Abandonar la lucha contra el narcomenudeo tiene severas consecuencias

La decisión del Ministerio de Seguridad de la Nación de abandonar la lucha contra el narcomenudeo tiene severas consecuencias en el aumento en la violencia del delito y en la pérdida del control del territorio por parte del Estado. El narcomenudeo es el último eslabón de la narcocriminalidad, que permite llevar la droga ilegal a las manos del consumidor y su rol es crucial para las grandes narco-organizaciones.

Tiene un alto contenido territorial, ya que las bandas que se especializan en esta última etapa intentan lograr situaciones monopólicas en el dominio de un área para maximizar precios y ganancias. Para lograrlo ejercen la violencia contra potenciales competidores, cooptan y sobornan autoridades locales sean estas políticas, judiciales o policiales y reclutan a jóvenes del territorio que son la cara visible de esta etapa violenta y destructiva. Los famosos “soldaditos” del sistema narco por lo general terminan siendo menores adictos al servicio del líder territorial y la mano de obra intercambiable de este siniestro eslabón.

Lo que observamos es un cambio de política por parte del Gobierno Nacional que tiene que ver con decisiones filosóficas e ideológicas en la materia: No podemos perseguir consumidores o mulas que tienen escasas cantidades, a directamente promover la legalización absoluta del consumo y comercialización de todas las drogas. Como consecuencia de priorizar la ideología se ha disuelto la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico que era el organismo que llevaba articuladamente esta política como también las acciones contra todos los eslabones de la cadena criminal. Desde los embarques que entran por la frontera, la logística para el traslado a lo largo y ancho del país, el uso de precursores químicos para la síntesis o estiramiento de las drogas hasta el lavado del dinero producto del narcotráfico.

También ponía el foco sobre el narcomenudeo y las bandas que operan la venta minorista del producto y, como consecuencia, se tomaban decisiones que las fuerzas federales llevaban adelante en el territorio. A su vez realizaban análisis mediante las cuales la Procunar y otros juzgados y fiscalías federales y provinciales investigaban, detenían y llevaban a juicio a líderes de estas bandas como ocurrió con los Monos en Rosario o Delfín Castedo en Salta.

Esta estrategia se operacionalizó a través del Programa Nacional de Intervención contra la Comercialización de Drogas - “PIC”-, el cual fue creado por Resolución Ministerial RESOL-2019-577-APN-MSG, tenía por misión principal la desarticulación de puntos de venta minorista de estupefacientes por medio de la afectación de Brigadas Especializadas en Microtráfico (BEM), las cuales estaban integradas por personal de las fuerzas de seguridad y policiales federales, en directa coordinación con los fiscales provinciales. Un total de 41 brigadas operaban a lo largo del país en la CABA, la Provincia de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe y Córdoba.

Esta pérdida de foco y prioridad en la materia resulta evidente en el cada vez más escaso accionar de las fuerzas federales en el territorio, la menor colaboración con las fuerzas provinciales en aquellas provincias donde se desfederalizó este delito y en definitiva vemos un accionar más impune y violento de las bandas narco criminales. Esto se verifica tanto en Rosario con números muy elevados de homicidios, la mayoría vinculados al narco y en Ciudad de Buenos Aires con las recientes imágenes de tiroteos en el Barrio Padre Mugica, en Villa Lugano. También en cargamentos que han pasado por puertos argentinos y que se descubren en Europa con cantidades récord de drogas ilegales.

Sin embargo, el problema más grave de esta decisión de política pública es que el narcotráfico en esta etapa genera mucha violencia y es casi inevitable que se disparen en el tiempo las tasas de homicidios intencionales y crezcan toda la miríada de delitos violentos conexos y relacionados con las bandas narcocriminales. Lamentablemente se perdió la oportunidad de generar una política de Estado en la materia que trascienda un Gobierno, para hacer política ideológica que significa menor presencia del Estado donde más se lo necesita y mayor violencia y muerte para los argentinos.

El autor fue secretario de Seguridad Interior (2015-2019)

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