La política de vivienda del próximo Gobierno tiene que ser verde o no es

¿Qué pueden tener en común los integrantes de Coldplay y sus 10 recitales en el estadio de River Plate y la celebración en la Ciudad de Buenos Aires de la Cumbre Mundial de Alcaldes de la red de ciudades? En ambos eventos hubo un mensaje unísono respecto a que el cambio climático es, sin dudas, el mayor reto que enfrenta el mundo en los próximos años. No conoce fronteras y mucho menos ideologías políticas y los países deben preparase de manera urgente para mitigar esos efectos.

En lo que refiere a nuestro país, la Argentina ratificó en 2016 el Acuerdo de París y se obligó así a cumplir con los compromisos asumidos allí enunciados, debiendo demostrar año a año cómo lleva a cabo acciones tendientes a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que producen el calentamiento global.

La política habitacional aparece entonces como una oportunidad enorme para generar un programa de gobierno activo y sustentable que permita reducir de manera drástica el consumo energético de nuestras viviendas. Máxime si tenemos en cuenta que, justamente, el 40% de la emisión de los gases de efecto invernadero lo produce la construcción.

En ese sentido, será preciso que un nuevo gobierno en 2023, retome y fortalezca aún más la agenda iniciada en 2016, incentivando el uso de distintas tecnologías renovables para desarrollar mejores sistemas de construcción sustentables, no solo para las viviendas sociales, que son aquellas en las que el Estado tiene directa injerencia, sino también, para las residenciales en general.

Es que los argentinos necesitamos generar un fuerte cambio cultural. No puede haber un plan de viviendas sociales más, ni un desarrollo urbanístico privado, en donde la activación del suelo y la infraestructura necesaria, no se conciban sobre una planificación sustentable que minimice el impacto ambiental que los mismos generan.

Vemos, sin embargo, cómo desde el censo de 2010 a la fecha, la mancha urbana de los grandes aglomerados ha crecido el doble que la población, sin infraestructura ni servicios, dejando una inmensa deuda de integración urbana para las generaciones futuras, que traerá aparejada una gran cantidad de pasivos ambientales con importantes consecuencias económicas.

La falta de agua potable y cloacas genera serios problemas sanitarios y tiene una gran incidencia sobre la mortalidad infantil. El propio Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), a través de un informe realizado sobre la base de los datos aportados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) correspondiente al primer semestre de 2022, da cuenta que la mitad de la población argentina no tiene acceso a alguno de los servicios básicos, agua corriente, cloacas o conexión a la red de gas; siendo necesario incrementar ocho veces el ritmo de acceso a la red pública de agua potable por encima del crecimiento poblacional para cubrir el acceso total.

Asimismo, el reporte presentado por el Banco Mundial sobre el clima y el desarrollo de nuestro país, alerta sobre como las constantes inestabilidades económicas han aumentado la pobreza e incrementado la vulnerabilidad de la población frente a los eventos climáticos y los riesgos de la transición verde. Y, como, a pesar del enorme potencial que tenemos en nuestro territorio para producir energía renovable, nuestra matriz energética primaria sigue estando dominada por los combustibles fósiles.

El Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), creado en 1972, sigue siendo una de las principales fuentes de financiamiento de la política habitacional en nuestro país y se financia hoy a través de la recaudación del impuesto a los combustibles (fósiles). ¿Será tiempo de empezar a pensar en otras alternativas renovables? Ciertamente que sí.

Hace falta, no solo desarrollar, sino, más bien, implementar una agenda verde a nivel nacional, provincial y municipal, que permita involucrar a todos los sectores y potenciar las acciones de promoción y difusión en todas las soluciones, tecnología y buenas prácticas existentes en nuestro país para instalar la sustentabilidad en todas las viviendas que existan a lo largo y ancho de nuestro país.

El consumo energético más eficiente es el que no se hace

Parece un imposible, pero podemos hacer obligatoria la incorporación de los distintos elementos de eficiencia energética que existen en todos los ámbitos de la construcción de viviendas. Sistemas de calefacción y refrigeración pasiva; sistemas solares y de reducción de absorción de calor; retardadores pluviales y jardines de lluvia; instalación de sistemas críticos para el funcionamiento del edificio en áreas no inundables; los reductores de caudal; recupero de aguas grises y tantas otras herramientas.

El objetivo tiene que ser reducir el consumo final del sector residencial, que representa hoy un 30% del consumo final de energía, para así contribuir de manera efectiva a mitigar los efectos del cambio climático y a lograr las metas de carbono neutral.

Algunas provincias ya han avanzado y han sancionado sus propias leyes de etiquetado de viviendas. Es el caso de Entre Ríos, Mendoza, Salta, Río Negro y Tucumán. Es un gran avance, pero es imperioso que el Congreso Nacional sancione alguno de los proyectos de Etiquetado de Eficiencia Energética de Viviendas, presentados por la Senadora Gladys González o el Diputado Maxi Ferraro.

Los desafíos para cualquier plataforma política van a estar dados por cómo logren incorporar la sustentabilidad, ya no como un cliché de campaña vacío, sino como un eje programático que incluya acciones serias y responsables que permitan incorporar a la misma, como parte inescindible y esencial de toda la política habitacional en su conjunto.

Las distintas cámaras del sector, desarrolladores urbanos, empresarios y trabajadores de la construcción, tienen también la responsabilidad de construir de manera sostenible y mutar la construcción residencial hacia el mercado de la construcción ecológica y sostenible.

El futuro de la vivienda tiene que ser verde o no será.

*El autor de la nota es Ex secretario de Vivienda de la Nación y responsable del Plan de Hábitat y Vivienda, de la Fundación Pensar

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