Abusos sexuales: la voz de la víctima, crucial para el avance y éxito de las investigaciones judiciales

No todos los casos son como el de la violación grupal en Palermo Soho, ocurrida a plena luz del día y delante de testigos que no solo advirtieron el abyecto acto en flagrancia, sino que, incluso, intervinieron para poder rescatar a la víctima y detener a los agresores. La mayoría de los abusos sexuales ocurre puertas adentro, en el seno de familias de toda clase social. Los victimarios son padres, hermanos, tíos, abuelos, primos... Y las víctimas callan durante años, o para siempre. Tanto, que según la última encuesta de victimización del Indec, previa a la pandemia, señala que el 87,4% de las víctimas de ofensas sexuales no fueron denunciadas. Esa “cifra negra” está muy por encima de la media de los delitos contra la propiedad y las personas (cercana al 57%) y apenas por debajo de los sobornos pasivos (los pedidos de coimas por parte de funcionarios), que están al tope de la lista, con el 93,4 por ciento.

El hecho de que solo una de cada diez víctimas de abuso sexual acuda a organismos estatales para denunciar su calvario es revelador de la bajísima confianza de las víctimas en las instituciones oficiales a la hora de buscar justicia y reparación. Operadores judiciales, abogados con años de intervenciones en casos de este tipo y especialistas en la materia consultados por LA NACION coincidieron en que, tras años de políticas ejecutivas y judiciales reactivas o refractarias, la instalación de la problemática de la violencia de género -visibilizada por la consigna #NiUnaMenos- comenzó a generar cambios, unos lentos, otros más veloces, cristalizados en procedimientos más eficaces. No obstante, admiten, hay falencias, los desafíos son muchos y la consolidación de las políticas y respuestas más efectivas en todos los niveles del Estado aún están por verse.

La perspectiva de género a la hora de analizar los casos y dictar resoluciones judiciales, la existencia de protocolos exhaustivos de intervención y estudio de las pruebas para la investigación penal de abusos sexuales, la capacitación de funcionarios de Justicia y policiales, los mecanismos de respuesta de asistencia a las víctimas son ejes centrales de una política de persecución penal para este tipo de delitos. Pero lo cierto es que, hoy, esos ejes no tienen el mismo grado de desarrollo y no todos los operadores del sistema han sido permeables a adoptar los cambios.

Diego Agüero, juez de Garantías N°6 de Florencio Varela, fue, hace tres años, noticia por partida doble: primero, por haber dictado la prisión preventiva de diez acusados de la violación grupal de Victoria M., una chica de 17 años; luego, porque los abogados de la mitad de los imputados lo recusaron por “feminista”, dado que había validado la versión de la víctima -a partir de interpretar el caso y los hechos con perspectiva de género- pese a que el ADN de esos señalados no había sido hallado en la escena.

Las primeras medidas oficiales sobre el caso de Victoria M. fueron escandalosas. Ella misma se encargó de preservar su ropa interior y de procurar los hisopados para preservar los vestigios de los hombres que la habían violado en una casa del barrio Santa Rosa, de Florencio Varela, en marzo de 2019. Hizo la denuncia, pero la policía se enfocó en que ella estaba “borracha”. Como si eso borrara el hecho de que estuvo a merced de hombres que se peleaban para poder acceder a ella, que la acometían desde distintos ángulos y al mismo tiempo, mientras otro filmaba y todos reían. Le retuvieron la ropa para que no pudiera irse y, antes de dejarla partir, la lavaron con lavandina para borrar huellas. Pavoroso. Varios meses después, gracias a la viralización de un hilo de Instagram en el que ella contó su calvario, la Justicia se abocó al caso como debía. Primero fueron detenidos con prisión preventiva diez hombres; luego, la Cámara excarceló a cinco a los que el examen de ADN les había dado negativo. Pero a fines de 2021, un Tribunal los condenó a todos a penas de entre 15 y 16 años de prisión. A los jueces que hicieron posible la sentencia todavía los escrachan.

“El Poder Judicial debe cambiar fundamentalmente en su idea de justicia en relación con los casos en los que se juzga un delito en el que la mujer fue víctima. Hay que cambiar la mirada. Sin perspectiva de género las decisiones son huecas e injustas. Si no, prevalece una visión machista que no reconocer a la mujer en su singularidad, en sus derechos, y que reproduce estereotipos que dan por supuesto cómo deben comportarse las personas en función de su sexo o género. Lo que debemos hacer es creerle a la víctima. Ellas deben vencer el miedo y revivir de vuelta lo sucedido, a pesar de su dolor; si lo hacen, es evidente que esa mujer busca justicia. Es muy fácil hacer justicia sin ver a la gente. Pero cuando los ves a los ojos, tenés que hacer justicia realmente. Esa es una gran deuda que tiene el Poder Judicial: el acceso a la justicia”, dijo Agüero a LA NACION.

Evitar la revictimización y la reiterancia

No revictimizar, no hacer preguntas inconducentes o que coloquen a las víctimas en una situación de un presunto consentimiento, favorecimiento o aceptación que no es tal, son también tópicos que resalta la médica Mabel Bianco, referente feminista y presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM). Por eso, reclama no solo concientización y educación, sino más capacitación para los operadores policiales y judiciales. Es decir, la universalización de la Ley Micaela.

“Las fuerzas de seguridad deben ser capacitadas para que cuando una mujer se acerca y señala que un hombres las persigue, las hostiga o les dice cosas impropias, tratando su cuerpo como si fuera un objeto, los policías intervengan inmediatamente y aperciban a los acosadores. Es fundamental que se apliquen los castigos, las penalidades. Porque si los hechos quedan impunes, los autores no tendrán freno para volver a hacerlo”, dijo Bianco.

Ese concepto de reiterancia como consecuencia de la impunidad es, también, uno de los aspectos que señala a LA NACION Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM). Ella también insiste en la importancia de “la formación y entrenamiento de las fuerzas de seguridad y los operadores de Justicia” a la hora de prevenir, atender y dar respuesta ante los casos de abusos sexuales.

“Este es un tipo de delito que no es privativo de una clase social; atraviesa todas las clases sociales. Es violencia machista, está en todos lados, no es obra de un ‘desviado’. Los abusadores operan en ámbitos íntimos, pero también en el público o en el trabajo, con mayor o menor gravedad. Esa una problemática que hay que conocerla, interpretarla y estudiarla para investigarla correctamente. Es como investigar el narcotráfico: tenés que conocer cómo funciona, saber cómo es el fenómeno, que tiene características especiales”, opina la fiscal federal.

Labozzetta sostiene que “el primer desafío es investigar los casos no como casos ordinarios, sino con un segundo nivel de análisis. Comprender su pertenencia a un fenómeno más complejo, como lo es la violencia contra las mujeres, la violencia misógina. hay que entender cada caso en su contexto. Sugerimos que una de las medidas de rutina es ir a buscar otros posibles casos vinculados e investigarlos en conjunto, para que las pruebas se nutran entre sí, y sirvan para robustecer una investigación. Hoy vemos que hay deficiencias en las estrategias de investigación”.

Al respecto de esas estrategias, la fiscal sostuvo que hay que entender que la mayoría de los casos ocurren en ámbitos privados, por lo que no se puede esperar que haya prueba documental, filmaciones o testigos directos [como sí ocurrió, por ejemplo, en el caso de la violación grupal en Palermo Soho]. “El hecho se despliega con determinadas características y el funcionario judicial no puede escudarse en que no hay testigos para no avanzar. Por eso, es importante relevar el contexto, buscar personas a las que la víctima le haya contado antes de animarse a pedir la intervención judicial, indagar con profesionales de la salud que hubieran atendido a la víctima, ver su historia clínica. Se deben procurar pruebas médicas y biológicas”, explicó.

Credibilidad y participación

Pero Labozzetta también resaltó “el valor que se le otorga a las palabras de la víctima”, al que asignó “un rol central” en la investigación. “La Justicia debe desarmar algo que hoy está todavía muy instalado y es que a las víctimas de abusos sexuales no se les cree. Fijate que si te roban el auto y vas a la comisaría a denunciar, nadie te mandará a un psicólogo para ver si lo que contás es verdad o fábula. Hay que desarmar eso que es poner en duda de manera sistemática la palabra de la víctima. Romper con los estereotipos presentes en el sistema de justicia con respecto a las mujeres. La impunidad está asociada a que las víctimas no confían en el sistema de Justicia. Para ellas no es sencillo, es una tortura; y hacen el esfuerzo de denunciar, pero igual se las señala. Por eso la cifra negra de este delito es tan alta”, sostuvo.

Labozzetta cree que es fundamental que los operadores judiciales y policiales de todas las provincias cuenten con un protocolo de investigación de abusos sexuales, para conocer procedimientos criminalísticos, de estrategias investigativas, de búsqueda de indicios y pruebas. Eso, señaló, es una cuenta pendiente que la UFEM espera saldar en el corto plazo.

El abogado Claudio Mazaira, que durante años fue el referente legal de la Asociación Civil Madres del Dolor, opinó que “la mayoría de los juzgados que investigan abusos sexuales no tienen conocimiento” de cuestiones criminalísticas centrales, como, por ejemplo, la comprensión de los peritajes de ADN. “No saben lo que es un alelo; se limitan a reproducir lo que dice un perito”, señaló.

Mazaira precisó, tomando como medida el reciente abuso grupal en Palermo Soho, que los instructores judiciales deberán, ahora, definir el rol que tuvo cada uno de los seis imputados en el hecho. Pero que no debería haber diferenciación entre quienes hubiesen tenido acceso carnal y quiénes no. Partícipes primarios y secundarios tendrán la misma pena.

Conicidió con esa definición el fiscal de San Isidro Marcelo Fuenzalida, que dirige la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en violencia de género de Vicente López. “En un caso así hay que describir la conducta desplegada por cada uno. No todos habrán tenido la misma participación, aunque el partícipe primario y el secundario tendrán la misma pena”, opinó.

También señaló a LA NACION que el valor de la voz de la víctima es crucial en el curso de las investigaciones sobre abusos sexuales.

“Yo le creo a la víctima. Una buena declaración es siempre creíble. Con un informe médico detallado y un informe psicológico es posible ir a un juicio con buenas posibilidades”, explicó. Resaltó que, con eso, no es necesario contar indefectiblemente con una prueba de ADN positiva. Y que en los casos de menores de 16 años, las víctimas, previa entrevista con psicólogos que establecen si están en condiciones de hacerlo, testimonian en Cámara Gesell de forma “única e irrepetible”, en sesiones que son presenciadas por todas las partes, como si se tratara de un juicio.

Fuenzalida también precisó que, al menos en su jurisdicción, el 90% de los abusos son intrafamiliares, y ocurren en ámbitos de soledad, circunstancia en la que el agresor busca amparo y que, al mismo tiempo, desalienta a las víctimas, sobre todo cuando son menores. Por eso, destacó la aprobación de la llamada Ley 27.206, o Ley Piazza (por Roberto Piazza, el estilista que la impulsó a partir de su caso personal), que prevé la imprescriptibilidad del delito de abuso sexual en menores de 18 años.

“A diferencia de lo que ocurría antaño, ahora con una buena declaración testimonial de la víctima tenés una base sólida. Si eso se cimenta con peritajes psicológicos sobre la credibilidad y la vulnerabilidad de la víctima, más los peritajes de los imputados, y se le suman testigos ‘de oídas’, aquellos a los que la víctima les pudo haber contado en confianza e intimidad lo que les pasó, hay buen material para llegar a juicio. Con eso se han obtenido muchas condenas”.

En este punto, las opiniones del juez Agüero y de los fiscales Labozzetta y Fuenzalida coinciden: la prueba científica es importante, pero lo crucial es, en definitiva, que las víctimas puedan hacer escuchar su voz y que la Justicia les crea.

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