Absuelven a una joven trans que pasó dos años presa por un crimen que no cometió
Luz Aimée Díaz estuvo más de dos años detenida por un delito que no cometió. Su única "culpa", como sostuvieron desde el principio la defensa y las organizaciones que la acompañaron para exigir su libertad, fue ser "travesti, prostituta y pobre". Luego de una investigación cargada de "prejuicios, sesgos y estereotipos", en el juicio resultó absuelta. Hoy afirma: "Si hubiera sido una persona heterosexual, con otro trabajo, seguro no hubiera estado presa". Libre, ya procura construirse un nuevo futuro: acaba de convertirse en la primera ingresante en el programa de empleo, formación y desarrollo para personas travestis y trans de la Cámara de Diputados.
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8 porteño consideró que Luz no era culpable de la tentativa de homicidio triplemente agravado en concurso con robo agravado contra el dueño de un departamento de Palermo, y ordenó su inmediata libertad y el retiro del dispositivo electrónico que llevaba desde el otorgamiento del arresto domiciliario que le habían concedido por su discapacidad visual.
"En la última audiencia estaba muy nerviosa, y cuando escuché que me habían absuelto me emocioné; pero todo fue por dentro, no me largué a llorar ni nada por el estilo", recuerda Luz, que debía trasladarse desde su habitación del Gondolín, la asociación que funciona como refugio y cooperativa de travestis y trans en Villa Crespo, hasta la oficina de su abogada para poder seguir el debate a través de Zoom.
Dos años y tres meses atrás, el 23 de junio de 2018, Luz estaba, como cada noche, en la esquina de Godoy Cruz y Güemes. Según el relato que sostuvo desde el comienzo, dos hombres -uno muy mayor y otro joven- se le acercaron y la invitaron a subir a un departamento de la zona. Luego de darles el servicio sexual, Luz no volvió a saber de ellos. El 19 de agosto, casi dos meses después, un patrullero frenó en la misma esquina y la llevó detenida, acusada de intento de homicidio y del robo al dueño del departamento donde había estado con aquellos hombres.
Poco después, a Luz le confirmaron la prisión preventiva con el argumento de que había participado de un plan premeditado para cometer el crimen. Sin embargo, la Justicia jamás identificó a sus presuntos cómplices. Solo la encerró a ella: primero, en la Unidad 28, de Tribunales, y después en el penal de Ezeiza, donde estuvo ocho meses hasta que recibió el beneficio del arresto domiciliario al comprobarse que está prácticamente ciega, secuela de la paliza de un antiguo cliente.
"No alcanza con indignarse, tenemos que acompañar, pensar herramientas y explicar lo que está pasando y, sobre todo, decir que somos muchas personas y organizaciones que no queremos que esto suceda más. Porque son nuestras compañeras inocentes las que están siendo criminalizadas", se queja la abogada Luciana Sánchez, quien junto a Lara Bertolini y Natalia D'Alessandro conformaron el equipo que patrocinó a Luz.
"Nos costó mucho -agrega- porque hubo dos jueces recusados [Luis Rizzi y Javier Anzoátegui], pero igual nos seguían rechazando el peritaje psicológico y testimonios claves que conformaban pruebas de la inocencia de Luz. La Justicia tiene que tener no solo perspectiva de género o feminista, sino también trans, porque todavía tenemos que aprender mucho de ese colectivo".
"Poco verosímil"
Desde la Campaña por la Absolución de Luz Aimée expresaron que el fallo absolutorio significó "un precedente de suma importancia para todo el colectivo travesti-trans, ya que el Estado reconoció la violencia letal y estructural que atraviesa el colectivo".
También destacaron que desde la defensa "se insistió en instalar la perspectiva de género en todas las etapas del proceso judicial, lo cual se logró y se visibilizó en el alegato de la fiscal María Luz Castany".
En el juicio oral y público, la fiscal aceptó: "Después de haber analizado toda la prueba que se produjo durante el desarrollo de este debate no tengo elementos para acusar a la señorita Díaz". Y precisó: "En el contexto total de los hechos me resulta poco verosímil que ella haya sido coautora del hecho que se le imputa. Incluso creo que queda claro que los dos NN masculinos no necesitaban, ya por su estructura física, de alguien más que les ayudara a perpetrar el hecho".
La defensa, por su parte, había postulado que "ni la identidad travesti y de mujeres trans, ni de las trabajadoras sexuales, ni de quienes están en situación de prostitución debe estar asociada a la comisión de delitos".
"La pasé tan mal que cuando mis compañeras me preguntan cómo era la cárcel les digo que no hablo de ese tema. Me di cuenta de que haber atravesado todo este proceso me cambió. Antes era ingenua; ahora desconfío más", reconoce Luz.
"Fueron dos años muy duros -insiste Sánchez-, en un estado de precariedad absoluto. El mismo día del fallo le sacaron la pulsera electrónica. Ese acto mínimo le devolvió a Luz la dignidad".
Francisco Quiñones Cuartas, director del Bachillerato Popular Travesti Trans Mocha Celis, declaró en el juicio que Luz hubiera terminado el secundario este año si no hubiese estado procesada. Ella, con sus 24 años, avisa que se necesita mucho más que eso para abandonar los sueños. Pero admite que, cuanto más aprenda, mejor será para ella. Para su futuro.
Tengo ganas de seguir estudiando y de conseguir un trabajo. Nunca tuve empleo fijo: desde los 13 años soy trabajadora sexual; toda mi vida estuve en la calle, pero ya no es lo mismo: quedé con miedo
De todos modos, luego de la absolución, Luz pudo cumplir el sueño tan postergado: se convirtió en la primera ingresante al Programa de Empleo, Formación y Desarrollo para Personas Travestis y Trans de la Cámara de Diputados formando parte del Departamento de Géneros y Diversidad Sexual de la Dirección General de Recursos Humanos de la cámara baja. Desde Mocha Celis, el bachillerato popular donde Luz estudió, celebraron este "acto pionero de reparación histórica" para todo el colectivo.
"Derechos vulnerados de forma extrema"
A pedido de la defensa de Luz Aimée Díaz, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8 porteño permitió en el juicio el testimonio de la antropóloga y activista feminista Josefina Fernández, que dio cuenta de las condiciones de vida de las personas travestis y trans.
En ese sentido, la autora de Cuerpos desobedientes. Travestismo e identidad de género, entre otros trabajos, destacó que, aún hoy, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el resto de la Argentina, este colectivo "tiene sus derechos vulnerados de forma extrema, cristalizados en una sistemática violencia letal, generando [en sus integrantes] una expectativa de vida entre los 35 y los 40 años, lo que se identifica como 'travesticidio social'".
Fernández explicó cómo esas condiciones de vulnerabilidad son "mal leídas" por el sistema penal, ya que las asocia al delito. La intervención de la antropóloga y activista feminista fue fundamental, y la fiscal la tomó y la reconoció públicamente al referirse a la utilización de este colectivo por parte de "un sistema transodiante y patriarcal", explicó la abogada Luciana Sánchez.
En su alegato, la fiscal María Luz Castany expresó: "Otra cuestión que tengo que valorar en todo esto es la vulnerabilidad personal y estructural de la señorita Luz Aimée Díaz. Hubo todo un esfuerzo de la defensa para que nosotros podamos reconstruir quién es, no solamente con relación al hecho que se le imputa, sino teniendo en cuenta su historia personal y la del colectivo al cual ella pertenece".
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