El gobierno porteño desistió de la renovación y el aumento en la Ley de Plusvalía

Después de dos semanas en las que el sector inmobiliario levantó preocupaciones por el proyecto que modificaría la ley de Plusvalía Urbana, el gobierno porteño decidió ponerle una pausa al tema para “no generar incertidumbre en el sector en un momento tan difícil de la economía”, según comentaron fuentes oficiales en diálogo con LA NACION.

La decisión de no avanzar con el tratamiento del proyecto formalmente denominado “Ley de modificación del derecho para el desarrollo urbano y hábitat sustentable” surgió del trabajo en conjunto que los funcionarios mantuvieron desde octubre con las entidades del sector. Después de escuchar la intranquilidad de los representantes del rubro, las autoridades de la ciudad de Buenos Aires concluyeron que “el texto del proyecto no refleja el propósito buscado que es fomentar el mayor acceso a la vivienda, la generación de créditos y alternativas tendientes a fomentar el desarrollo urbano sostenible”.

La Ley de Plusvalía Urbana afecta a los emprendimientos inmobiliarios ubicados más próximos a las esquinas, que con el último cambio del Código Urbanístico en 2018 se les permitió construir más metros hasta igualar la altura de los edificios situados en los centros de las manzanas. Sobre este metraje adicional, se le cobra a las obras un porcentaje determinado por la zona en la que se construyen, que varía entre el 10% en la zona Sur hasta un 35% en la zona Norte. Sin embargo, el nuevo proyecto de ley proponía eliminar dicha alícuota y cobrarle a todas las áreas un 100% por igual, lo que se traducía en potencialmente multiplicar hasta diez veces el impuesto actual cobrado sobre el metraje extra. Esto podría implicar que los terrenos deprecien su valor para seguir siendo parte de la competencia ante la reticencia de los desarrolladores de aumentar sus costos o que se frene el mercado.

Si bien el gobierno de la Ciudad planeaba implementar esta medida con fines de incentivar la demanda de viviendas a través del crédito, esta idea sacudió a los desarrolladores quienes de pronto verían subir los costos de sus potenciales construcciones. En un contexto lleno de incertidumbre y presión por parte de las cámaras para evitar los aumentos, el Gobierno decidió no tratar el proyecto en la legislatura y fuentes oficiales dejaron en claro que, si se tratare más adelante el tema, “en ningún caso la normativa a tratar contemplará aumento de impuestos”.

Las autoridades porteñas “vieron que no había consenso y que el impacto que iba a generar la nueva ley iba a ser negativo tanto en recaudación como en nivel de actividad, por lo cual le quitaron impulso a la ley”, añadió Alan Schachter, arquitecto y consultor especialista en código urbanístico y mercado de tierras inmobiliarias.

Sin embargo, la suspensión del tema no se cancelará sino que llevará a los protagonistas a trabajar en un nuevo proyecto de ley durante los próximos meses de la mano de entidades relacionadas como la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), el Colegio Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), el Consejo Profesional de Ingeniería Civil (CEPIC), el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios (CUCICBA) y desarrolladores y profesionales independientes, entre otros.

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