A nueve años de la tragedia de Time Warp la causa aún no tiene fecha para el juicio oral

Hace exactamente nueve años, el complejo de Costa Salguero se convirtió en un pandemónium de ambulancias, corridas, llantos, angustia y confusión. Lo que sucedió entre la noche del 15 y la madrugada del 16 de abril de 2016 se recuerda, desde entonces, como la tragedia de Time Warp: Cinco jóvenes murieron por consumo de drogas sintéticas durante esa fiesta electrónica y varios más terminaron en terapia intensiva.

El expediente penal por el caso sigue abierto, pero con destino incierto. Hace más de cuatro años que la jueza federal María Eugenia Capuchetti dio por concluida la investigación y notificó a las partes en consulta para elevar el expediente a la etapa de juicio oral y público con diez acusados, entre empresario vinculados con la organización de la rave y funcionarios públicos porteños encargados de las áreas de fiscalización y control.

Pero entre oposiciones de las partes y pedidos de contrapruebas (los familiares de los jóvenes querían tener más precisiones sobre el tipo de sustancias que las víctimas habían consumido y si las dosis o su composición eran capaces de haber causas sus muertes), no hay fecha probable de realización de juicio.

Entre los procesados están Adrián Conci, presidente de Dell Producciones, empresa organizadora de la fiesta electrónica, y sus empleados Maximiliano Ávila, Carlos Garat, Carlos Penise y Martín Gontad. También, el gerente operativo de Eventos Masivos de la Dirección General de Fiscalización y Control de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) de la Ciudad, Claudio Alberto Iacobaccio; el coordinador Fernán García Vázquez, y los inspectores Pablo Germán Fontanellas, Gustavo Alberto Herms y Néstor Ricardo Cella.

Nicolás Becerra, de 25 años; Francisco Ernesto Bertotti, de 21; Bruno Claudio Boni, de 20; Martín Bazano, de 22, y Andrés Valdez, de 20, fueron las víctimas mortales.

Uno de los picos del caso se vivió casi cinco semanas después de la tragedia, cuando el juez Sebastián Casanello, entonces a cargo del caso, ordenó detener al abogado Víctor Stinfale, socio de la empresa Energy Group, proveedora del agua Block, que se comercializaba en Time Warp; el magistrado y el fallecido fiscal Federico Delgado lo consideraban el organizador en las sombras del evento y, por lo tanto, responsable de lo que pasó. Estuvo 70 días en prisión domiciliaria y cuatro años después, la jueza Capuchetti lo sobreseyó.

En coincidencia con el noveno aniversario de la tragedia de Time Warp, Stinfale vuelve a ser noticia, pero no por aquello que pasó en la Costanera Norte, sino porque debió declarar como testigo en el juicio por la muerte de quien fue su cliente y amigo: Diego Armando Maradona.

Noche de descontrol y muerte

Varias situaciones fuera de lo normal ocurrieron desde el inicio mismo de la fiesta en Costa Salguero, la noche del 15 de abril de 2016. La capacidad de concurrentes habilitada estaba desbordada: se estima que había más de 18.000 personas en un recinto que podía albergar a 13.000; además, faltaba suministro de agua corriente en los baños y había dealers repartidos por todo el complejo vendiendo todo tipo de dosis de drogas de diseño.

A pesar de estas irregularidades, el evento se desarrolló de acuerdo a lo previsto hasta que varios de los asistentes comenzaron a desvanecerse.

El saldo fue de cinco personas muertas y varias en grave estado, en terapia intensiva. De los jóvenes fallecidos, dos murieron dentro del boliche, otro en la ambulancia cuando era traslado y los otros dos en el hospital Fernández.

Los exámenes toxicológicos que se realizaron con posterioridad, señalaron que en los cuerpos de las personas fallecidas había sustancias como MDMA (éxtasis), metanfetaminas y PMMA, conocida como “Superman” por el diseño grabado en las pastillas.

En su hipótesis investigativa, el fiscal federal Delgado y el juez federal Casanello consideraron que la fiesta fue organizada con la finalidad de vender drogas sintéticas y que los asistentes, a falta de agua en el baño, estuvieran obligados a comprar la única agua embotellada que se vendía en el predio: Block.

“Quien consume éxtasis necesita tomar agua, y las canillas habían sido cerradas; la única manera de hidratarse era comprando botellas que iban aumentando de precio a medida que transcurría la noche”, afirmaron los funcionarios judiciales.

Delgado y Casanello realizaron casi 40 imputaciones por delitos tales como comercialización de estupefacientes agravada por el resultado de muerte, abandono de persona seguido de lesiones y muerte e incumplimiento de deberes de funcionario público. Alcanzó a los organizadores, a los socios de Energy Group (Stinfale y Walter Santángelo), a funcionarios del gobierno porteño y a efectivos de la Prefectura abocados esa noche a prevenir que no se vendiera droga.

La Sala II de la Cámara de Apelaciones cambió la calificación inicial a “facilitación de un lugar para la comercialización de estupefacientes, homicidio culposo y lesiones graves culposas”, lo que le permitió a Stinfale lograr la libertad.

Con el patrocinio letrado de Mariano Cúneo Libarona (actual ministro de Justicia de la Nación), Stinfale obtuvo la libertad y contraatacó. Recusó a Casanello y a Delgado y logró apartarlos del expediente. Cuando el caso ya estaba frío, la jueza Capuchetti lo sobreseyó al entender que no había ningún delito que imputarle al abogado que, en su carrera antes de enfocarse de lleno al negocio de las bebidas energizantes, el agua envasada y los boliches, fue defensor, entre otros, de Carlos Telleldín, armador de la camioneta Renault Trafic usada para detonar el explosivo que voló la sede de la AMIA en 1994.

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