegal de los automóviles de alta gama que robaba la banda de Alvarado.
Según determinó la Justicia, la banda de “los rosarinos” robaba vehículos con no más de 5000 kilómetros de uso en la zona norte del Gran Buenos Aires. Durante la investigación se estableció que todos los viernes por la noche, partían desde el conurbano a Rosario tres camiones cargados con los automóviles robados.
El sumario que fue instruido por el fiscal de San Isidro, Patricio Ferrari, terminó con la condena a seis años y medio de prisión para Alvarado, quien fue considerado jefe de una asociación ilícita que se dedicaba al robo de autos. Fue la primera condena contra Alvarado que, en las últimas horas fue sentenciado a prisión perpetua por haber ordenado el homicidio del prestamista Lucio Maldonado y por lavado de dinero.
Además, de Alvarado, en la denominada causa de la banda de “los rosarinos”, también fueron condenados otros 18 integrantes de la organización, entre los que figuraban los “gatilleros” que robaban los automóviles a mano armada; los “enfriadores”, que guardaban los vehículos hasta que se comprobara que no se activaba el dispositivo de rastreo satelital y los “pasadores”, que llevaban los rodado hasta Rosario en los camiones conocidos como “mosquitos”.
Al cerrar el sumario, el fiscal Ferrari remitió la causa a la Justicia de Rosario. Al expediente, se adjuntaron 150 dispositivos de almacenamiento de datos con las grabaciones de las escuchas telefónicas realizadas a Alvarado, durante dos meses. En esas conversaciones aparecía el mencionado el comisario Chamuyo Di Franco y otros jefes policiales, como Javier Makhat y Luis Quevertoque.
“Todos ellos, policías de trayectoria, de rangos superiores, imputados por garantizar un tipo de protección estatal que redundó en el crecimiento de su empresa criminal y el aseguramiento de impunidad”, se indicó en el expediente que terminó con la condena contra Alvarado, cuya investigación estuvo a cargo de los fiscales de Rosario, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra.
El salvoconducto para autos robados
Alvarado y el grupo de jefes policiales habían acordado que robara todos los automóviles que pudiera, pero fuera de Santa Fe y que, periódicamente, entregara información sobre bandas de ladrones de vehículos para organizar operativos con el objetivo de desbaratar a los asaltantes y demostrar, con estadísticas, que se combatía el robo de autos en la jurisdicción.
Todos los automóviles que la banda de Alvarado robaba en el conurbano tenían como destino final una serie de galpones en donde eran “cortados”. Después, la mayoría de esas autopartes terminaban en algunos comercios de la avenida San Martín, entre 27 de Febrero y Cerrito, en una zona conocida como “la Warnes”, de Rosario.
A principios de mayo de 2020, Chamuyo Di Franco accedió a someterse a un proceso de juicio abreviado y fue condenado a tres años de prisión. El jefe policial admitió que formaba parte de una asociación ilícita.
Quevertoque, un compañero de De Franco, fue copropietario de Cascarudo, un caballo de carrera, que corrió en los principales hipódromos del país, entre ellos, Palermo. El otro dueño del zaino era el mencionado Alvarado.
En el caso de Makhat, los investigadores judiciales determinaron que era testaferro de Alvarado. A nombre del comisario jefe de la Policía de Investigaciones figuraba un departamento valuado, en más de $ 27.000.000. Si bien el lujoso inmueble estaba a nombre de Makhat, las expensas figuraban con cargo a Alvarado.
La investigación que puso al descubierto la relación entre los policías y Alvarado fue encarada por Marcelo Sain, cuando se desempeñó como director provincial del Organismo de Investigaciones.
Durante los últimos veinte años, la policía de Santa Fe tuvo como jefe al comisario general Ricardo Milicic, que fue barrabrava de Rosario Central y encargado de seguridad del club. Cuando el exjefe policial falleció, en 2017, la facción de “Los Guerreros”, lo recordó con un aviso fúnebre publicado en un diario rosarino: “Por tantos buenos momentos vividos”.
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