Tensión en Estados Unidos por el fin del congelamiento y el aumento de los desalojos

El 31 de julio venció en los Estados Unidos una moratoria del Gobierno federal que tenía por objetivo evitar los desalojos ante la falta de pago del alquiler, en una iniciativa tomada en el marco de la emergencia por la pandemia. El fin de la medida, el sábado a la medianoche, puso en vilo tanto al Congreso como al Ejecutivo, en una encrucijada que podría afectar a unos 43.3 millones de hogares y a la que, por ahora, parece difícil encontrarle salida política.

La presión sobre el presidente Joe Biden viene de ambos lados del tablero. Por un lado, el ala izquierda del Partido Demócrata presiona por una extensión de la moratoria y, por el otro, tanto el mercado, como republicanos y un número nada desdeñable de demócratas que sostienen que la moratoria ya no es necesaria y que continuarla podría ser profundamente dañino para el mercado de rentas. Se trata de un difícil equilibrio entre mostrarse atento y receptivo a las demandas de los inquilinos, promoviendo un alivio de corto plazo ante un escenario epidemiológico y de futuras restricciones que dista de ser claro, pero a la vez la certeza de que prolongar la medida podría dañar seriamente a la oferta y afectar los precios, algo peligroso en una sociedad dinámica y de mucha movilidad intra-estados como es la norteamericana.

Lo cierto es que por el momento la solución que encontró el presidente Biden es tirar la pelota hacia las administraciones estatales y el Congreso. Para limitar el impacto del fin de la moratoria, el Gobierno federal les pide públicamente a los estados que aceleren el reparto de miles de millones de dólares asignados a un fondo de emergencia de alquileres, pero que hasta el momento ha sido lento debido a un arduo proceso de verificación para evitar fraudes. Además, el Ejecutivo negocia con las administraciones locales para que apliquen sus propias extensiones de la moratoria, con la excusa de que no es la administración federal la que tiene la potestad de hacerlo. También han instruido a las agencias federales que activen prórrogas en aquellos complejos de viviendas subsidiados por el Estado, y piden a los jueces estatales que dilaten los juicios por desalojos en la mayor medida de lo posible.

Si bien el impasse llega después del vencimiento de la moratoria, parece evidente que la administración federal no tuvo ni la intención ni los votos para extenderla. El jueves de la semana pasada, sólo dos días antes del vencimiento, la Casa Blanca avisó que un fallo de la Corte Suprema le impedía actuar de forma unilateral y pasó el tema al Congreso, que debía aprobar una extensión en solo dos jornadas. El viernes, previsiblemente, la titular del bloque de representantes demócratas de la Cámara de Representantes (Diputados), Nancy Pelosi, le avisó al Presidente que sin los votos republicanos y tampoco el apoyo del ala moderada de su propio partido, la extensión por vía legislativa sería imposible. La falta de avances fue duramente criticada por los representantes demócratas menos alineados con la conducción nacional, algunos de los cuales incluso participaron junto a activistas en un acampe en las escaleras del Capitolio en protesta por el fin de la moratoria. “Le prometieron ayuda a la gente y esa ayuda no llega”, le dijo Cori Bush, representante por Missouri, al New York Times. “Es inentendible. Es shockeante. Es inconcebible. Es cruel. No podemos quedarnos sentados mientras la gente sufre”, protestó. Maxine Waters, demócrata de California y a cargo de la Comisión de Servicios Financieros, expresó: “Me hubiera gustado que el Presidente hubiera avanzado con la extensión de la moratoria. Tiene el poder para hacerlo. Tendría que haberlo hecho y que pase lo que tenga que pasar”.

La opción que se explora es aprobar una nueva moratoria que rija durante un mes, ya que la opción de extenderla hasta fin de año, como proponen los sectores más inflexibles, parece descartada. La medida aplicaría solamente a distritos que siguen con un nivel alto de casos de Covid-19. Sin embargo, sí crece la presión para que los estados aseguren una distribución de subsidios más expeditiva, ya que de los US$47.000 millones asignados, sólo se repartió el 7%, unos US$3000 millones. El ritmo, según la Casa Blanca, ha mejorado mucho, con unos US$1500 millones repartidos a 290.000 hogares solamente en junio.

Los propietarios, por su lado, alegan que la moratoria de desalojos viola las leyes de propiedad y niega el instrumento más eficaz para lidiar con inquilinos problemáticos. Por ejemplo, la semana pasada la Asociación Nacional de Departamentos, una poderosa cámara de dueños residenciales, demandó al Gobierno federal, sosteniendo que el congelamiento ya costó unos US$27.000 millones que no son cubiertos por la ayuda estatal. Se calcula que, en los Estados Unidos, se pagan unos US$485.000 millones en alquileres residenciales al año.

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