Acusan a inspectores de la Aduana por el robo de 7500 celulares

FORMOSA.- Cuatro inspectores de la Aduana de Clorinda, entre los que figuran la ex jefa de esa dependencia, fueron procesados por la Justicia federal por su presunta responsabilidad en la desaparición de un cargamento de 7500 celulares, valuado en un millón de dólares, que estaba bajo la custodia de esos funcionarios en el depósito oficial.

Fuentes judiciales informaron que los cuatro inspectores fueron acusados de estafa, defraudación a la administración pública, peculado (una forma de malversación de fondos) y violación de los deberes del funcionario público.

Según surge de la investigación encarada por la Justicia, los inspectores se habrían apoderado de esos celulares en un robo tipo hormiga. Los aparatos formaban parte de un cargamento que fue secuestrado por error hace más de cuatro años.

El cargamento estaba formado por más 10.000 teléfonos que estaban en tránsito fluvial hacia Paraguay desde el puerto de Montevideo. El cargamento fue secuestrado por la Aduana de Clorinda ante la sospecha de que los propietarios de los equipos electrónicos habían violado las leyes de marcas.

Luego de casi un año de investigación, la Justicia federal determinó que no había existido delito alguno y que, por lo tanto, no correspondía el secuestro de la mercadería.

A partir de esa resolución, la Aduana de Concordia, por donde había ingresado el cargamento en el país, dispuso la entrega de los celulares a sus propietarios.

El fallo fue notificado a la Aduana de Clorinda en diciembre de 2012 para que se encargara de concretar la restitución de los aparatos de telefonía que habían sido retenidos y estaban en custodia en ese puesto.

Pero, en enero de 2013, antes de que los responsables de la Aduana de Clorinda recibieran la notificación con la resolución que ordenaba la devolución de los celulares, los cuatro inspectores ahora acusados denunciaron que hubo un robo en el depósito del organismo en Clorinda. En la presentación ante la Justicia provincial, los funcionarios expresaron que entre los elementos robados en el depósito figuraban 7500 de los 10.000 celulares del cargamento que tenían bajo custodia.

Pero al revisar la escena del supuesto asalto los policías hallaron una serie de contradicciones entre la descripción de la secuencia del robo expuesta en la denuncia y lo que se podía observar en el depósito.

A principios de febrero de 2013, los dueños del cargamento reclamaron la devolución de los celulares. Las cajas fueron retiradas del depósito aduanero sin abrir para ser pasadas a un camión en la zona de resguardo jurisdiccional del puente internacional San Ignacio de Loyola, para ser enviadas a Paraguay.

Según las fuentes judiciales, esas cajas que debían contener los celulares fueron abiertas en el Área de Control Integrado argentino-paraguayo ante numerosos testigos.

Pero los propietarios de la carga determinaron un faltante de 7500 celulares. Observaron que, para ocultar la maniobra, los acusados habían dejado los envoltorios ordenados dentro de las cajas para dar una apariencia de normalidad, además de embalarlas con cintas azules idénticas a las del procedimiento inicial, con el evidente propósito de ocultar el robo en el depósito aduanero.

Ante esa situación, los dueños del cargamento formularon la denuncia ante la fiscalía federal, que en febrero de 2013 dispuso el allanamiento de la Aduana de Clorinda y el secuestro de las cámaras de seguridad con sus archivos de grabación.

Como resultado de la investigación, el juez federal de Formosa Juan Carlos Vallejos imputó penalmente a la ex administradora de la Aduana de Clorinda y a tres inspectores.

Luego de las respectivas indagatorias, los cuatro funcionarios fueron procesados por el robo de los 7500 celulares, aunque no quedaron detenidos.

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