$380 millones de fianza. Le conceden la prisión domiciliaria a Enrique Blaksley, el “Madoff argentino”

Más de cuatro años y medio después del día en que se lo llevaron esposado de su casa, y luego de 24 intentos denegados, Enrique Juan Blaksley Señorans está a punto de salir de la Unidad 31 del Servicio Penitenciario Federal para seguir en prisión domiciliaria el final del extenso juicio en el que sus acusadores lo señalan como el supuesto cerebro de una de las mayores estafas de la historia criminal del país a través de un presunto esquema tipo Ponzi, lo que le valió el mote de “Madoff argentino”.

Según consta en la resolución firmada en las últimas horas por los jueces federales Néstor Costabel, Ricardo Basílico y Jorge Gorini, el Tribunal Oral Federal (TOF) N°4 aceptó los inmuebles y vehículos de familiares y amigos de Blaksley con los que la defensa del acusado cubrió los 380 millones de pesos de caución que le fijaron para permitirle acceder a una morigeración de la prisión preventiva que el expresidente de Hope Funds cumple desde el 10 de abril de 2008.

Restan ahora cuestiones técnicas y operativas para que Blaksley, finalmente, abandone el penal federal de Ezeiza: se deben inscribir los embargos sobre los bienes muebles e inmuebles ofrecidos como caución, y también se deben modificar las pólizas de seguro de los autos puestos como fianza, de modo que cubran todo riesgo, sin franquicia, y tengan como beneficiario al Tribunal.

“Cumplida la anotación de los embargos dispuestos, aportadas que sean las constancias de las contrataciones sobre los vehículos en cuestión e informado que sea el domicilio donde Enrique Juan Blaksley Señorans cumplirá el arresto domiciliario dispuesto por resolución de fecha 5 de marzo de 2021, librar oficio al Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a efectos de solicitar la incorporación del nombrado a dicho Programa, quienes deberán efectuar la colocación del dispositivo de monitoreo GPS conforme lo indicado en la resolución citada y su correspondiente control”, reza la resolución del TOF N°4, a la que accedió LA NACION.

La defensa debe, además, fijar el domicilio en el que, concretamente, Blaksley cumplirá la prisión domiciliaria controlada a través de una tobillera electrónica. Los trámites podrían estar concluidos el viernes, según estimaron a LA NACION allegados a la asistencia técnica del principal imputado del caso.

Algunas de las querellas se habían opuesto a la concesión del beneficio. La que representan los abogados Ezequiel Altinier y Gonzalo Romero Victorica habían pedido, en su alegato, que se revocara el beneficio que el TOF N°4 había concedido (y que estaba firme) en diciembre de 2021, sujeto al pago de la multimillonaria fianza. Su argumento fue que se habían incrementado los “riesgos procesales” a partir de los pedidos de pena hechos por la fiscalía y los abogados litigantes, que oscilan entre los 10 y los 12 años de cárcel.

En caso de que su pedido fuese desestimado, solicitaron que el monto de la caución fuese actualizado –de 380 a 1000 millones de pesos– teniendo en cuenta, además de los mayores riesgos procesales que ahora se presentan, el “galopante proceso inflacionario que viene viviendo nuestro país”.

El abogado Mariano Varela, defensor de Blaksley, batalla desde hace más de dos años para conseguir la excarcelación del acusado, bajo el argumento de que se había superado el plazo máximo de dos años para las prisiones preventivas. Pero, en su última presentación, descartó que existiera el mentado “riesgo procesal” de fuga por la expectativa de pena prevista, ya que consideró que, sumados el tiempo que lleva detenido y los cursos que realizó en la cárcel, ya estaría en condiciones de obtener la libertad condicional.

En octubre, el fiscal Córdoba había pedido que Blaksley sea condenado a 10 años de prisión por asociación ilícita, 311 hechos de estafa, lavado de activos, insolvencia fraudulenta en concurso ideal con captación de ahorros no autorizada y agravada por haber sido cometida mediante oferta pública. Y solicitó, además, que se le imponga una multa de casi 230 millones de pesos, seis veces el monto del dinero presuntamente lavado en eventuales operaciones fraudulentas.

El representante del Ministerio Público requirió condenas para otros diez imputados. La AFIP, que fue aceptada como querellante en este expediente, había pedido una condena de 12 años para el presidente de Hope Funds. Y las querellas particulares también postularon la sentencia.

Varela, en su alegato, rechazó los cargos, dijo que no hubo delito alguno, sino una quiebra comercial, y sostuvo que la acusación era fruto de “un relato”.

“Hope Funds no fue una fachada. Detrás había vinculaciones reales, participación de sus empresas en negocios reconocidos, y se acreditó que los fondos entregados por los ahorristas fueron destinados a inversiones del grupo que lideraba mi defendido. Se ha omitido hasta la fecha valorar lo actuado ante el Juzgado en lo Comercial N°30, donde tramita la quiebra de Hope Funds […] Llegamos hasta acá con una persona cuatro años y medio presa por un ‘relato’. Enrique Blaksley no perdió plata. Él perdió su casa y un auto, y dejó de ganar dinero. Pero él siempre dijo que, por esta causa, la plata la perdió la gente. Y se siente responsable por eso. En la acusación faltaron a la verdad. Las inversiones fueron reales. Todo fue real”, concluyó.

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