A pesar de la declaración de emergencia hay cada vez más presos en las cárceles federales
La superpoblación carcelaria se visibilizó como un problema de Estado el pasado 26 de marzo, cuando el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, decretó la "emergencia en materia penitenciaria". En esa resolución se admitía que las plazas carcelarias ya no alcanzaban. Ahora, la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) le puso datos duros a la explicación de esa crisis. Al 30 de abril de 2019, la población carcelaria federal alcanzó un nuevo récord con 14.157 detenidos mientras la capacidad máxima es de 12.235 plazas. O sea, un exceso del 15,7%. Si se toma la estadística del día, hoy ya suman 14.272 los reclusos, con lo que la sobrepoblación llegó al 16,65%.
En ese contexto de hacinamiento, además, los reclusos experimentan diversas vulneraciones de sus derechos humanos. La PPN recibió casi 59.000 demandas de los detenidos el años pasado, informó el procurador penitenciario, Francisco Mugnolo. Y su adjunto interino, Ariel Cejas Meliare, dijo que "persisten las prácticas de tortura y/o malos tratos" y que fueron constatados más de 500 casos. Al respecto, agregó: "Las cifras muestran, por un lado, la estructuralidad de un problema que requiere, para su erradicación, de una firme voluntad por parte de todos los actores involucrados. Y por otro, el número se queda corto si tenemos en cuenta que muchas veces, por temor a represalias, este tipo de prácticas no se denuncia ni en la Justicia ni en nuestra institución".
Según el informe de la PPN, "la población penitenciaria de las cárceles federales ha mostrado un crecimiento sostenido durante los últimos años, superando desde 2014 la barrera de los 10.000 presos. A partir de 2016 el incremento de la población se ha exacerbado". En este momento, el 60% de las personas privadas de su libertad en cárceles federales están con prisión preventiva y el 40% tiene condena firme.
Sobre los motivos de ese aumento, la PPN explicó: "Lo relevado refleja que en la mayoría de los casos las personas están detenidas por tráfico de drogas, pero no son grandes narcotraficantes sino, más bien, los eslabones más débiles. Situación que provocó que las plazas no alcanzan para los presos. Oficialmente hay 2000 presos de más, según los datos que declara el propio Servicio Penitenciario Federal (SPF)".
Ante esto, la PPN sostiene que, en realidad, el número de capacidad máxima estipulado por el SPF es ficticio: "La administración penitenciaria altera discrecionalmente la capacidad de alojamiento declarada de los distintos establecimientos penitenciarios. Entre las estrategias que despliega el SPF para paliar la grave situación se cuenta la de agregar camas dobles en celdas individuales o reconvertir sectores destinados a actividades laborales y recreativas en nuevos pabellones de alojamiento. Pero debemos enfatizar que una nueva plaza carcelaria de ninguna manera puede identificarse simplemente con el agregado de una cama, sino que implica garantizar una serie de servicios y derechos a las personas detenidas. La manipulación del cupo carcelario resulta una respuesta ilegítima frente a una situación de enorme gravedad".
En cuestión de género, el informe precisó que las mujeres detenidas en proporción "son uno de los colectivos más afectados por la superpoblación". La población de mujeres creció un 25% mientras que la de los hombres aumentó 14%. "¿Qué mujeres encarcelamos?", se preguntaron los directivos de la PPN. La respuesta que dedujeron es que en su mayoría son imputadas por delitos vinculados a la ley de drogas. "No hay detenidas grandes narcotraficantes sino los eslabones más débiles de la cadena. El SPF gobierna bajo la violencia, pero sobre las mujeres la violencia más común es su 'medicalización': vinculan a las mujeres con los problemas psiquiátricos, cuestiones que también vemos fuera de las cárceles y se replican dentro", explicaron en la PPN
Por otro lado, el informe de la Procuración Penitenciaria señala que los casos de tortura dentro la prisiones federales continúan siendo la forma en que se ejerce la violencia y se gobierna dentro de una cárcel. "En el transcurso del 2018 se documentaron 558 casos de torturas. En el 41% de los casos las víctimas prestaron su consentimiento para realizar una denuncia penal por lo sucedido. Ello derivó en 183 denuncias presentadas por la PPN a lo largo de 2018, incluyendo episodios individuales y colectivos", indicó el informe.
Del mismo modo, la PPN apunta en su informe sobre lo que se denomina "muertes bajo custodia", hechos que antes, sostienen "no salían a la luz". Desde 2009, cuando la PPN comenzó a investigar las muertes en prisiones federales, contabilizaron 425 decesos, lo que supone un promedio de 42,5 al año. Del total, 189 fueron muertes violentas. Durante el 2018 registraron 42 decesos, 17 de ellos, violentos, y 25 por enfermedades.
Ante este escenario, la PPN sostuvo: "Es mentira que construyendo más cárceles vayamos a solucionar el problema. Nosotros sostenemos que no hay que construir más prisiones, pero la política actual es otra".
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