Media sanción al Presupuesto 2023: el sector inmobiliario, un paso más cerca de poder comprar departamentos usados con dinero blanqueado

Después de una sesión maratónica en el Congreso, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de Presupuesto 2023. De esta forma, avanza un casillero la posibilidad de que quienes sinceren dólares puedan comprar también propiedades usadas.

La opción de que el blanqueo de fondos también califique para la compra de inmuebles usados surge a partir de un artículo del proyecto de Presupuesto 2023, enviado por el Ministerio de Economía a la Cámara de Diputados. El texto incluye esta posibilidad pero en los inmuebles destinados únicamente como uso de vivienda propia o que se destinen al alquiler tradicional.

Con el visto bueno de Diputados y sin realizar modificaciones sobre el planteo original, el proyecto ahora pasará a la Cámara de Senadores hasta llegar a la votación definitiva y posterior reglamentación de la ley. Dado que normalmente es un proceso que se termina aprobando en diciembre, de ser así los interesados no podrían comprar una propiedad usada hasta el año que viene cuando se espera que esté reglamentada la norma.

Los puntos principales

En caso de que se apruebe sin modificaciones en Senadores, el proyecto establece que:

• El inmueble usado debe ser destinado a casa-habitación del declarante de los fondos y su familia y en el caso de destinarse a alquiler, el comprador debe mantener la propiedad por un plazo no inferior a 10 años.
• El valor de adquisición del inmueble no debe superar dos veces al mínimo no imponible de bienes personales para inmuebles con destino casa-habitación al 31 de diciembre del período fiscal inmediato anterior al de la adquisición. “Aún no conocemos cuál será el mínimo no imponible de 2022 porque hay que esperar que se conozca del IPC de octubre 2022 para compararlo con octubre 2021. Si estimamos que la variación interanual en un 70%, el valor del inmueble no podría superar los $106.800.000. Es decir, encuadrarán gran cantidad de inmuebles en la posibilidad de ser adquiridos”, señala contador tributarista Sebastián Domínguez.

Uno de los puntos más polémicos dentro de la iniciativa es que el proyecto no limita a que la persona no tenga otros inmuebles. En consecuencia, podría tener otras propiedades y comprar un inmueble usado donde podría mudarse. “Una cuestión que llama la atención del proyecto es que si la compra del inmueble usado es para alquilar con destino a casa-habitación, se exige mantenerlo por lo menos por 10 años con ese destino. En cambio, no hay un plazo temporal para quien lo destine para irse a vivir con su familia. Esto podría generar que alguien declare dinero, compre el inmueble, lo habite un año y luego lo venda. Sería una situación muy asimétrica con quien lo destina a alquiler”, reflexiona el tributarista.

Los plazos del blanqueo

La primera etapa para sincerar el dinero finaliza el 19 de noviembre, por lo que quienes quieran aprovechar el impuesto del 5% deberán hacerlo en las próximas semanas. “Se puede depositar el dinero, pagar la multa y dejar los fondos sin afectarlos porque este blanqueo amplió el plazo para invertirlos hasta fines del 2024, con lo cual el año que viene si podría comprar una propiedad usada”, detalla Domínguez.

En la segunda etapa que corre por 90 días corridos desde el 20 de noviembre hasta el 21 de febrero de 2023, la “multa” del blanqueo actual es del 10% y en la tercera que finaliza el 17 de agosto del año que viene la alícuota sobre el monto declarado aumenta a un 20%. Un punto clave es que los fondos depositados no se pueden utilizar para el pago de la multa (el impuesto especial del blanqueo).

La medida puede resultar fundamental para reactivar el golpeado mercado inmobiliario. Si bien las escrituras de la Ciudad de Buenos Aires el pasado septiembre registraron el monto más alto del año con 3161 operaciones de compraventa, aún se encuentra lejos de los máximos históricos de 2018. Además, con esta iniciativa el Gobierno espera que también sirva para bajar el precio de los alquileres ya que los nuevos contratos aumentaron un promedio de 86% en los últimos 12 meses y amenazan con subas interanuales de hasta tres dígitos hacia fin de año. Esta medida también podría influir en la oferta de alquileres, provocando un posible aumento en la cantidad de unidades ofrecidas, que hoy está en los niveles más bajos de los últimos 30 años, con poco más de 6000 propiedades publicadas en el país.

La oportunidad de comprar proyectos recién terminados

Tradicionalmente, el blanqueo para la construcción permitía destinar el dinero únicamente a la compra de departamentos en obras privadas en construcción con un grado de avance inferior al 50%. Este año se añadió la opción de invertir en aquellos proyectos que fueron aprobados para el blanqueo del año pasado. Dado que ya pasó casi un año y medio, algunos de estos ya fueron terminados o están por terminarse, con lo cual también es posible adquirir inmuebles a estrenar próximos a entregarse.

Esta segunda vuelta de la ley de blanqueo busca promover el desarrollo o inversión en proyectos inmobiliarios. “Esta ampliación de los destinos es positiva ya que no hay suficiente oferta de obras privadas nuevas para quienes quieren aprovechar el blanqueo y para reactivar el mercado inmobiliario que se encuentra afectado por la situación económica desde hace años”, opina Domínguez.

Desde el sector del mercado inmobiliario están expectantes a la espera de que la iniciativa prospere. “Mientras el blanqueo sea destinado a comprar un bien de la economía, siempre le hace bien, sobre todo entendiendo que los fondos que necesitan ser blanqueados son fruto de la inflación del país y no de malas actividades. Me parece justo que la gente que ganó plata legítimamente y en blanco la dejen participar con la compra de usados. Si la reglamentación se da de una forma simple y transparente me parece una medida que va a ayudar a continuar recuperando el mercado inmobiliario y a aumentar la oferta en el mercado locativo, aunque deberían retomarse las posibles modificaciones a la ley”, señala Martín Boquete, presidente de Toribio Achával.

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