A un paso de la libertad. Anulan la sentencia a perpetua y ordenan realizar un nuevo juicio contra uno de los máximos asesinos seriales de la Argentina
La Cámara de Casación dispuso el sorteo de un tribunal oral para que trate nuevamente el caso por el cual Guillermo Álvarez, alias El Concheto, fue condenado a la pena máxima por tres asesinatos en un asalto a un bar de Belgrano
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Guillermo Antonio Álvarez, alias El Concheto, uno de los mayores asesinos seriales de la historia criminal argentina, quedó a un paso de salir en libertad. La Sala II de la Cámara de Casación en lo Criminal y Correccional, integrada por los magistrados Daniel Morin y Horacio Días, declaró la nulidad del juicio oral realizado en noviembre de 1998 que terminó con la condena a reclusión perpetua más la accesoria por tiempo indeterminado contra Álvarez por el homicidio de un policía y de una joven estudiante durante el asalto al pub Company, de Belgrano.
Según fuentes judiciales, la resolución dictada por los magistrados de la Cámara Casación cumplió con el fallo de Corte Interamericana de Derechos Humanos que, en noviembre pasado, ordenó al Estado argentino revisar la sentencia que condenó a prisión perpetua al múltiple homicida por dos de los cuatro homicidios que cometió entre 1996 y 1998, y mandó pagarle una indemnización por la violación de los derechos a las garantías por parte de la Justicia de Menores que llevó uno de los procesos en su contra.
Detenido en el penal de Villa Devoto y ante la presunción de la resolución a su favor, Álvarez comenzó hace veinte días a regalar sus pertenencias a los compañeros del pabellón, el mismo en el que encabezó la negociación con los funcionarios del Ministerio de Justicia de la Nación, en el motín de abril de 2020, cuando los presos alojados en el dicho penal, solicitaron libertades anticipadas para evitar contagios del Covid 19 en la cárcel.
”La Argentina es responsable internacionalmente por violar los derechos al debido proceso legal y a la protección judicial de una persona sometida a un proceso penal”, expresó la CIDH en referencia a la sentencia del caso “Álvarez v. la Argentina”.
En su resolución, el tribunal internacional tuvo en cuenta el planteo presentado por Álvarez que consideró que, durante el juicio oral que terminó con la condena en su contra por dos homicidios, los jueces del Tribunal Oral de Menores N° 1 permitieron que el acusado estuviera esposado en las audiencias y, además, no le dieron tiempo para designar una nueva defensa técnica, después que el imputado decidió desvincularse de los letrados que lo representaron hasta el comienzo del debate.
Cuatro días antes del inicio del juicio, Álvarez presentó un escrito en el que revocó el poder otorgado a sus defensores y solicitó diez días para nombrar nuevos letrados. El día de la primera audiencia, el tribunal oral aceptó la solicitud de Álvarez para separar a los abogados particulares, y nombró, en su lugar, a la defensora pública oficial que representaba al otro imputado.
“Hubo una serie de violaciones que se habrían cometido en el proceso penal contra Álvarez. Tras la revocación del patrocinio a los abogados de confianza del señor Álvarez, el Tribunal Oral de Menores no le concedió tiempo para el nombramiento de nuevo defensor, sino que designó de oficio a la defensora pública oficial que representaba al otro coimputado en el proceso”, consideraron los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Según el Tribunal internacional, Álvarez y su flamante defensora pudieron reunirse únicamente una hora antes del inicio de la audiencia, lo cual afectó sus derechos a ser asistido por un defensor de su elección y a contar con el tiempo y los medios adecuados para preparar su defensa.
“Asimismo, la presunta víctima fue presentada en la audiencia esposada, lo que habría afectado su derecho a la presunción de inocencia”, indicaron los jueces de la CIDH. A partir de recibir la notificación de la resolución a su favor, Álvarez solicitó la aplicación del beneficio del dos por uno en todas las condenas anteriores y pidió su libertad.
El Concheto Álvarez tiene condenas por cuatro homicidios. En 1996, como jefe de la “banda de los chicos bien”, protagonizó un raid delictivo en el que asesinó a Bernardo Loitegui (h.), María Andrea Carballido y el subinspector de la Policía Federal Fernando Aguirre. El cuarto asesinato que le adjudicaron a Álvarez es el de Elvio Aranda, un preso con el que compartía pabellón en la vieja cárcel de Caseros.
“Se hace lugar al recurso de revisión interpuesto para anular el juicio oral y público celebrado con respecto a Guillermo Antonio Álvarez en la causa N°1048 del registro del Tribunal Oral de Menores N°1 y todos los actos derivados del debate en relación con el acusado Álvarez, entre los que se incluye la sentencia condenatoria pronunciada a su respecto”, reza la resolución dictada por los jueces de la Cámara de Casación.
Además, los camaristas ordenaron remitir el caso a la Oficina Judicial de la Cámara de Casación para que designe un tribunal oral en lo criminal y correccional y que se realice un nuevo juicio oral para juzgar los homicidios del policía Aguirre y de la estudiante Carballido, imputados a Álvarez.
Luego de un sorteo, el Tribunal Oral N° 28 estará a cargo de la realización del nuevo juicio oral contra Álvarez por los homicidios de Carballido y Aguirre. Además, dicho tribunal deberá decidir si concede o rechaza la solicitud de libertad que presentará su defensa.
Debido a que se declaró nula condena de reclusión perpetua más la accesoria por tiempo indeterminado fijada por el Tribunal Oral de Menores N° 1, Álvarez quedó con tres sentencias en su contra a 25 años de prisión por el homicidio de Loitegui, en San Isidro; a 18 años de cárcel, por el asesinato de Aranda, en la penitenciaria de Caseros, y a seis meses por un robo.
Esto significa que los jueces del Tribunal Oral N° 28, deberán decidir si corresponde la libertad de Álvarez por agotamiento de la pena, teniendo en cuenta que el condenado había sido detenido el 8 de agosto de 1996. En 2016 recuperó la libertad y volvió a ser apresado cuando intentó cometer una salidera en San Telmo.
“Yo robo porque me gusta, no por necesidad. Los robos me atraen, me seducen. Es como tener la novia más linda”, decía Álvarez en julio de 1996, mientras viajaba en un remise para reunirse con el resto de los integrantes de la “banda de los chicos bien”, denominación con la que se conoció al grupo delictivo que asaltaba restaurantes frecuentados por empresarios y personajes de la farándula.
Seis horas antes de asaltar el pub Company, en Belgrano, Álvarez y un cómplice salieron a buscar un auto de alta gama. Necesitaban un vehículo de esas características para pasar como clientes. Al doblar en la esquina, Álvarez y su cómplice vieron un Mercedes Benz que estacionaba en el camino de adoquines de la entrada de una imponente casa situada casi a mitad de cuadra.
Al contrario de lo que había presumido Álvarez ante el remisero, Loitegui no se resistió. Igual, el Concheto le dio dos tiros. Tras el homicidio a sangre fría, huyó sin siquiera llevarse el Mercedes.
Durante el allanamiento ordenado por el juez de San Isidro Federico Ecke, los policías revisaron la habitación de Álvarez y hallaron recortes de los diarios en los que se informaba de los asaltos que había cometido y sobre su ídolo, Carlos Eduardo Robledo Puch, el mayor asesino serial de la historia criminal argentina.
El 28 de julio de 1996, después de matar a sangre fría a Loitegui, Álvarez y sus cómplices se dirigieron al pub Company, en Migueletes 1338. Álvarez entró y se mezcló entre los clientes. Había concurrido previamente para hacer un reconocimiento. Grabó en su memoria la distribución de las mesas y de la barra y la ubicación de la caja. También comprobó que el local no tenía seguridad privada ni policía adicional.
Álvarez no lo sabía, pero esa noche entre los comensales estaba Fernando Aguirre, subinspector de la Federal. Había ido al pub por el festejo del cumpleaños de una amiga.
Afuera, los otros miembros de la banda esperaban la señal de su jefe para entrar. Entonces, Oscar “El Osito” Reinoso, César Mendoza y Walter Ramón Ponce, alias “Oaky”, irrumpieron armados y les exigieron a todos los clientes que entregaran los objetos de valor que tuvieran consigo. Uno de ellos, en tanto, apuntaba con su arma al cajero; no hacía falta que lo dijera: quería la recaudación.
Presumiendo que lo matarían cuando los delincuentes lo revisaran y se dieran cuenta de que era policía, Aguirre se identificó y les dio la voz de alto. El inspector de la Policía Federal y el Osito Reinoso abrieron fuego casi al unísono.
Álvarez, que hasta ese momento parecía un cliente más, reaccionó cuando vio a su cómplice malherido y abrió fuego contra el policía. Furioso, el Concheto remató al subinspector cuando estaba en el piso. María Andrea Carballido, una estudiante que festejaba un cumpleaños, fue la segunda víctima. Una amiga de Carballido se salvó de milagro, pero recibió una herida en la columna vertebral.
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