Obras privadas que beneficien al espacio público. En base a esa premisa, el Gobierno porteño busca lanzar una Convocatoria a Convenios Urbanísticos, en donde los desarrolladores privados podrán solicitar una modificación normativa para llevar a cabo sus proyectos a cambio de financiar obras públicas, mantenimiento de espacios de la Ciudad o la cobertura de gastos producidos por la pandemia de coronavirus.
“Los convenios son una herramienta que ya existe a nivel nacional. La innovación de esto es que ahora vamos a realizar una convocatoria abierta, con un protocolo a cumplir, en el cual se blanqueen estos acuerdo y propongan una contraprestación. Las ciudades de todo el mundo necesitan generar instrumentos de gestión que les permita proponer, al que proyecta y desarrolla la ciudad, ideas que estén por fuera de las normas generales. Por supuesto que no cualquier cosa y de cualquier manera, sino en base del código urbanístico”, explicó Alvaro García Resta, secretario de Desarrollo Urbano porteño, el área a través de la cual se canaliza el proyecto.
En líneas generales, los pedidos especiales que suelen realizar los privados son licencias morfológicas para construir a más altura o una mayor constructividad de metros cuadrados. En caso de que el proyecto no sea un perjuicio para los vecinos del barrio y, a cambio, ofrezca una contraprestación en obra pública (como plazas, donación de terrenos, etc), el mismo puede ser aprobado por el Ejecutivo porteño y posteriormente refrendado por la Legislatura.
Los proyectos con mayor prioridad serán aquellos que presenten ideas para los barrios de San Telmo, Monserrat, Constitución, Barracas, y La Boca, ya que “al sur de la Ciudad le falta infraestructura de usos y queremos ayudar donde hay mayor atraso en términos de equidad y equivalencia urbana”. Es decir, que si bien la construcción del privado puede encontrarse en el norte de la urbe, el beneficio para la ciudadanía deberá ubicarse en dichas zonas.
Un ejemplo ya realizado
Para el funcionario, el “mejor ejemplo” de este tipo de acuerdos es el caso de la Manzana 66, en Jujuy y Belgrano. Originalmente el predio era de dominio privado, pero los vecinos del barrio de Balvanera reclamaban una plaza en esa locación. Para solucionar el conflicto, el Gobierno de la ciudad permutó ese predio por uno en Saavedra, con una constructividad equivalente al valor de su parcela. “Así, el propietario se vio beneficiado de salir de un conflicto vecinal y la ciudadanía se vio beneficiada por un nuevo espacio público y verde, en un lugar donde hacía falta”, agregó García Resta en diálogo con LA NACION.
Los interesados podrán enviar sus propuestas de forma digital a partir del 1 de marzo y hasta el 30 de abril de 2021, a través de la sección Factibilidad de Convenios Urbanísticos dentro de la plataforma TAD. La convocatoria está abierta a propietarios, poseedores, superficiarios o tenedores de los terrenos donde se solicite el cambio normativo, así como también a organismos provinciales, municipales o del Estado Nacional; Universidades Nacionales y otras universidades con sede en la Ciudad.
Por su parte, los desarrolladores le dieron su vista buena al proyecto, aunque consideran que será lenta la aprobación y eso podría ser una desventaja. “Nos gusta la iniciativa, armaron un buen procedimiento, transparente. Es una buena manera de incentivar la construcción privada y, al mismo tiempo, lograr fondeo para obras públicas con recursos privados de los desarrolladores que se vean beneficiados con mayor o mejor edificabilidad”, consideró Damián Tabakman, presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU).
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