A 10 años del incendio en el penal de Magdalena: “El dolor de una madre nunca se va, pero la Justicia debe evitar que haya más muertes”
Así se expresó Rufina, que perdió a su hijo Javier en el siniestro; la causa estaría cerca del juicio oral; hay 15 agentes penitenciarios y dos jerarquizados imputados
LA NACIONSol Amaya
Rufina no puede olvidar esa imagen: una fotografía de un cuerpo carbonizado. El cuerpo de su hijo. "Estaba deshecho, todo quemado, muy maltratado", recuerda. Javier Magallanes, el hijo de Rufina, fue uno de los 33 presos que fallecieron durante el incendio en el penal de Magdalena, hace 10 años.
La tragedia se desató durante la noche del 15 de octubre de 2005. Dos internos comenzaron una discusión en el pabellón 16 de la Unidad Nº 28, en Magdalena. Según denunciaron detenidos y familiares, el personal penitenciario intervino para reprimir la situación, tras lo cual se desató un incendio que se propagó rápidamente. Algunos de los detenidos lograron salir, pero otros quedaron encerrados en el pabellón, inhalando los gases tóxicos que generó la combustión de los colchones de poliuretano y que resultó la principal causa de las muertes.
En total murieron 33 de las 58 personas que se encontraban alojadas en el módulo, que era un pabellón de autodisciplina donde había presos considerados de buena conducta.
La mayoría de los que murieron tenían menos de 26 años y estaban imputados por delitos contra la propiedad. Sólo dos de ellos tenían condena firme. Los demás estaban procesados.
Ese 16 de octubre era el Día de la Madre. Rufina estaba viajando hacia Magdalena para visitar a su hijo, pero la hicieron regresar. Le dijeron que fuera directamente a La Plata. "No me explicaron por qué, pero imaginé que algo malo había pasado. Lo que nunca se me cruzó por la cabeza era que mi hijo había muerto", cuenta. "Los dejaron que se quemen vivos. Se convirtieron en cuerpos apilados frente a la cárcel. ¿Qué clase de gente sin corazón son estas personas que permitieron semejante tragedia?", lamenta Rufina.
El testimonio de un agente
El día que empezó el motín, Mariano*, un agente penitenciario que tenía 28 años, estaba de turno pero lo llamaron para que se presente a trabajar. Llegó a la unidad a las 23 preparado para enfrentar los incidentes pero sin saber lo que le esperaba.
"Lo primero que encontré fueron muchos presos muertos en la entrada de la unidad y compañeros muy asustados. Era una situación que parecía sacada de una película. Una escena surrealista. Nada se veía como había sido antes. Era una mezcla de internos y penitenciarios sacando cuerpos", recuerda. "La unidad era un polvorín a punto de explotar", cuenta Mariano.
Durante el tiempo que duró el conflicto los penitenciarios no tuvieron franco. Apenas pudieron irse algunas horas a su casa. "Yo entré a trabajar el sábado y mi primer franco fue el miércoles a las 3 de la madrugada hasta las 7 de la mañana. El domingo anterior había sido el día de la madre, estaba casado y tenía un nene muy chiquito pero en el único momento que pude saludar a mi esposa fue a las 3.30 cuando llegué a casa, Luego me di una ducha, me acosté y a las 6 me levanté, pasé a buscar a mis compañeros y volví a la unidad hasta el martes de la otra semana. Comimos y dormimos en la cárcel durante más de siete días, pero nunca descansamos", dice Mariano.
La investigación
Según explican desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que son querellantes en la causa, en 2008 los fiscales intervinientes pidieron elevar a juicio oral a los 15 agentes del servicio penitenciario que estuvieron presentes el día del incendio, "por omisión de auxilio con resultado muerte", y a dos de los responsables jerárquicos del lugar, el Director de la Unidad y el Jefe de Seguridad Exterior, "por considerarlos responsables de homicidio culposo". Las defensas de cada uno de los imputados impugnaron la resolución del juez que resolvía favorablemente esa elevación.
En octubre de 2010, la Cámara de Apelaciones resolvió confirmar la elevación a juicio de los responsables jerárquicos y sobreseer a los agentes que actuaron ese día. Tanto el CELS como las otras querellas impugnaron los sobreseimientos ante la Cámara de Casación provincial.
En noviembre de 2011, la Sala III de la Cámara de Casación revocó la decisión de la Cámara platense en relación a los sobreseimientos dictados. La Suprema Corte bonaerense también rechazó los recursos de las defensas de los imputados. Hoy, a diez años del trágico incendio, el comienzo del juicio oral sería inminente.
"Lo ocurrido en Magdalena mostró las consecuencias de sostener un sistema hacinado y violento y en qué medida es necesario encarar reformas estructurales de los servicios penitenciarios para garantizar los derechos de las personas privadas de libertad y establecer dispositivos de control", sostuvieron desde el CELS.
En tanto, amigos, familiares y organizaciones sociales realizarán esta tarde un homenaje a los fallecidos en la ciudad de La Plata.
"A mi hijo no me lo va a devolver nadie, pero yo igual voy a seguir esperando que se haga justicia. Porque dejaron morir de la peor manera a 33 seres humanos", asegura Rufina. Y agrega: "La Justicia debe evitar que haya más muertes".
Con la colaboración de Milagros Moreni Nimer
*El nombre fue modificado a pedido del agente penitenciario, que pidió preservar su identidad
Por Sol Amaya
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