Santiago de Compostela: el drama de los que necesitan alquilar para estudiar o trabajar en la ciudad pero las viviendas son solo para turistas

Cazar un piso de alquiler de larga duración en Santiago de Compostela, una de las principales ciudades universitarias de España, se ha convertido en una misión cara y casi imposible. La bula vaticana que ha permitido por primera vez en la historia duplicar el Año Xacobeo deja una capital gallega atestada de turistas y, al mismo tiempo, la eclosión de un problema contra el que ya se alertaba antes de la pandemia. El casco viejo se ha vaciado de vecinos y los caseros del resto de la urbe que aún no han convertido sus viviendas en turísticas encadenan subidas “históricas”, según las inmobiliarias. Pese a que las conexiones de transporte son precarias, trabajadores y estudiantes se ven obligados a emigrar a municipios limítrofes porque no encuentran techo o porque sus bolsillos no pueden afrontar tales precios.

El Ayuntamiento, las agencias inmobiliarias y los vecinos señalan al unísono a la proliferación de pisos de uso turístico como la causa del problema y reclaman una mayor regulación. Con 96.000 empadronados, Santiago es la ciudad gallega con más viviendas de este tipo: son un total de 900 según datos del consistorio. Algo más de 700 de ellas están inscritas en el registro oficial de la Xunta, pero solo una treintena cuentan con licencia municipal. El gobierno local ha ganado la batalla legal para poder exigir este permiso a todos estos negocios y ha cerrado ya medio centenar de esa inmensa mayoría que no lo tiene. Frente a esos 900 inmuebles destinados a alojar turistas, la Asociación Galega de Inmobiliarias cifra en unas 130 las casas disponibles para arrendamientos de larga duración.

El nuevo plan de ordenación urbana de Santiago, en proceso de aprobación, introduce limitaciones a estos establecimientos porque, en palabras de la concejala de Urbanismo, la socialista Mercedes Rosón, “están destrozando la ciudad”. “Para una localidad tan pequeña como Santiago es un problema muy gordo, más incluso que para Barcelona o Donosti, porque provoca un mayor nivel de tensión en un derecho constitucional como es el acceso a la vivienda”, explica Rosón. La avalancha de turistas es histórica y desborda los registros. Si en 2019 se batieron récords, la Xunta asegura que este año han recogido la compostela un 17% más de peregrinos, a los que hay que sumar los muchos que no completan este trámite. Sensores instalados en el Camino Francés dentro de un proyecto piloto apuntan a que la mitad de los caminantes llegan a Santiago esquivando las estadísticas porque no pasan a recoger la distinción.

Una decena de asociaciones de vecinos de la zona histórica y de otros barrios compostelanos como Vista Alegre, Choupana o San Pedro han firmado un manifiesto de apoyo a las medidas reguladoras que está impulsando el Ayuntamiento compostelano para poner coto a los pisos turísticos. Coinciden en que “la creciente carestía [de los alquileres] y el descenso de la oferta provoca la expulsión de personas que quieren vivir o estudiar en la ciudad”, lo que supone un “enorme perjuicio” para el futuro de Compostela y “su identidad histórica como ciudad estudiantil”. Según el portal Idealista, Santiago es la tercera ciudad gallega con los arrendamientos más caros por metro cuadrado, después de Vigo y A Coruña, pero en el último año les ha comido mucho terreno: mientras en la capital gallega las rentas han subido un 7,6%, en la primera de estas otras urbes los precios se han mantenido y en la segunda el incremento ha sido del 5,3%.

La preocupación se ha extendido de tal manera que hasta la Universidad de Santiago se ha unido a la Plataforma por la Regulación de las Viviendas Turísticas de Galicia, creada justo antes de estallar la pandemia por inmobiliarias, hoteleros y colectivos vecinales. “Hay estudiantes yéndose a Ames, Teo, Padrón o Negreira y en Ames y Teo han tenido que aumentar las frecuencias de los autobuses para que puedan llegar a clase. Los eramus cuando llegan ya no encuentran nada o se quedan en pisos con un umbral de calidad que las agencias no aceptamos”, explica Carlos Debasa, presidente de la Asociación Galega de Inmobiliarias.

Las inmobiliarias han detectado en el Xacobeo subidas de renta de €100 de un año para otro. Los inquilinos se ven obligados a renovar los contratos casi sin pensárselo porque son conscientes de que no van a encontrar alternativa. Debasa llama a “proteger Santiago para que sus habitantes puedan alquilar con precios y calidades razonables”: “Estamos a tiempo de corregirlo, pero como sigamos en esta espiral, nos convertiremos en Venecia y ya sabemos cómo acaba eso. Los peregrinos y turistas quieren ver vida autóctona, quieren conocer la ciudad, no un parque de atracciones”.

De este clamor se desmarcan los propietarios de viviendas de uso turístico. Dulcinea Aguín niega que Santiago esté sufriendo una indeseable “turistificación” y también que los pisos que se alquilan a visitantes por periodos cortos supongan un problema. “El problema es que la ciudad tiene 9000 pisos vacíos y lo que se quiere es tapar la nefasta política de vivienda de Santiago desde hace 30 años”, sentencia la presidenta de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia. Aguín sostiene que sus negocios ya están regulados por un decreto de la Xunta de 2017 y acusa al Ayuntamiento de emprender una “persecución” con el apoyo “interesado” de las agencias inmobiliarias. “Las inmobiliarias pierden negocio porque los servicios que aportaban antes los hacen ya los propietarios gracias a que se han formado y digitalizado”, esgrime. El casco histórico, añade, no se ha vaciado de vecinos por culpa del lucrativo negocio de los pisos turísticos sino por la falta de servicios como la wifi y las limitaciones “para poner ascensores, reformar viviendas o llegar en coche a la puerta”.

La concejala de Urbanismo rechaza estos argumentos. Apunta en primer lugar que, según los datos que maneja el Ayuntamiento por el consumo de agua, en la capital gallega hay unas 3500 viviendas vacías, no 9000. La regulación de la Xunta a la que alude la portavoz de los propietarios de pisos turísticos no es tal, defiende Mercedes Rosón. El decreto de 2017 por el que el Gobierno gallego creó un registro autonómico de estos establecimientos “solo generó confusión”, ya que los tribunales han sentenciado que la inscripción en este listado no es suficiente para poder abrir un negocio de este tipo, se necesita licencia municipal. “Nosotros no queremos prohibir estos pisos, queremos ordenar y regular”, insiste Rosón. Una de las medidas que prepara el Ayuntamiento es permitir que todos los caseros puedan ofrecer sus pisos a turistas un par de meses al año, para que así puedan compaginar esta actividad con el alquiler a estudiantes.

La asociación de agencias inmobiliarias asegura haber detectado un ligero incremento de los pisos que se ofrecen en alquiler de larga duración desde que el Ayuntamiento ha empezado a exigir licencia municipal a las viviendas de uso turísticos. Una encuesta entre sus socios calcula que en el último trimestre vecinos y estudiantes pueden arrendar entre 16 y 21 inmuebles más.

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