Acusado. El senador provincial Traferri se enfrenta a una dura imputación como jefe de una asociación ilícita que protege al juego ilegal

ROSARIO.- Una batería de pruebas desplegaron esta semana tres fiscales contra el senador provincial Armando Traferri, quien fue imputado en una causa en la que se señala a ese legislador santafesino por el peronismo como jefe de una asociación ilícita que sostiene el ilegal negocio del juego clandestino.

Traferri se presentó ante la Justicia cuatro años después de que fuese mencionado por primera vez en ese expediente. Durante parte de ese lapso se resguardó en sus fueros parlamentarios para no ser imputado. Luego de que apartaran del caso a los dos fiscales que lo investigaron, por supuesto pedido del senador, Traferri enfrentó finalmente una dura jornada en los tribunales.

La clave de la acusación en su contra es la figura de jefe una asociación ilícita. El legislador peronista se quedó sin los argumentos que planteó durante todo este tiempo: que había una animosidad en su contra de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, quienes habían pedido su desafuero en diciembre de 2020. Casi cuatro años después, los fiscales Marisol Fabbro, María de los Ángeles Granato y José Luis Caterina esgrimieron en la audiencia que presidió la jueza Eleonora Verón una batería de detalles que dejan a Traferri en una situación delicada, porque su defensa deberá rebatir acusaciones de peso en su contra.

Los fiscales colocaron al senador como el jefe de una asociación ilícita, en “el escalafón más alto de esta estructura delictiva, cuyo principal objetivo estaba destinado a dar cobertura al juego clandestino en Santa Fe y ocultar y beneficiarse ilegítimamente de las ganancias del mismo”.

Y se agregó que Traferri se encargó “de asegurar a tal actividad, como así también a los miembros de la organización, protección tanto política como judicial, esto último fundamentalmente en materia de justicia penal, logrando para ello infiltrarse en el Ministerio Público de la Acusación a través de la participación delictiva endilgada a Patricio Serjal, Gustavo Ponce Asahad y Nelson Ugolini con el exclusivo fin de favorecer la actividad ilegal aludida y generar acuerdos de impunidad a favor de Leonardo Peiti, quien estaba a cargo de la organización de los sistemas de captación de juegos de azar y era la figura más relevante en materia de recaudación, y por lo tanto desde donde se iniciaba el reparto del dinero producido por la organización criminal”.

Los puntos centrales de la acusación se centran en que Traferri se “aprovechó” de su condición de senador provincial para, por un lado, “recibir dinero”, tanto a través de terceras personas -se menciona al exsecretario legislativo del Senado Ricardo Paulichenco-, como también personalmente, que tenía origen en el juego clandestino. Principalmente recibió dinero de parte de Peiti, que manejaba casinos ilegales y que no solo confesó -recibió en 2021 una condena de tres años-, sino que admitió pagos a Traferri.

De acuerdo a la mirada de los fiscales, Traferri hizo otra maniobra clave. Vinculó a Peiti con el entonces fiscal Regional, Patricio Serjal (en libertad tras pasar 18 meses detenido, sigue bajo proceso penal), y con su adjunto, Gustavo Ponce Asahad (condenado en 2021 a seis años de prisión, reducidos a la mitad por su condición de imputado colaborador), para “lograr construir una red de cobertura judicial a la asociación ilícita de juego ilegal”.

En el plano político, según la acusación, el senador del PJ “procuró tener bajo su control una comisión bicameral a los efectos de reglamentar la regulación del funcionamiento de casinos y bingos locales en Santa Fe”.

Además, Traferri, de acuerdo a lo que se expresó en la audiencia, “ordenó a Peiti transferir su acervo de cuotas societarias de la empresa Wildar Gaming SA en favor de otro miembro de la asociación ilícita, concretamente en favor de José Francisco Fernández Chemes, instándolo a que haga lo mismo con relación a la empresa Southgame S.A. en favor del expiloto Oscar ‘Poppy’ Larrauri, a fin de que ya Peiti no figurase como titular y para que se pudiese gestionar exitosamente la concesión de la tecnología VLT (Virtual Lottery Terminal) en la Legislatura provincial”.

Los fiscales señalaron que el senador mintió a la Justicia al declarar que había conocido a Peiti en 2020. Según las pruebas ambos se comunicaban desde 2017, aunque en realidad se habían conocido en 2015, ya que fueron presentados por el entonces secretario legislativo del Senado Ricardo Paulichenco.

Los funcionarios del MPA señalaron que Traferri se encargó de gestionar para Peiti, cuando estaba en prisión preventiva, una internación en una clínica psiquiátrica. Adujeron que destinó subsidios que tenía como senador a pagar a dos psiquiatras para dictaminar la necesidad de que quedara internado en una clínica. “A base de esos informes se concedió una morigeración de prisión para Peiti en la clínica residencial Mendoza”, indicaron los acusadores.

Traferri no solo fue acusado como jefe de una asociación ilícita, sino que además se sumó un hecho de tráfico de influencias hacia el Ministerio de Seguridad y otros cuatro ante funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Acusación. Lo acusaron también de delitos de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública, cohecho pasivo en calidad de autor y peculado de caudales públicos.

Contraataque

En su alocución frente a los acusadores, el legislador no se mostró sorprendido. Argumentó que celebraba la realización de la audiencia. “Hace mucho tiempo la venimos solicitando, considero que es la Justicia donde tengo que demostrar mi inocencia”, indicó. Y agregó que espera exponer también “todas las irregularidades que cometieron los fiscales que antecedieron a los que hoy presentan la acusación”. También apuntó contra Marcelo Sain, exministro de Seguridad santafesino y exdirector del Organismo de Investigaciones, como uno de los impulsores de las acusaciones en su contra.

“El señalamiento que se me hace tiene origen en 2018, cuando siendo legislador fui perfilado por un mecanismo que se conformó en lo que hoy es la famosa causa de espionaje ilegal”, apuntó.

“No entiendo la imputación, se mezcla todo. Hay datos que me sorprenden, me quieren vincular a reuniones en las que no estuve”, sostuvo el senador. En esa línea, explicó cuál es su rol como legislador en el vínculo con empresarios, como fue el caso de Peiti. “Él presentó toda la documentación como un operador del juego legal”, aseguró.

A la par de la imputación contra Traferri se conoció que un fiscal santafesino pidió una pena de cinco años de prisión efectiva y una multa multimillonaria para Sain al que acusó formalmente de haber direccionado hacia un oferente una licitación para la compra de armas para la policía provincial por 17 millones de dólares. La cuestionada licitación por la cual Sain está imputado desde abril de 2022 no llegó a concretarse porque un órgano estatal objetó el proceso e interrumpió el concurso. No obstante el fiscal Ezequiel Hernández afirma que el delito existió en grado de tentativa y que resulta agravado por tratarse sus impulsores de personas en ejercicio de funciones públicas.

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