Countries: Buenos Aires ya intimó a 102 barrios privados y sumará varios más
LA NACIONMaría Julieta Rumi
Tras la polémica que se generó por los dichos del gobernador Axel Kicillof, quien afirmó que los barrios privados "son prácticamente ocupaciones de tierra", ya que "no están habilitados ni pagan impuestos", la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) avanza sobre 230 de estos emprendimientos que se encuentran en "situación irregular" para el ente recaudador.
¿Qué significa eso? Que cuando ven el catastro, el terreno figura como baldío o tierra rural y por esas tipificaciones se recaudan menos impuestos que los que corresponderían, ya que a la tierra de country se le aplican otras alícuotas.
En diálogo con LA NACION, el titular de ARBA, Cristian Girard, explicó que en estos casos "no hay evasión fiscal", pero que los desarrolladores -que son los que abonan hasta que les pasan las partidas a los propietarios- "dilatan la recategorización como una estrategia" para pagar menos. "Es una puja entre el interés general de la recaudación y el interés particular del desarrollador. Pero desde 2018 tenemos la ley 15.038 que nos permite cambiar la tipificación, aunque el barrio no esté autorizado por la Provincia", aseguró.
En total hay 871 barrios cerrados en la provincia de Buenos Aires. Unos 568 se encuentran formalmente registrados ante la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial (DPOU) y tributan como countries, 73 no están formalmente habilitados, pero tributan como tierra en desarrollo en el marco de lo que establece la Ley 15.038; y 230 no están registrados formalmente ni pagan impuestos como barrio cerrado (la mayoría paga como tierra rural sin mejoras o tierra urbana).
De esos 230, 102 fueron intimados a que se avengan a cumplir con lo que establece la Ley 15.038 y tienen un plazo de 15 días para presentar un descargo o se aplicará de oficio el nuevo valor de la tierra en función del grado de desarrollo (10 ya presentaron un recurso); 67 serán intimados en los próximos días (ARBA está terminando de analizar cuál es el grado de desarrollo de esos emprendimientos para calcular el valor de la tierra en el marco de la ley); y 61 countries fueron detectados satelitalmente y serán fiscalizados de manera presencial para evaluar el grado de desarrollo.
Según Girard, lo que buscan es que los desarrolladores "paguen lo que corresponde" y por eso "desacoplaron la recaudación para evitar que la demora en la habilitación de los barrios les impida recaudar".
El mismo funcionario admitió que con el crecimiento de las urbanizaciones cerradas se generó una "bola de nieve", porque los desarrolladores salieron a vender con la autorización de los municipios que dieron luz verde a la rezonificación, pero sin los estudios de factibilidad.
"En un mundo ideal las autorizaciones de la Autoridad del Agua (ADA), la Autoridad Ambiental (OPDS) y la dirección territorial deberían haber estado antes, pero en muchos casos no se hicieron y eso dificulta la tarea de la Provincia, ya que es difícil hacer un análisis hacia atrás de impacto ambiental. Eso está en cabeza de la ministra de Gobierno María Teresa García. Trabajamos en coordinación, pero por otro carril con la posibilidad de aplicar de oficio el nuevo valor de la tierra", cerró.
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