Se duplica el número de empresas españolas “desokupas” desde la pandemia

En España, la actividad de las empresas dedicadas a intermediar con inquilinos para que abandonen o desalojen una vivienda, comúnmente conocidas como “desokupas”, se ha incrementado desde la pandemia. Si en 2019 eran tres las que operaban en Madrid (Desokupa, Fueraokupas y Desokupa Express, alguna operativa desde 2014), ahora se contabilizan hasta nueve, con la incorporación de Desokupamos, Rekupera, Desokupa y Recupera, Servi-Okupas o Bastión Desokupación. Buena parte de este sector relativamente joven está rodeado de mala fama por sus prácticas agresivas. Consultados los datos del Ministerio del Interior, desde marzo de 2020 se han denunciado 76 casos de acoso inmobiliario en la región, aunque no se especifican cuántas denuncias están relacionadas con estas empresas.

Para captar a sus clientes arovechan la lentitud de los tribunales. Los principales usuarios de este tipo de servicios son las inmobiliarias que prefieren usar este sistema paralelo a la justicia sin interponer denuncia para evitar el decreto antidesahucios vigente.

Una de las últimas en aparecer es Bastión Desokupación, contratada por Clikalia este verano, una inmobiliaria de compraventa exprés de inmuebles. Estas últimas semanas varias familias de Usera, Carabanchel y Parla han recibido visitas de hombres vestidos de negro y fuerte complexión física, que actúan con plenos derechos de representación de la empresa, según ellos mismos afirman.

Daniela, nombre ficticio, de 44 años, ha sido víctima de sus actuaciones. Se instaló en 2018 con su marido y su bebé de entonces un año en su piso de Carabanchel firmando un contrato de alquiler que resultó ser falso. El dueño real del inmueble, un fondo de inversión vinculado a Bankia, terminó denunciando y hubo dos intentos de desalojo, el último el 27 de abril, que se paralizó por el decreto contra los desalojos que entró en vigor durante la pandemia.

Lo que parecía una solución en realidad agravó el problema. Su abogado le explicó que había sucedido lo peor: su piso había pasado de manos de Bankia/Caixa a Clikalia, tras haber comprado el inmueble a la entidad. La situación se volvió perversa: el actual propietario no reconoce la sentencia de paralización del desalojo. “Les da igual”, asegura Daniela. “Me dicen que puede ser falsa, que no se la creen”. Clikalia no ha denunciado ante los tribunales y ha decidido contratar a Bastión Desokupación para, al margen de la justicia, echar a Daniela y a su familia.

EL PAÍS ha intentado varias veces contactar con el equipo de la empresa de compraventa para hablar de la situación de estos pisos, anunciados en su web con el mensaje de “estar actualmente ocupados por terceros”, pero no ha obtenido respuesta. En el caso de Daniela, se acercaron a su domicilio el pasado mes de mayo varios comerciales a hablar con ella, sin llegar a un acuerdo, “pero en junio ya aparecieron los hombres de negro con las camisetas de Bastión”, relata.

Sentencia de abril

Daniela muestra varios mensajes de WhatsApp que le ha enviado José Bastión, el jefe de operaciones. La inquilina le mandó la sentencia de abril, en la que se dictamina que puede seguir en el domicilio hasta la finalización de la fecha de validez del decreto. El tono del audio de la respuesta es admonitorio: “Yo te pregunto: ¿no será mejor salir un poco antes de la vivienda, llegar a un acuerdo amistoso, con un pacto de ayuda habitacional que te demos, y no esperar a agosto para salir sin nada?”.

Esta conversación se produjo a mediados de julio, antes de que el Gobierno anunciara la extensión de la moratoria antidesalojos hasta finales de octubre. Las cuatro visitas que ha recibido del equipo de hombres de negro no han sido tan agradables como esos audios. Según explica, por escrito y en todo lo que deje constancia son amables, pero en persona y cuando no se graba, se vuelven más agresivos. Más al saber que Daniela es miembro activo de la Asamblea de Vivienda de Carabanchel: “Tú eres una mujer lista: no te voy a dejar vivir: voy a estar todos los días dándote por saco”, le dijeron en la puerta de su domicilio hace unos 20 días, según su versión.

Llamadas, visitas intempestivas y amenazas de bloquear los accesos han acabado por minar el aguante de Daniela, que, pese a que un juzgado ha decidido que puede quedarse, está valorando aceptar el dinero que le ofrecen por irse, €3000, y buscar otro sitio. Su marido trabaja en la construcción, aunque sin compromiso de continuidad, y no tienen ahorros para cubrir los gastos iniciales de un alquiler. Ella lleva siete años apuntada en las listas de solicitud de vivienda pública, tanto del Ayuntamiento (EMVS) como de la Comunidad (AVS).

Con la lentitud de la justicia como aliada

El reclamo de las empresas desokupas es común a todas ellas: en sus páginas web resaltan la lentitud de la justicia en resolver las denuncias por usurpación o conflictos de morosidad y se ofrecen como alternativa de mediación para que los propietarios recuperen los inmuebles con compromisos de solución de 24 hasta 72 horas máximo. Utilizan el lenguaje habitual del marketing para presentarse. “Contamos con un equipo multidisciplinario integrado por abogados, procuradores, mediadores y desocupadores o agentes de campo que actúan de manera coordinada”, se puede leer en una de estas páginas. Estos “agentes de campo” son, en su mayoría, exboxeadores, como se muestra en el espacio destinado a presentar los currículums de sus trabajadores.

La explicación de sus sistemas de mediación les permite ampararse en la legislación española: hablan de controles de acceso, esto es, la ocupación de zonas comunes, salidas y entradas con personal que impide acceder a las viviendas, de acuerdos de abandono pactados y firmados a través de la insistencia y la negociación de pagos que definen como “ayuda habitacional” o “intervención social”, siempre al margen de la actuación del sistema judicial.

A Laura, de 24 años y con tres hijos, se lo dejaron claro hace dos semanas en un mensaje de WhatsApp: “Yo no soy el Ayuntamiento para ofrecerte un alquiler social o dejarte vivir hasta la fecha del juicio, o te vas o te ponemos un perro en la puerta”. Llevan sin salir de casa desde el 1 de agosto, fecha de la última visita de Bastión Desokupación. Viven un piso de Usera que ocuparon a principios de junio, igualmente propiedad de Clikalia. Su familia cuenta con un presupuesto de 550 euros al mes, 340 de renta mínima de inserción más 200 euros de su pensión de orfandad. “Entretengo a los niños (de 6, 4 y 2 años) como puedo, y me paso el día mirando por la ventana y por la mirilla. Veo a un hombre con una mochila y creo que vienen a por nosotros”, asegura por teléfono. La última vez llamó al 091, pero no denunció. “Fueron muy amables conmigo, me dijeron que si vuelven a venir les llame de inmediato”. De momento, no han vuelto.

No es fácil contactar con estas empresas. Tras un correo electrónico en el que se les pide información sobre sus servicios, intentan no dejar nada por escrito. “Como usted puede comprender, estas cosas se tienen que hablar. Así escrito yo no sé con quién hablo, lo siento muchísimo”, es la respuesta de una de ellas. Otras insisten en mantener conversaciones telefónicas.

Las tarifas, según explican algunos responsables a portales inmobiliarios o blogs de empresas de alarmas, rondan los €2500 o €3000 por servicio.

Tampoco es fácil averiguar quién está detrás de cada una. Siguiendo el rastro que dejan al registrar los dominios de sus páginas web, algunas responden a cierta lógica, como Postlin SL, empresa de gestión de multas, o Conciencia y Respeto 1970, de servicios auxiliares de la propiedad y explotación inmobiliaria, o el Centro Fitness Cartagena, un gimnasio en Murcia. Otras sorprenden por la naturaleza de su actividad económica: es el caso de Soy Cotan Somos Cotan SL o Proximedia, agencias de publicidad, marketing y posicionamiento para pymes, o la inmobiliaria Sotavento que ofrece servicios en Madrid aunque los pisos y chalets que vende están ubicados en Levante.

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