A 10 años de un incendio mortal, un matrimonio busca justicia
Luis Fernando Rodríguez y su esposa, Sara, son los únicos querellantes en el proceso por las seis muertes en un taller clandestino, que empieza hoy; uno de sus hijos, que tenía 3 años, fue una de las víctimas
Cuando llegan a la puerta de Luis Viale 1269, Sara Gómez se queda alejada, pero Luis Fernando Rodríguez, su marido, se acerca. De afuera, el lugar ya no es como era antes, aunque adentro todo haya quedado como el día en que se prendió fuego: en los diez años que pasaron desde el 30 de marzo de 2006, cuando el taller textil que allí funcionaba ardió, la fachada fue intervenida y seis siluetas amarillas recuerdan a las víctimas que aquel día murieron atrapadas: Juana Vilca Quispe, de 25 años y embarazada; Wilfredo Mendoza, de 15; Elías Carbajal, de 10; Rodrigo Carbajal y Luis Quispe, de 4, y Harry Rodríguez, de 3.
Harry era el hijo menor de Sara y de Luis Fernando, que la semana pasada vinieron a Buenos Aires desde La Paz porque hoy empieza el juicio oral. "Han pisoteado todos nuestros derechos; por eso ahora, luego de tantos años de injusticia, venimos con la esperanza de que los jueces puedan dar una pena", dice Sara.
En el taller vivían hacinadas unas 64 personas, entre las que había más de 20 niños. Estaba habilitado para cinco máquinas de coser, pero funcionaban más de 30. Había un solo baño y no tenían agua caliente. Los costureros trabajaban hasta 18 horas por día y hacían cola hasta las dos o tres de la mañana para ducharse. Las "habitaciones" estaban separadas por telas y cartón prensado. Las puertas y ventanas tenían rejas y los extintores no funcionaban. Aunque el inmueble era propiedad de los empresarios textiles Jaime Geiler y Daniel Fischberg, quienes además proveían de materia prima y compraban toda la producción de los costureros, por el incendio sólo están imputados los capataces, Luis Sillericó Condori, también boliviano, y Juan Manuel Correa, argentino.
Ese día, cuando comenzó el fuego, a las 16.45, Lourdes Hidalgo estaba arriba, esperando a que se desocupara una máquina. Llevaba tres meses trabajando en el taller y hasta entonces había cobrado nada más que 120 pesos en "vales" de 50, adelantos de un sueldo que nunca le pagaron. Era uno de sus últimos días de trabajo: los capataces la habían echado por sus quejas sobre la forma en que vivían. Diez años después, le tiene miedo al fuego y se pone nerviosa cuando pasa un camión de bomberos: "Para mí es muy doloroso vivir con este recuerdo. Al día de hoy, adonde sea que entro estoy mirando por dónde voy a escapar. De pronto, en cualquier momento, se me abre como una ventana en el oído y no me dejan los gritos, me quieren enloquecer. Yo quedé con impotencia, no hubo justicia por estas muertes y los que sobrevivimos hemos quedado en la calle".
Después del incendio, y cuando lograron repatriar el cuerpo de su hijo, Luis Fernando Rodríguez y Sara Gómez volvieron a Bolivia. Ahora ella es maestra y él, chofer de un minibús en La Paz, donde viven con sus otros dos hijos: Kevin, de 14, y Yair Yeremi, de 7. Cuando comenzó el incendio, Kevin dormía la siesta con Harry en el segundo piso y Luis Fernando y Sara trabajaban abajo en las máquinas junto a otros costureros. Él había ido a buscar a los chicos al jardín, como todos los días, y ella los había duchado antes de su siesta de todas las tardes. En medio de las llamas fue Lourdes Hidalgo la que pudo sacar a Kevin de la habitación. Luis Fernando aún lo recuerda bajando descalzo las escaleras.
En busca de un futuro mejor
El matrimonio había llegado a Buenos Aires en 2005. Querían un futuro mejor para sus hijos y trataban de darles una vida lo más normal y ordenada posible. En Parque Avellaneda se toparon con Sillericó Condori y fueron a trabajar para él. Sara recuerda que al principio los trataban bien, pero que después las condiciones de vida empeoraron: "Nos sometían a muchas horas de trabajo, la alimentación era deficiente. Se veía que iba a pasar algo más grave, ya había habido accidentes con los niños. Estábamos todos encerrados y sometidos".
Luis Fernando amenazaba con denunciarlos: "Me decían «andá, tomátelas»... Sabían que no me podía ir porque no me pagaban y no teníamos los sueldos como para salir y buscarnos otros trabajos".
Luis Fernando y Sara son los únicos querellantes en la causa, que está caratulada como "incendio o estrago agravado seguido de muerte". Ellos aspiran a que se cambie por "homicidio con dolo eventual" y que se investigue también a los propietarios del inmueble, porque consideran que es imposible que no fueran conscientes del riesgo en el que estaban las personas que trabajaban a su cargo.
"No era un taller clandestino -aclara Luis Fernando-, era una fábrica habilitada. Fischberg y Geiler venían a controlar cuánta producción teníamos; no es cierto que ellos no tuviesen nada que ver. De la comisaría venían y recogían paquetes de pantalones y cuando venían los inspectores nos hacían subir. Ha sido muy lamentable todo lo que nos ha pasado en Luis Viale con estos esclavistas, que no sienten nada por el que no tiene. Por eso pedimos justicia, por todos los que han perdido la vida. Estos diez años han sido muy largos para nosotros."
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