ADN del crimen: cárcel y corrupción, cómo funciona el call center tumbero

Con la cantidad de celulares secuestrados desde 2020, las cárceles argentinas se transformaron en un call center tumbero. El ingreso de teléfonos para presos se convirtió en la principal fuente de recaudación ilegal de los guardiacárceles. A pesar de las restricciones fijadas para evitar los contagios del Covid-19 entre la población carcelaria, la cantidad de celulares secuestrados en los presidios durante la cuarentena fue similar a la de años anteriores. Esto significaría que los dispositivos eran llevados por efectivos que debían vigilar a los presos y no por los familiares que los visitaban.

Según fuentes penitenciarias, un guardia cobra $40.000 por llevarle un celular a un preso. Solamente en un año, en los penales de Santa Fe, Buenos Aires y las cárceles federales se requisaron más de 38.000 teléfonos.

En el caso de Ariel Cantero, alias Guille, el escándalo es mayor. El jefe de la banda de narcotraficantes conocida como Los Monos está detenido en el penal de Marcos Paz. Allí, la calidad de la señal de la telefonía celular es mala, por lo tanto, un aparato con ese sistema resulta inútil para la necesidad de un jefe narco como Cantero, que lo utiliza para mandar órdenes constantemente a sus subordinados.

La solución que un grupo de guardiacárceles le aportó a Cantero consistió en hacerle la extensión del cable correspondiente a una de las líneas fijas del penal, que pasaba desde el sector de los teléfonos públicos, la oficina del jefe del pabellón, recorría el techo, bajaba por el sector externo del calabozo, que en la cárcel se conoce como “la libertad” o “tierra de nadie”, hasta la ventana de la celda del jefe narco.

Semejante tendido de cable no se pudo concretar sin la complicidad de los guardiacárceles. Al entregar esa línea al jefe narco, le restaban un teléfono fijo al resto del penal.

Un funcionario penitenciario indicó a LA NACION que el tendido de esa línea telefónica para uso exclusivo del líder de Los Monos formó parte de una cobertura integral que Cantero le pagó a un grupo de guardiacárceles para que le permitieran vivir cómodamente en la cárcel y con acceso a beneficios vedados a la mayoría de la población del penal.

Este agente penitenciario manifestó que, en los últimos días, el líder de Los Monos realizó un fuerte reclamó a dos jefes de sección del penal de Marcos Paz porque después del segundo allanamiento en su calabozo fue sancionado con encierro y quita de beneficios.

El reclamo de Cantero se fundó en que habría pagado US$100.000 a dos oficiales superiores para pasar tranquilo sus días de detención, con acceso a teléfono, alcohol y visitas, pero actualmente estaba castigado y aislado en su calabozo.

Estos dos oficiales que aparecen en la mira de la cúpula del Servicio Penitenciario Federal (SPF), por cobrarle una coima al jefe de Los Monos, serían los mismos que, en septiembre de 2016, fueron acusados por el hallazgo de un teléfono celular, tarjetas de memoria, un módem, cargadores de teléfonos y un mapa con las comisarías de la zona en el calabozo que en el penal de Ezeiza ocupaba el narco colombiano Henry de Jesús López Londoño, alias Mi Sangre.

Según fuentes penitenciarias, los dos oficiales que permitieron que Mi Sangre tuviera esos equipos de comunicación también cobraron por el ingreso de bebidas alcohólicas y visitas fuera de los días autorizados. Estos oficiales superiores están a cargo del área de seguridad interna de la cárcel y deben realizar las requisas. En el sumario administrativo realizado contra los dos guardiacárceles se determinó que, durante seis meses no ordenaron ninguna requisa en el pabellón donde Mi Sangre estaba alojado con otros jefes narco.

López Londoño había sido detenido en octubre de 2012, cuando cenaba en un restaurante de Pilar; tenía pedido de captura internacional, acusado de ser jefe del cartel colombiano de Los Urabeños.

A pesar del escándalo por los beneficios a Mi Sangre, ninguno de los oficiales penitenciarios fue sancionado y nunca se avanzó sobre la responsabilidad que tuvieron los jefes de los funcionarios acusados.

“Al contrario de lo que ocurre con las organizaciones mafiosas, donde existe una estructura piramidal con un jefe supremo, en la mafia penitenciaria se produce una rotación que solo se puede concretar si varios oficiales superiores se ponen de acuerdo. Por ejemplo, el jefe de seguridad interna de un penal necesita de la complicidad del encargado del pabellón para que no se realicen las requisas. Esos dos oficiales son designados en una cárcel determinada por alguno de los integrantes de la cúpula de la institución. Una vez que están en la cárcel, el director del penal les asigna la función que deben cumplir”, explicó un exoficial penitenciario.

En la prisión, existen dos jefaturas claves: seguridad interna y seguridad externa. El principal foco de corrupción está en la Dirección de Seguridad Interna de un penal, debido a que tiene a su cargo la realización de las requisas en los pabellones. Allí, los guardiacárceles establecen vínculos con los presos, escuchan sus necesidades y fijan las tarifas. Mientras que los guardiacárceles que se desempeñan en la Dirección de Seguridad Externa, al no tener el contacto directo con los presos, porque su función consiste en vigilar el perímetro de la cárcel o los patios, no cuentan con la posibilidad de cobrar coimas.

Estas conductas no son exclusivas del SPF y se replican en algunos efectivos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y el de Santa Fe.

El seleccionado narco

A partir de la mencionada cadena de favores, los dos oficiales superiores del SPF involucrados en el escándalo de Mi Sangre llegaron al penal de Marcos Paz, donde, entre otros, estaban alojados Guille Cantero; Marco Estrada González; los miembros del clan Loza, que están siendo juzgados por una de las causas de lavado de dinero más grandes de la historia; Néstor Rojas, supuesto líder narco del Primer Comando de Frontera, y Carlos Barreiro, cabecilla de la banda que manejaba el ingreso de la marihuana al país a través de Itatí, Corrientes.

Tan grande es el nivel de impunidad y corrupción de los dos oficiales superiores penitenciarios sospechados de colaborar con el jefe de Los Monos que, pocas horas después que dos fiscales del Ministerio Público de la Acusación de Rosario allanaron el calabozo de Cantero y encontraron el teléfono de línea, le instalaron un nuevo aparato.

Cantero está condenado a 62 años de prisión, enfrenta un juicio a través de videoconferencia en el que está acusado de atentar contra 14 residencias de jueces y edificios judiciales. El 20 de agosto pasado, cuando comenzó ese debate oral declaró que su oficio era el de “encargar a sicarios tirar contra jueces”. Esos atentados los habría ordenado a través de comunicaciones telefónicas desde la cárcel. Doce días después, en otro allanamiento, le secuestraron un aparato similar.

Un sistema corrupto

La corrupción se concreta entre los jefes y entre los efectivos de los escalafones inferiores. En un video, incorporado en el sumario N° 2020-364603, quedó registrado el momento en el que un guardiacárcel, cuya credencial termina en 840 le entregaba dos celulares al preso Leonardo Bogarin. La escena fue grabada con una cámara oculta instalada en el denominado Comedor de Requisa de la Unidad Penal Federal N° 7, de Resistencia, Chaco.

A pesar de la gravedad del hecho, de la contundencia de la prueba y, como se consignó en el sumario: “los celulares podrían llegar a ser utilizados para efectuar secuestros extorsivos, planificar o intentar una fuga”, el guardiacárcel, no fue sancionado. Fue echado del SPF y actualmente estaría por ingresar en la policía chaqueña.

Debido a que los dos oficiales superiores involucrados en los escándalos de Mi Sangre y Guille Cantero y el guardiacárcel que le entregó celulares al preso en Chaco nunca fueron imputados formalmente en una causa penal, se mantienen en reserva sus identidades.

“Facilitar una fuga, ingresar celulares en la cárcel o instalar un teléfono de línea en el calabozo de un jefe narco constituyen delitos que tienen penas extremadamente leves. Por ejemplo, la ley castiga la facilitación de fuga culposa con multas de hasta $15.000. Entonces, el guardiacárcel puede decir que se quedó dormido durante una evasión, pagó la multa, no quedó preso y fue liberado de culpa y cargo. A pesar que pudo haber cobrado $100.000, se quedó con $85.000 y siguió trabajando”, explicó el exoficial penitenciario.

Existen casos en que los penitenciarios que cobran por conceder beneficios a los presos no ocultan su relación con los jefes narco que deben vigilar.

“Conociendo Rosario con gente linda”, escribió al pie de la foto que publicó en la red social Facebook Luis César Peñalba, integrante de la banda Los Monos y cómplice de Guille Cantero.

En la imagen, además de Peñalba, aparecen su esposa y un guardiacárcel, con su pareja. Este suboficial trabajó en la cárcel de Marcos Paz en el período que Peñalba estuvo detenido, hasta que recuperó la libertad debido que un tribunal rosarino le concedió la excarcelación.

La institución nunca denunció penalmente al guardiacárcel. Solamente recibió una sanción de 30 días de arresto. En tanto, los oficiales que lo investigaron y pusieron al descubierto la red de corrupción y los vínculos con los narcos fueron separados de sus cargos.ß

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