A 18 años del secuestro, cuatro condenados siguen presos, uno reclama la libertad condicional y otro está por cumplir la pena

Eran las 21.45 del 17 de marzo de 2004 cuando Axel Blumberg, un estudiante universitario de 23 años, estacionaba su Renault Clio en Dorrego al 1500, Martínez. Tenía pensado ir al cine con su novia, Estefanía Garay. Pero, allí, en San Isidro, fue abordado y secuestrado por los hermanos José y Carlos Díaz, quienes, armados, se habían bajado de un vehículo conducido por el jefe de la banda, Diego Peralta, el Oso. Los captores, en un primer momento, le exigieron a la familia de la víctima un rescate de 50.000 pesos. El joven estuvo cautivo seis días hasta que fue ejecutado de un balazo en la sien derecha. Dieciocho años después, solo cuatro de los 12 delincuentes condenados por el caso que conmovió al país y que convocó a casi 100.000 personas en una marcha para exigir seguridad, continúan en prisión. Uno de ellos solicitó la libertad condicional. Y otro cumplirá la pena dentro de tres semanas y dos días.

Según informaron a LA NACION fuentes judiciales, en las próximas horas, el fiscal general Alberto Gentili debe presentar ante el juez federal Daniel Cisneros un dictamen para dar a conocer su opinión en un incidente abierto tras una solicitud de libertad condicional presentada por la abogada Claudia Cesaroni, defensora de Carlos Díaz, que en el momento del secuestro y homicidio de Blumberg tenía 17 años.

“En la cárcel, Díaz terminó sus estudios secundarios y comenzó una carrera universitaria. Recibe el acompañamiento de una cooperativa para un proyecto laboral, para cuando salga en libertad. Es una persona totalmente distinta del adolescente que participó del secuestro y asesinato de Axel Blumberg. Creemos que cumplió todos los requisitos para tener salidas transitorias, que debieron haber comenzado a la mitad de la condena. El 9 de abril cumplirá 18 de 21 años de condena. Ni una vez pisó la calle”, afirmó Cesaroni.

No es la primera vez que la Justicia debe resolver pedidos de la defensa de Díaz. En junio de 2019, el magistrado Eduardo Farah, que ese año cumplía las funciones de juez de ejecución penal en el Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 de San Martín, rechazó el pedido de salidas transitorias.

Para dictar el fallo, el juez Farah tuvo en cuenta la opinión de los padres de Axel, María Elena Usonis y Juan Carlos Blumberg, y de Ana María Nordmann y Guillermo Ortiz de Rozas, otras dos víctimas de la banda de secuestradores.

“Tengo en cuenta lo expresado por aquellos [Usonis, Blumberg, Nordmann y Ortiz de Rozas] en la audiencia personal, en la que me trasmitieron la crueldad con que Díaz y sus consortes de causa actuaron, así como el sufrimiento que aún hoy cada uno de ellos padece como consecuencia de esos hechos, muy especialmente en el caso de la señora Usonis, a quien percibí devastada, y el de la señora Nordmann, quien aún hoy alberga un fundado temor por su seguridad para el caso de que alguno de los intervinientes en el hecho que la damnificó pueda obtener su libertad”, afirmó el magistrado en aquella resolución.

Carlos Díaz está alojado en la Unidad 19 del Servicio Penitenciario Federal (SPF), conocida como Colonia Penal de Ezeiza. Los otros delincuentes que continúan en la cárcel son su hermano José, el Oso Peralta y Sergio Miño, quienes cumplen la condena en la Prisión Regional del Norte, en Chaco.

José Díaz, quien según el fallo del TOF N°2 de San Martín fue quien ejecutó a la víctima, y el Oso Peralta fueron condenados a la pena de reclusión perpetua y Miño, que también era menor en el momento de los hechos, recibió una pena de 18 años de cárcel, que cumplirá por completo el 9 de abril próximo.

En mayo de 2020, con la excusa de que cumplía la condena en una provincia donde se registraba uno de los focos de la pandemia del Covid-19, José Díaz, apodado Negro, solicitó el beneficio del arresto domiciliario.

Tras la presentación de la defensa de Díaz, el juez Farah, a cargo de la ejecución de la pena en el caso, les corrió vista de la novedad a las víctimas de la banda de secuestradores.

Pero la solicitud fue rechazada. “El estado de salud de Díaz no registra patologías que lo involucren dentro del grupo de mayor vulnerabilidad frente al Covid-19″, sostuvo Farah en ese fallo de julio de 2020.

El magistrado tuvo en cuenta un informe del director de la Unidad 7, en el que informaba que Díaz tenía un “buen estado general de salud”, que en la cárcel se adoptaron medidas de higiene y prevención ante la pandemia y que hasta ese momento no se habían detectado “casos con signos sintomatológicos compatibles con Covid-19 dentro de la población penal”.

Además, el juez tuvo en cuenta un informe de una asesora de Menores que concluyó que “las necesidades económicas, sociales y sanitarias básicas de los hijos de José Jerónimo Díaz se encuentran cubiertas”.

También transcribió el juez, en su resolución, un párrafo de la oposición que presentaron los padres de Axel Blumberg y Nordmann y Ortiz de Rozas, las víctimas de los secuestros por los que fue condenado Díaz, que por Ley de Víctimas, fueron consultadas sobre el planteo defensista.

”Las verdaderas víctimas directas e indirectas del accionar criminal de José Jerónimo Díaz volvemos a ser revictimizadas por el propio sistema de Justicia, temiendo que este delincuente de alta peligrosidad logre efectivizar su solicitud a través de este tipo de artilugios que encubren su verdadera intención, que es evadir el cumplimiento de la condena que le fuera impuesta”, escribieron en su momento los abogados Claudio Calabressi y Arturo Stanic, representantes de Blumberg, en su oposición al pedido de la defensa de Díaz.

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